Hace ya más de un mes, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional cualquier definición de matrimonio que excluyera de esa figura a las parejas del mismo sexo, planteé en este mismo lugar mi opinión sobre el acontecimiento (La Suprema y el Matrimonio, junio 23 de 2015). Un amable lector de la Comunidad En Otro Canal, comentó lo siguiente en el portal electrónico: “El sacerdote católico Raúl Lugo habla de la Jurisprudencia de la Corte que permite el matrimonio igualitario en México. Interesante su punto de vista a contrapelo de lo que sostiene la Iglesia Católica”.
Agradezco, desde luego, el comentario del lector, pero creo que hay que hacer énfasis en que estamos metidos en un gran debate dentro de las iglesias con respecto al tema de la homosexualidad. Y no lo ve solamente quien no quiere verlo. Mi opinión es también opinión de iglesia, aunque no sea LA posición de la iglesia. La posición sobre la homosexualidad, calificada por algunos blogs conservadores como uno de los “irrenunciables” de la moral católica, no lo es en absoluto. Respecto a este tema no todos en la iglesia pensamos lo mismo y se necesitará tiempo antes de que las divergencias cada vez más amplias decanten en un nuevo consenso. No soy el único, sin embargo, que sostiene posiciones que disienten de la opinión mayoritaria. Por eso me ha parecido conveniente ofrecer el espacio de esta entrega a un artículo publicado en el periódico National Catholic Reporter. Como es de todos conocido, también la Suprema Corte de los Estados Unidos se ha manifestado en la misma línea a propósito del tema pero, además, ha decretado la obligatoriedad para la legislación de todos los estados de la Unión Americana de reconocer los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Aunque las circunstancias y los intereses de la cultura norteamericana (o como quiera que se califique al American Way of Life) son muy otros que los nuestros, aquí les comparto los consejos que un sacerdote ofrece a los obispos norteamericanos. Nada más para enriquecer la discusión.
Cómo deben responder los Obispos a la decisión de la Corte
sobre los matrimonios del mismo sexo
Thomas Reese S.J.
De frente a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de legalizar el matrimonio gay en todo el país, los obispos católicos norteamericanos necesitan llevar adelante una nueva estrategia. La lucha contra el matrimonio gay ha sido una pérdida de tiempo y de dinero. Los obispos deberían plantearse un nuevo conjunto de prioridades…y de abogados.
Algunos oponentes al matrimonio gay están llamando a la desobediencia civil, invitando a los oficiales del registro civil a ignorar la decisión de la Corte y a no realizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Otros están proponiendo una enmienda constitucional para revocar la decisión. Muchos han argumentado también que la decisión de la corte no eliminará la discusión sobre el asunto como tampoco la decisión Roe vs Wade lo ha hecho en el debate sobre el aborto (1)
En primer lugar, hay que dejar en claro lo que la decisión de la Corte no hace: no le pide a los ministros religiosos realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, ni les prohíbe predicar en contra del matrimonio gay. Estos derechos están protegidos por la quinta enmienda. La Corte ha dejado también claro que cualquier iglesia tiene la completa libertad para contratar o despedir ministros (o empleados) por el motivo que considere conveniente.
El estatus legal del matrimonio gay es similar al de los divorciados vueltos a casar. Divorciarse y volver a casarse es legal en todos los estados de la Unión Americana, pero si una iglesia está en contra de una nueva unión después del divorcio, sus ministros no están obligados a realizar tales uniones y sus predicadores pueden continuar hablando en contra del divorcio desde el púlpito. Si un ministro o ministra se divorcia, la iglesia puede despedirlo/a.
Esta analogía con el divorcio es adecuada. Los obispos actuales harían bien en fijarse en sus predecesores, que se opusieron a la legalización del divorcio y perdieron. Esos obispos terminaron aceptando eventualmente el divorcio como ley del país, aunque no permitieron un nuevo matrimonio sin un decreto de nulidad de sus iglesias.
El día de hoy, las instituciones católicas norteamericanas muy rara vez despiden empleados cuando se divorcian y se vuelven a casar. Divorciados y vueltos a casar son empleados en instituciones católicas y sus cónyuges gozan de los beneficios conyugales. Y nadie se escandaliza por esto. Nadie piensa que otorgar beneficios conyugales a empleados divorciados y vueltos a casar signifique un apoyo de la iglesia a su estilo de vida.
Si en el pasado, los obispos pudieron aceptar el divorcio civil como una ley del país ¿por qué no podría obrar de la misma manera el actual episcopado ante el matrimonio gay? Debido a toda la publicidad que se ha dado en los medios a la oposición de la iglesia al matrimonio gay, nadie pensaría que la iglesia lo está apoyando.
Es tiempo que los obispos admitan su derrota y sigan adelante. El matrimonio gay ha llegado para quedarse y como sabemos, eso no es el fin de la civilización.
Quienes comparan Hobergefell vs Hodges (2) con Roe v. Wade, no han dado una ojeada a los números de las encuestas. La población norteamericana ha permanecido polarizada por el aborto durante décadas, mientras que el apoyo al matrimonio gay no ha dejado de subir. No hay absolutamente ninguna posibilidad de una enmienda constitucional que eche atrás esta decisión. El matrimonio gay no es cuestión de vida o muerte. Puede ser que se convierta en una cuestión en este año de elecciones primarias republicanas, pero no es un asunto en litigio en la población considerada como un todo.
Ahora que el matrimonio gay ya es una ley nacional muchos obispos tienen miedo de que la siguiente batalla sea sobre la libertad religiosa de las personas que objeten el matrimonio gay. Es hora de ser absolutamente claros. En la moral católica no hay ningún mandato que le prohíba a un juez o a un empleado católico realizar bodas entre personas del mismo sexo. Ni tampoco hay ninguna obligación moral por parte de un empresario católico de negarse a ofrecer servicios de flores, comida, espacio y otros servicios en una boda entre personas del mismo sexo. Y debido a toda la controversia que se ha suscitado en los medios, los obispos necesitan aclarar muy bien que esto no implica un problema moral para los empleados gubernamentales católicos o para los empresarios católicos.
Volvamos a la argumentación: los jueces católicos han realizado matrimonios civiles para todos los solicitantes, incluyendo aquellos que se estaban casando en contra de las enseñanzas de la iglesia. Empresarios católicos han ofrecido servicios de todo tipo en bodas, incluyendo las de los católicos divorciados que se casan fuera de su iglesia. De manera similar, no hay ninguna cuestión moral para ellos si hacen lo mismo para las parejas gays.
La iglesia tiene una sofisticada doctrina moral que incluye la distinción entre cooperación material y cooperación formal y hasta la eliminación de la culpabilidad moral cuando una persona obra bajo compulsión. Puede ser que para otras religiones esto sea un asunto moral, pero no para los católicos. Y dada toda la retórica que ha rodeado esta discusión, los obispos necesitan ser absolutamente claros en esto en beneficio de los católicos escrupulosos.
Leyes antidiscriminación
Actualmente no hay ninguna ley federal que penalice la discriminación contra las personas gay en cuestión de empleo o vivienda, pero un creciente número de estados ha venido formulando estas leyes. ¿Deberán pelear los obispos en contra de este tipo de leyes por miedo al impacto que pudieran tener en las instituciones católicas?
La mejor estrategia para los obispos norteamericanos sería la de imitar a la iglesia mormona, que trabaja junto con los activistas gay para legislar en contra de la discriminación tanto en empleo como en vivienda en el estado de Utah. A cambio de este trabajo de apoyo por parte de la iglesia mormona, la comunidad gay está considerando aceptar excepciones para los Boy Scouts e instituciones mormonas como la Universidad Juvenil Brigham. John Wester, ahora arzobispo católico de Santa Fe, Nuevo México, apoyó esta legislación cuando era obispo de Salt Lake City.
Puede ser demasiado tarde en algunos estados para trabajar en conjunto con los activistas gay porque ellos ya tienen los votos que necesitan, pero en otros estados el apoyo de la iglesia a las leyes antidiscriminatorias puede hacer la diferencia para que sean aprobadas. De cualquier manera, dejar bien claro que la iglesia se opone a la discriminación contra la gente gay podría ayudar a curar la agria división entre la iglesia y los activistas de los derechos gays.
Sería posible apelar a los gays pragmáticos que reconocen que, políticamente, resultaría más inteligente para ellos ser generosos en la victoria. Oponerse pandilleramente a las iglesias podría hacer que perdieran sus objetivos primarios. Unas pocas excepciones son un precio pequeño para pagar el alcance de sus objetivos principales. No hay duda de que cuestiones de libertad religiosa se debatirán en el futuro, sea debido a las leyes antidiscriminación o a las ataduras provenientes del financiamiento gubernamental.
Por ejemplo, colegios católicos y universidades que proveen vivienda a los cónyuges tendrán que enfrentar la solicitud de vivienda conyugal por parte de parejas del mismo sexo. A menos que estas escuelas hubieran conseguido una excepción para ellas en la legislación antidiscriminación del estado, estarán obligados a proveerles de vivienda. Pero, dado que ofrecen vivienda a parejas casadas ilícitamente de acuerdo con la doctrina de la iglesia, nadie podrá decir que tal acceso a la vivienda pueda significar un apoyo a su estilo de vida. Y considerando toda la amplia vida sexual en curso que hay en colegios y universidades católicas, dar vivienda a una minoría gay que se ha comprometido de manera permanente el uno con el otro en matrimonio, difícilmente podría considerarse un gran escándalo.
Una segunda cuestión sería la de los beneficios conyugales para empleados/as gay en instituciones católicas, especialmente universidades y hospitales. De nuevo viene la analogía: estas instituciones conceden tales beneficios a los empleados divorciados y vueltos a casar. Y nadie considera esto como un escándalo. El hecho de que la iglesia considere el cuidado de la salud como un derecho debe ser el factor decisivo, no el género del o la cónyuge.
Finalmente, el aspecto más polémico a enfrentar es el de los hijos/as de parejas del mismo sexo. Felizmente, es claro para todos que tales niños/as deben ser bautizados y recibidos en las escuelas católicas. Pero los servicios católicos para la adopción han perdido el financiamiento público porque se han negado a destinar niños/as a parejas del mismo sexo, aun cuando estos deseaban orientar a tales parejas hacia otras agencias. Irónicamente estas agencias sí destinaban niños a personas gay solteras en el pasado, siguiendo la política “no preguntar, no decir” acerca de si estaban viviendo con alguien. Fue solamente las personas gay casadas las que fueron objetadas por los obispos.
Autoridades eclesiásticas, incluyendo el Papa, han argumentado que cada niño tiene derecho a tener una madre y un padre, infiriendo que sin una madre y un padre, los niños tendrían alguna clase de sufrimiento. Hay muchos problemas con esta posición. En primer lugar, esta posición pone en duda a los millones de madres y padres solteros que levantan heroicamente a sus hijos sin el apoyo de un cónyuge. En segundo lugar, hay una visión muy estrecha de la familia. La iglesia tradicionalmente ha reconocido la importancia de los tíos, tías y abuelos en la educación de los hijos. Hay presencia del otro sexo en la familia extensa de esos niños y niñas. En tercer lugar, frecuentemente, las parejas del mismo sexo adoptan niños/as que nadie más quiere… ¿estarán mejor estos niños/as creciendo en albergues u orfanatos?
Y, finalmente, no hay evidencia científica de que los hijos/as de parejas del mismo sexo sufran necesariamente como resultado de su educación. El estudio original que argumentaba que a los niños/as crecidos por parejas del mismo sexo no les iba tan bien como a los criados por parejas heterosexuales ha sido demostrado que es defectuoso. En una declaración (amicus curiae) de 2013, oponiéndose a la Ley de Defensa del Matrimonio, la Asociación Sociológica de América dijo: “La queja de que los padres del mismo sexo producen menos resultados positivos en los niños que los padres de distinto sexo –sea porque tales familias carecen de un padre o de una madre según el caso, o porque ambos padres no son los padres biológicos de sus hijos/as– contradice una abundante cantidad de estudios de las ciencias sociales”. En cambio, “el bienestar positivo de un niño es el producto de la estabilidad en las relaciones entre los dos padres, estabilidad en las relaciones entre los padres y el hijo, y suficientes recursos socioeconómicos de los padres”.
La Academia Americana de Pediatría se manifestó de acuerdo y apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo porque el matrimonio provee la estabilidad que los niños/as necesitan para sus vidas:
“Muchos estudios han demostrado que el bienestar de los niños/as se ve afectado mucho más por la relación con sus padres, por la competencia de los padres y la seguridad que inspiren y la presencia y apoyo social y económico que reciban más que por el género y la orientación sexual de sus padres. La falta de oportunidad de las parejas del mismo sexo de casarse abona el stress familiar, que afecta a la salud y el bienestar de todo el conjunto familiar. Y dado que el matrimonio fortalece a las familias y beneficia el desarrollo de los niños, ellos, los niños/as, no deberían ser privados de la oportunidad de que sus padres puedan casarse”.
De la misma manera que el Papa Francisco dependió del consenso científico cuando trató asuntos del medio ambiente, la iglesia debería también consultar lo mejor de la ciencia social antes de hacer afirmaciones tan radicales sobre los niños/as y sus familias.
Es tiempo de que los obispos norteamericanos hagan girar su eje hacia las prioridades de política pública articuladas por el Papa Francisco: cuidado de los más pobres y del medio ambiente y la promoción de la paz y la armonía interreligiosa. Con la férrea oposición a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo los obispos han logrado que los jóvenes consideren a la iglesia como una institución fanática con la que no quieren verse asociados. Como pastores, deberían estar hablando más acerca del amor y la compasión de Dios en lugar de seguir tratando de controlar la conducta sexual de la gente a través de las leyes.
Notas del traductor:
(1) El Caso Roe contra Wade o Roe v. Wade, es el nombre del caso judicial por el cual se legalizó en 1973, (por fallo dividido) el aborto inducido en Estados Unidos
(2) Obergefell v. Hodges fue un caso judicial en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el cual el tribunal falló que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser prohibido por la legislación estatal, por lo que estableció que los matrimonios de este tipo son válidos en todos los estados y deben poder celebrarse en todo el país, conforme lo prescribe la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia es del 26 de junio de 2015, el fallo se funda en otros tres procesos, Tanco v. Haslam (Tennessee), DeBoer v. Snyder (Míchigan), Bourke v. Beshear (Kentucky), que fueron iniciados a fin de que esos estados reconocieran el matrimonio igualitario.
(El P. Thomas Reese, sacerdote jesuita, es un analista mayor del periódico El Reportero Nacional Católico (NCR) y autor de “Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church”. Este texto ha sido tomado de su columna semanal Faith and Justice, correspondiente al 2 de julio de 2015. Para obviar las imperfecciones de esta traducción, puede consultarse el texto original en http://ncronline.org/blogs/faith-and-justice. )