Iglesia y Sociedad

La CODHEY, acusada penalmente

29 Ago , 2015  

Era bola cantada. Y aunque no me gusta usar el estribillo “se los dije”, en este caso es inevitable debido a todas las columnas dedicadas al tema en este espacio durante los últimos nueve años. Jorge Victoria Maldonado condujo a la CODHEY –que no ha sido nunca cabalmente, a pesar de las previsiones de ley, un organismo auténticamente ciudadanizado– a un nivel tal de frivolidad, de connivencia con los poderes gubernamentales y de irrelevancia social, que difícilmente podrá esta institución recuperarse de su paso devastador en el futuro cercano.

En el recuento de los daños no hay que dejar de considerar al Congreso de Estado (¡de tres legislaturas distintas y con la anuencia de todos los colores partidistas!) que avaló la ratificación del anterior Ombudsman para un segundo período, a pesar de dos juicios políticos que una decena de organizaciones interpusieron en su contra en distintos momentos y de la renuncia en bloque de tres de los Consejeros Ciudadanos del mismo organismo gubernamental, ocurrida en 2008.

Amparado en el apoyo de las organizaciones civiles más recalcitrantemente conservadoras, Jorge Victoria concluyó su segundo período como lo inició: a los pies del Ejecutivo. De Ivonne Ortega Pacheco afirmó que “ha encabezado un gobierno enteramente respetuoso de los derechos humanos” y a Rolando Zapata Bello lo proclamó “una persona convencida del valor superior de los derechos de todas y de todos. Que posee además una sólida formación ética personal y política; y eso, ya de entrada y como virtud de cualquier gobernante, se convierte en garantía de forjar un gobierno con prácticas permanentes de respeto por la dignidad de todas y de todos”. En cambio, al presentar el informe correspondiente a su gestión en 2012, omitió siquiera mencionar la golpiza propinada por golpeadores contratados por las autoridades municipales el 4 de julio de 2011. Mudo cuando se trata de víctimas; obsequioso cuando se trata de victimarios en el poder.

No voy aquí a repetir el listado de omisiones y negligencias de la CODHEY durante la gestión de Victoria Maldonado. Informes puntuales y periódicos sobre los nueve años de su desempeño pueden encontrarse en www.indignacion.org.mx. Acaso el más reciente análisis, realizado a la conclusión de su segundo período, sea un apretado resumen de la catástrofe que para la defensa de los derechos humanos significó la gestión que acaba de concluir. La presentación del informe es ya implacable: “En un extenso anexo, Indignación documenta la negligencia, la dilación, la omisión de ejercer facultades, la tolerancia frente a la tortura, la falta de publicidad de las recomendaciones, el encubrimiento de las autoridades de la actual gestión de la CODHEY… El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder, lo cual pervierte la naturaleza de la institución pública de Derechos Humanos, la corrompe y deja vulnerable a una ciudadanía ante los abusos de las autoridades”.

Una vez concluidos estos dos períodos que se antojaban interminables, el actual Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, comienza a cosechar lo sembrado. El escándalo suscitado por la denuncia conjunta del Oasis de san Juan de Dios y del equipo Indignación, muestra los niveles de corrupción a los que ha llegado la CODHEY en su funcionamiento. La denuncia pública (que puede consultarse en http://indignacion.org.mx/2015/08/18/grave-corrupcion-en-la-codhey/), que tiene ya su contraparte penal ante la Fiscalía General del Estado, es verdaderamente grave, sobre todo tomando en cuenta que la CODHEY es un organismo de fe pública: se trata de la falsificación de firmas realizada por funcionarios de la CODHEY en cuando menos dos casos, con la intención de mantener la impunidad de funcionarios públicos involucrados en ellos y permitir al anterior Ombudsman entregar la casa recién barrida y habiendo cerrado los expedientes particularmente molestos. En sendos casos, uno de acceso a medicamentos para personas con VIH/SIDA y otro por el fallecimiento de una paciente por descuido de los servicios públicos de salud, la CODHEY no tuvo empacho en mentir y, sin el mínimo cuidado (que hasta para mentir se necesita pericia), falsificó la firma de una testigo fallecida meses antes. ¡Sí!, émula de los viejos procedimientos electorales, la CODHEY hizo que firmara… ¡una muerta!

Seguramente, sabiendo cómo se cocinan las cosas en procuración de justicia en nuestro estado, haya quien apueste al olvido. No estén tan seguros: las pruebas presentadas son difícilmente refutables y las organizaciones demandantes, ambas indoblegables, se mueren de ganas, como Teseo en el laberinto, de enfrentarse al Minotauro con el objetivo de liberarse de la tiranía cretense. La atención pública sobre esta demanda tiene un ingrediente añadido: el actual Ombudsman fue Secretario Ejecutivo de la anterior administración de la CODHEY durante sus dos períodos de funcionamiento. Si no conocía de estos hechos de corrupción, malo. Si estaba enterado, peor. La limpieza que necesita la CODHEY para conquistar la credibilidad pública pasa por determinar quién sabía qué cosas y desde cuándo. Es la primera prueba de fuego del actual Presidente de la CODHEY.


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