Iglesia y Sociedad

En solidaridad con Ernesto Cardenal

El pasado 27 de agosto un amplio grupo de artesanos y artesanas de la madera, de la comisaría de Dzityá, dirigieron una carta a diversas autoridades del orden federal y estatal para solicitar la liberación de la madera que le fue asegurada a los talleres “Artesanías Dzityá” y “Artesanías Rosario”.

Es sabido que la comunidad de Dzityá, pueblo maya que administrativamente pertenece al municipio de Mérida, se caracteriza desde hace muchas generaciones por el trabajo artesanal que desarrollan en piedra y madera. Sólo talleres en los que se trabaja la madera, hay más de 20 en la comunidad. La principal madera que tradicionalmente se trabaja es la del guayacán. Ochenta artesanos trabajan directamente la madera beneficiando a sus familias y a otras familias que realizan actividades relacionadas con el tallado de madera: mecánicos torneros, soldadores, herreros, etc. Tanto el ayuntamiento de Mérida como el gobierno del estado, conocen a los artesanos y artesanas de Dzityá y los han apoyado en distintos momentos.

Por eso extraña que el 15 de agosto, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se presentaran sin previo aviso y determinaran el aseguramiento precautorio de piezas de madera en los dos talleres ya mencionados. Debido a esta medida, varios talleres más han suspendido sus actividades por temor a posibles acciones de la PROFEPA, de manera que los artesanos y sus familias están siendo afectados directamente.

Desde hace más de cien años se trabaja la madera del guayacán en la comisaría de Dzityá. Esta es la primera vez que autoridades federales ambientales realizan una acción de esta naturaleza. Hace apenas unas semanas terminó la feria artesanal “Tunich”, que ser realiza año con año en la comisaría con apoyo del Ayuntamiento. ¿Acaso las autoridades no sabían que buena parte de las piezas que ahí se exhibían y vendían eran de madera de guayacán? ¿Es correcto que la primera acción que la PROFEPA tomó haya sido una medida coercitiva, como si los artesanos y artesanas fueran delincuentes en lugar de obreros?

Hay una contradicción legal en este tipo de medidas. Por una parte, son los artesanos los primeros interesados en el respeto al medio ambiente, puesto que su oficio, y por ende su forma de vida y sustento, dependen de determinadas maderas, principalmente del guayacán. Son, pues, los principales interesados en hacer compatible su trabajo con las medidas de protección ambiental determinadas por las autoridades competentes. En ellos les va su propio sustento y el de sus familias. Se hubiera esperado entonces que la PROFEPA, en cumplimiento de las leyes de Equilibrio Ecológico y de Desarrollo Forestal, se hubiera acomedido para ofrecer asesoría, capacitación y planeación para lograr una adecuada complementación entre la labor artesanal y la protección al medio ambiente.

La intervención coercitiva de la PROFEPA, en cambio, lo único que logra es afectar a los artesanos, mientras omite realizar lo que la ley le manda: “Lograr que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o poseedores, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas” (Ley General de Desarrollo Forestal sustentable artículo 30)

Una arista más del problema es necesario resaltar. Dzityá es una comunidad en la que la elaboración de artesanías de madera y piedra forma parte de sus tradiciones, usos y costumbres que, como pueblo maya, han ido conservando a lo largo de los años. Probablemente la PROFEPA lo ignore, pero como integrantes del pueblo maya los artesanos y artesanas de Dzityá tienen derechos que resultan violados con las acciones de dicha procuraduría. Tienen razón en reclamar los artesanos que ni la PROFEPA ni ninguna otra instancia de gobierno federal, estatal o municipal, haya tenido un acercamiento para asesorarlos y establecer conjuntamente convenios o instrumentos que permitieran a los artesanos realizar su trabajo de manera compatible con los criterios establecidos por las normas ambientales, es decir fomentar el desarrollo socioeconómico sustentable, violando así por acción y omisión el artículo 23 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma vigente y suprema en nuestro país al haber sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen competencias y responsabilidades compartidas tanto en materia ecológica como en materia de desarrollo social. Hacen bien los artesanos de Dzityá al señalar que no existe justificación alguna que impida a los tres ámbitos de gobierno trabajar conjuntamente para solucionar a la brevedad posible este problema que está lesionando sus derechos como comunidad maya, sus derechos económicos sociales y culturales, su derecho a contar con un nivel digno de vida y que, además, está afectando a la industria de artesanías del estado. Ojalá la respuesta de las autoridades a las exigencias de la comunidad de Dzityá no sea solamente para resolver lo inmediato, la liberación de la madera asegurada, sino para poner bases firmes que hagan compatible la actividad industrial de los artesanos mayas de Dzitya con la protección al medio ambiente.

Colofón: Son doce los cadáveres encontrados. Doce las tragedias familiares que se esconden detrás de cada uno de ellos. Uno de los cuerpos pertenece a un niño tizimileño de 16 años, seguramente usuario de drogas o pequeño vendedor, carne de cañón en una guerra que no conoce la piedad. Insisten en que todos tenemos que poner nuestra parte en la corrección de este desolador panorama. Es cierto, con tal que no olvidemos que pagamos el sueldo de algunos funcionarios, que tienen nombres y apellidos, y que no han cumplido con su tarea. La policía tendrá que comenzar a hacer bien el trabajo que le corresponde: combatir el crimen en vez de incentivarlo con la corrupción. Hasta ahora lo ha hecho muy mal.

Se me ocurre, sin embargo, que una de las tareas de la sociedad en su conjunto puede ser combatir el atractivo que despierta el dinero fácil. Pero hay que hacerlo no sólo con consejos verbales, sino con integridad. Una señora, que sospechaba que su hijo estaba metido en malos pasos porque tenía un ritmo de gastos que su sueldo de empleado no podría permitirle, prefirió callarse porque el hijo, a la primera llamada de atención, dobló la ayuda mensual que entregaba en la casa. No hubo más regaños. El muchacho está en la cárcel y la madre está hoy convencida de que ella fue, en cierta medida, cómplice de la desgracia de su hijo. Y eso vale para todos los niveles, incluso en el de los grandes empresarios…