Iglesia y Sociedad

¿Cuánto tiempo más de impunidad?

20 Oct , 2008  

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Todos los que, con gran paciencia, han seguido esta columna desde que era publicada en papel impreso, han de recordar que en variadas ocasiones me he referido al ya viejo problema de las violaciones a los derechos humanos cometidos contra adolescentes que estaban confinados en la antigua Escuela Social de Menores Infractores (ESMI) en el año 2001.

Como las lectoras y lectores seguramente recordarán, la denuncia de dichas violaciones a los derechos humanos derivó en la recomendación 10/2002 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que dicha institución documentó los abusos cometidos contra niños, niñas y adolescentes por parte de la entonces directora, Dra. Rocío Martell, con la participación de otros funcionarios de la ESMI.

Las violaciones documentadas por la CNDH e imputadas a la entonces directora no son cuestión menor: obligaba a los niños a comer alimentos para cerdos, los golpeaba en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; los encerraba en celdas por lapsos de hasta 15 días; le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestía a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al Cereso de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control, sólo por mencionar algunas de las graves violaciones a la integridad física y psicológica cometidas en perjuicio de menores.

La recomendación de la CNDH dio lugar a la causa penal 22/2003. El proceso, que en algún momento llegó a parecer interminable, incluyó nuevas violaciones a los derechos de las y los adolescentes, como, por ejemplo, realizar careos que están expresamente desaconsejados por el derecho internacional relacionado con la infancia. Finalmente, seis años después de ocurridos los hechos, la Jueza Séptimo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del estado, emitió una sentencia (1942/2007) en la que dispuso sanciones muy por debajo de lo que ameritaba la gravedad del hecho, sin establecer medidas de reparación del daño, o lo que es lo mismo, fue una sentencia que no sirvió para nada porque no restituyó a las víctimas ninguno de sus derechos conculcados.

Y no solamente eso: la Jueza señaló, para defender una la sentencia que contenía penas tan bajas, que eran los niños, al provenir de familias disfuncionales y ser “agresivos e incorregibles”, los que generaban una situación de estrés a los funcionarios, lo cual justificaba los castigos que les eran impuestos. Lo nunca visto: la Jueza determinó que las víctimas fueron las responsables de los delitos cometidos en contra de ellos mismos… ¡Habráse visto tal estulticia!

Si ahora regreso una vez más a este caso, retrato clarísimo de cómo se administra la justicia en Yucatán, es porque una de las víctimas, lo mismo que la Procuraduría de Justicia del estado, presentaron un recurso de apelación contra tan vergonzosa sentencia desde agosto de 2007, es decir, hace ya más de un año cumplido. Eso quiere decir que los hechos atroces arriba referidos llevan cerca de diez años de haber sido cometidos sin que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia se digne resolver sobre dicha apelación. Es preocupante la posibilidad de que el Tribunal avale los criterios usados por la Jueza de primera instancia y minimice las violaciones cometidas contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los niños y las niñas.

Es por eso que el equipo Indignación A.C. está invitando a que se escriban cartas a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, como una acción solidaria que muestre el interés de la sociedad por el caso e impida que violaciones tan graves queden impunes y profundicen el deterioro de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en Yucatán.

Si usted, paciente lector y/o lectora de esta columna, quiere unirse a este esfuerzo, puede solicitar el formato de la acción solidaria a la dirección electrónica: indignacion@prodigy.net.mx

Colofón: Hay una ciudad donde el tiempo se detiene y la belleza permanece inmaculada; una ciudad donde se puede andar horas y horas jugando a perderse entre las callejuelas y plazoletas que la pueblan; una ciudad donde la enorme cantidad de idiomas que uno escucha mientras va caminando la hacen, paradójicamente, más ella misma, incambiable, peculiar, original, eterna; no en balde dicen que es el amor puesto en un espejo. Esa ciudad es Roma.

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One Response

  1. Rita Torres Guevara dice:

    Un ejemplo más de la manera como se hace justicia en los tribunales mexicanos. Es una vergüenza

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