Iglesia y Sociedad

Cuando uno cree haber visto todo, la implacable realidad se empeña en oscurecernos aún más el panorama. El quehacer político es la plataforma donde ocurren los hechos más insólitos. Y el Congreso del estado nos ha dado, una vez más, muestra de que hay funcionarios públicos que no tienen memoria ni vergüenza pública.

La construcción de organismos ciudadanizados ha sido una de las empresas que con más empeño han llevado adelante organizaciones de la sociedad civil interesadas en la democratización del país. Hablamos de las instituciones, en los niveles federal y estatal, encargadas de organizar los procesos electorales, las que garantizan el acceso a la información y las que defienden a los ciudadanos de las violaciones contra sus derechos humanos. Lamentablemente, esta titánica labor ha sido casi desmantelada por la partidocracia, que se reparte los puestos de los organismos ciudadanizados como si de cuotas mercantiles se tratara.

En el caso de la comisión pública de defensa de los derechos humanos de nuestro estado (CODHEY), el Congreso del estado, ya en sus últimas semanas de actuación, ha dado una muestra más de cuán poco le importa a los diputados y diputadas la existencia de una institución fuerte y autónoma que realice a cabalidad dicho trabajo.

La historia viene de muy atrás, pero me referiré solamente a sus momentos más recientes. Un grupo de 12 organizaciones civiles que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestra entidad presentaron ante el Congreso una demanda de juicio político contra el presidente de la CODHEY. En dicha demanda las organizaciones exponen una serie de irregularidades que confirman la negligente actuación del Ombudsman yucateco y la amenaza que significa que el estado no cuente con una organización pública independiente e imparcial que defienda a los ciudadanos contra los abusos de los poderes públicos, tal como lo mandata la Constitución del país.

Junto con esta demanda habría que mencionar también la renuncia en bloque de tres de los cuatro consejeros ciudadanos que, en su carta de renuncia hecha pública hacia fines de 2008, exhibían una serie de irregularidades en la administración, funcionamiento y eficacia de la CODHEY. Finalmente, sólo para no cansar a las y los lectores, habría que mencionar las reiteradas ocasiones en que el equipo Indignación A.C., uno de los doce grupos promoventes del juicio político contra el Ombudsman, ha publicado comunicados, boletines e informes exhaustivos en los que ha revelado la impericia, la dilación y la permanente, contumaz negligencia del titular del organismo público de derechos humanos.

Nada de eso parece haberle importado al Congreso del estado. De manera obstinada, los diputados y diputadas se han negado a hacer una revisión a fondo de la tarea del Ombudsman. A más de un año, ni siquiera han discutido la procedencia o no del juicio político. Con el descaro de quien navega con bandera de desentendido, el Congreso del estado ha incumplido con la obligación de “dictaminar a la brevedad” sobre la demanda de juicio político, como le ordena su propia ley y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

Llegado el momento de la renovación de la dirección de la CODHEY, el Congreso pretende reelegir al actual Ombudsman para un período más. En el colmo de la desfachatez, los diputados y diputadas siguen respondiendo más a los intereses de los partidos de los que provienen que a sus obligaciones con la democracia, con los derechos humanos y con las instituciones ciudadanas.

Y no se trata solamente de la fracción del PRI, a quien le resultará del todo conveniente un Ombudsman que protege a las autoridades y favorece la impunidad de los violadores de derechos humanos, ahora que han recuperado territorios políticos que habían perdido, sino también la fracción del PAN que, de manera harto incomprensible, han apoyado la reelección del discutido funcionario. Y digo “de manera harto incomprensible” porque es precisamente este partido el que denunció en el reciente proceso electoral posibles actos de tortura, antes los cuales el Ombudsman ha guardado un ominoso silencio. Extraño… ¿no les parece?

Aunque la determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debería sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos, tal como lo establecen los Principios de París, lo más probable es que la legislatura, en un deleznable acto de inconsciencia, ratifique al actual Ombudsman en su cargo por otros cuatro años más, a pesar de su deplorable actuación… o, si nos ponemos suspicaces, precisamente por ello.

Lo verdaderamente grave no es el descrédito mayúsculo en el que la legislatura terminará después de consumar la ratificación del Ombudsman, sino que la ciudadanía seguirá desprotegida y las autoridades violadoras de derechos humanos seguirán gozando de impunidad. Malos augurios…

Colofón: Hay quienes tienen esperanza de que en la sesión del pleno de mañana la decisión ratificatoria tomada en comisiones sea modificada. Yo hace tiempo que no creo en Santa Claus…