Esta semana se cumple un año del desplazamiento forzado, desde territorio guatemalteco hasta la orilla de la frontera con México, de la Comunidad Campesina en Resistencia “Nueva Esperanza”. Como he comentado ya en este mismo espacio, la comunidad de Nueva Esperanza, perteneciente al Municipio de la Libertad en el Departamento de El Petén Guatemala, fue desalojada de manera violenta el 23 de agosto de 2011. Desde entonces, sus habitantes han estado en una situación precaria que representa una verdadera emergencia humanitaria y la situación, como es fácil suponer, ha empeorado dramáticamente en el plazo de un año.
El desplazamiento forzado fue documentado por la Misión Civil de Observación que, del 19 al 21 de octubre de 2011, se hizo presente en la comunidad para revisar el estado de cosas y hacer pública la situación ante la opinión pública nacional e internacional. Conflictos como el de Nueva Esperanza, que pueden contarse por decenas en el vecino país, suelen pasar desapercibidos justamente por la condición de vulnerabilidad a la que están sometidos los pueblos afectados.
Es por eso que las organizaciones que visitaron la comunidad desplazada hace un año decidieron hacer una visita de seguimiento al cumplirse un año del violento desalojo. El 3 de Agosto de 2012, representantes de Indignación, el Centro PRO, CODEHUTAB, SERAPAZ, “La 72”, entre otras organizaciones, se hicieron presentes en el Campamento en Resistencia para documentar la situación actual y el estado del proceso de negociación que llevan con el gobierno guatemalteco.
El panorama no es nada halagüeño: la comunidad sigue careciendo de servicios básicos que garanticen condiciones dignas de vida; las negociaciones para que se resuelva la situación de la falta de acceso a tierras y la reubicación de las familias desalojadas no ha avanzado por el incumplimiento de las promesas del Estado guatemalteco, y existen graves violaciones a los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, colocando en una situación de mayor vulnerabilidad a las niñas, a los niños y a las mujeres embarazadas. Todo ello se enmarca en un contexto de militarización de la frontera entre México y Guatemala.
Entre el primer informe de la Misión Civil de Observación (puede verse el texto: “La frontera olvidada” en www.indignacion.org.mx) y esta segunda visita de seguimiento, han ocurrido sucesos lamentables. El 9 de enero de 2012, alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías Municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración.
Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones, las y los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos. 70 personas (45 niñas y niños, 14 hombres y 11 mujeres) fueron desalojadas violentamente en el operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración. Su estatus no les fue respetado cuando fueron capturados y lo cierto es que se les despojó de sus papeles migratorios, visas temporales y visas fronterizas. Muchas de las personas cruzaron la línea fronteriza hasta donde fueron perseguidos para ser detenidas en territorio guatemalteco, por los elementos mexicanos que también cruzaron la línea, incursionando ilegalmente a este país. En medio del operativo, las autoridades se llevaron los víveres y el maíz que la propia comunidad estaba cultivando para su consumo mientras amenazaba con volver para desmantelar el campamento. Actualmente, algunas personas víctimas de este desalojo forzado han vuelto al Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza y otras permanecen en el albergue de San Benito, en Guatemala.
La ayuda humanitaria que les ha sido negada sistemáticamente por ambos gobiernos, el de Guatemala y el de México, la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que permanecen en el Campamento y el hostigamiento a los representantes de la comunidad en las negociaciones con el gobierno guatemalteco y a los defensores y defensoras de derechos humanos que, desde este lado de la frontera, acompañan a las y los desplazados, terminan por configurar un panorama de alta conflictividad que deriva en la violación de varios derechos fundamentales para los habitantes de Nueva Esperanza.
Es por eso que la Misión de Observación Civil, en esta visita de seguimiento, hará público un informe sobre la situación actual de los desplazados, subrayando las violaciones a los derechos humanos de las que son objeto y las responsabilidades evadidas por los gobiernos de ambos países.
Este informe, sugerentemente titulado “Los invisibles de la frontera olvidada”, se dará a conocer a la prensa nacional e internacional el próximo lunes 27 de agosto, en el Distrito Federal y podrá consultarse en los portales electrónicos de las organizaciones involucradas inmediatamente después de su presentación a la prensa. Es un conflicto, opinarán algunos, que no es de nuestra incumbencia, porque pertenece a la agenda de un país vecino, que no es el nuestro. Hay quienes, sin embargo, opinamos junto con san Ernesto de la Higuera que “sentir profundamente cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo” es la cualidad más bella de un ser humano y que la solidaridad, sin exclusiones ni fronteras, es la fórmula que tienen los pueblos de construir otro mundo posible, en el que uno de los criterios de convivencia sea aprender a ponernos en los zapatos del otro, asumir sus sufrimientos, buscar juntos alternativas de resistencia.
Colofón: Lorca, que te quiero Lorca… el eterno pendiente… la próxima semana, júrolo, dedicaré el artículo a Federico. Hasta entonces.