Iglesia y Sociedad

El pasado viernes 28 de noviembre tuvo lugar un hecho inédito: tres de los cuatro consejeros ciudadanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) renunciaron a sus cargos. Las razones esgrimidas en la renuncia son de suma gravedad: una serie de irregularidades y omisiones habrían sido detectadas por los consejeros en la gestión del actual presidente de la CODHEY y denunciadas por ellos mismos en diversas ocasiones e instancias.

Documentos fueron y vinieron en el arco de los últimos diez meses. Los consejeros presentaron ante el presidente desde el 16 de enero un documento en el que expusieron las irregularidades descubiertas, irregularidades que representaban un serio obstáculo para que la CODHEY pudiera cumplir con los objetivos para los que fue creada, dejando a los habitantes del estado de Yucatán en estado de vulnerabilidad. Dicho documento fue ampliado el 27 de mayo. En ambas ocasiones la respuesta del ombudsman les pareció evasiva e insuficiente.

También legisladores/as del congreso local recibieron las denuncias de los consejeros. En dos reuniones, una en junio y otra en julio, los consejeros explicaron a detalle la gravedad de las faltas. El congreso prometió revisar los documentos y llamar después a los consejeros para darles respuesta. Nunca lo hicieron.

Después de estos intentos por corregir las cosas desde dentro de la institución, el paso final fue la renuncia pública. En el boletín de prensa en el que anunciaron su dimisión, los consejeros mencionan algunas de las irregularidades e inconsistencias que sustentan su decisión: señalaron “la dilación en los trámites de quejas, el esquema engorroso y burocrático al que tienen que enfrentarse los quejosos, la mala calidad del trabajo de investigación, el que se minimice las repercusiones sociales de las violaciones que se califican en una recomendación, las trasgresiones a la ley del INAIP y a convenciones internacionales al dar a conocer datos personales de los agraviados y/o testigos en las recomendaciones, la falta de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y el carácter impreciso e impersonal de las mismas, entre otras irregularidades que revelan falta de transparencia e información por parte de la CODHEY”.

No es la primera vez que la labor de la CODHEY ha sido puesta bajo cuestionamiento público. Desde octubre de 2007 la organización civil de derechos humanos Indignación A.C. había publicado un análisis de la gestión del actual presidente en el que señalaban graves irregularidades. También en este caso legisladores/as del congreso local tuvieron conocimiento de las denuncias contra la CODHEY.

En una reciente declaración, la primera reacción de un organismo civil frente a la renuncia de los consejeros, Indignación A.C. pone el dedo en la llaga. No se trata solamente de la impericia del actual ombudsman yucateco. La renuncia de los tres consejeros muestra la perversión a la que los diputados y diputadas han sometido el nombramiento del presidente de la CODHEY. Tanto los cargos de presidentes estatales, como el de presidente nacional de los organismos públicos de derechos humanos, han quedado reducidos, gracias a la mezquindad partidista de los legisladores, en moneda de cambio para el control de uno de los pocos organismos públicos ciudadanizados. Y luego se extrañan de que haya gente que mande al diablo a las instituciones…

La crisis en que ha quedado sumida la CODHEY tras la renuncia de los tres consejeros puede llevarla a un nivel de descrédito que ponga en riesgo su existencia misma. De ahí que se hayan levantado ya voces solicitando la renuncia de su titular, señalando también la responsabilidad que los legisladores tienen en esta crisis y en su posible solución.

Fuera de la renuncia no queda otra manera de remover al actual presidente de la CODHEY más que a través de un juicio político. Esta vía fue ya intentada con anterioridad en contra del primer responsable de la presidencia de la CODHEY, de triste memoria; en aquellos tiempos, sin embargo, la ley no incluía al ombudsman entre los sujetos a quienes pudiera aplicársele un juicio político, de manera que la solicitud presentada al congreso no prosperó. Una reforma a la ley ha permitido que en la actualidad el juicio político sí sea una vía pertinente para la remoción del presidente de la CODHEY. Falta, sin embargo, quien quiera ponerle el cascabel al gato, sobre todo dada la constitución de la actual legislatura y las muestras que diputados y diputadas han dado del escaso interés que este tema les despierta.

Ojalá se entienda a tiempo que el deterioro radical al que están sometidas algunas de las instituciones que debieran garantizar la protección del Estado hacia los ciudadanos y ciudadanas, no abona en absoluto para una salida pacífica de la crisis generalizada que vivimos en nuestro país. Un Estado que renuncia a sus deberes fundamentales es causa eficiente de violencia. Y cualquier chispa convierte el polovorín en un infierno.

Colofón: A más de 25 años de iniciada la pandemia del SIDA, ésta continúa siendo uno de los mayores retos para la humanidad. Los avances médicos van por su lado, afortunadamente, con éxitos no despreciables. El aspecto educativo, en cambio, no parece marchar al mismo ritmo. Desde hace muchos años sabemos que la prevención es una de las claves para la erradicación de la enfermedad. Por eso hay que seguir desmontando los prejuicios que sustentan la proliferación del virus.