Iglesia y Sociedad

El Ejército ¿en las calles o en el cuartel?

8 Dic , 2017  

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Desde el noticiero de una cadena televisiva de reciente funcionamiento, un presentador de noticias ampliamente conocido pontificó hace unos días afirmando que las personas y organizaciones que se oponen a la Ley de Seguridad Interior, que ha pasado de la Cámara de Diputados a su discusión en la Cámara de Senadores, eran solamente gritones, gente que se opone a todo, y que él percibía que la nueva ley solamente regulaba (y hasta disminuía) el papel del Ejército en las tareas de seguridad pública

Es bastante común que los encargados de leer las noticias en las emisiones informativas de radio y televisión se conviertan por arte de magia en analistas políticos. Hubo un tiempo en que hasta hacían programas de televisión en los que discutían los temas del momento, aunque tuvieran muy pocos espectadores. Eso no es de por sí malo y es, probablemente, inevitable. Pero que un presentador de noticias, en posesión de un micrófono privilegiado, llame a los grupos civiles ignorantes (ni siquiera han leído la ley, afirmó), es otra cosa.

Así que me he chutado todas las propuestas de ley que fueron presentadas. He revisado además la plataforma “Seguridad sin guerra”, que reúne los pronunciamientos y adhesiones en contra de esta ley que provienen de personas y organizaciones cuya seriedad avalo (algunas de ellas las conozco muy de cerca) y para quienes la acusación de gritones e ignorantes me parece una ofensa. Haría bien el comunicador en leer también algunos otros documentos que están disponibles en la red, como las 14 razones por las cuales la ONU se ha manifestado públicamente en contra de esta propuesta de Ley, a menos que ya las haya leído y la ONU haya quedado incluida entre aquellos que califica de ‘gritones’.

Yo pienso que no existe la ignorancia argumentada por el comunicador de marras. Las amenazas a la Ley de Seguridad Interior expuestas por las organizaciones civiles encuentran cabal sustento en los artículos de la Ley que deberá discutir el Senado en muy poco tiempo. Basta que el paciente lector y/o lectora de esta columna visite el portal electrónico www.seguridadsinguerra.org para que pueda constatarlo. Les pondré un ejemplo: Una de las denuncias de las organizaciones civiles es que la Ley “Fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil”, lo cual es fácilmente comprobable en el artículo 28 de la propuesta del PRI que fuera aprobada por la Cámara de Diputados: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior”.

Otro ejemplo es la denuncia que sostiene que “Las definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior”, lo cual se sustenta en el artículo 7, que dice: “Son amenazas a la Seguridad Interior, siempre que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, las siguientes:

I. Actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes;

II. Presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, tales como una emergencia ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país, y

III. Cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país. ” (Las negritas son mías, para que el lector/a vea que hasta sus peores pesadillas pueden tener acomodo en esta última ‘definición’).

Seguir con más ejemplos haría esta entrega tediosa e insufrible. Las personas interesadas en el detalle pueden remitirse al portal de seguridadsinguerra.org que he mencionado más arriba.

Lo fundamental de la discusión, sin embargo, sigue siendo si se regulariza o no el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de lo que comúnmente llamamos ‘combate a la delincuencia organizada’. Un consenso casi unánime, al menos en el discurso, es que la actuación de las Fuerzas Armadas debería ceñirse exclusivamente a lo que le manda el texto constitucional. De ahí debería derivarse, en buena lógica, que su participación en trabajos de seguridad pública ha de ser supletoria y el objetivo final debería ser que el ejército regresara a sus cuarteles en un plazo determinado de tiempo, y la ciudadanía pudiera ver resguardada su seguridad a partir de la actuación de cuerpos policíacos bien entrenados, una fiscalía eficaz y apegada a las leyes y un andamiaje judicial que garantizara la justicia expedita y evitara la impunidad.

Puede ser que, con razón, a muchos ciudadanos y ciudadanas tal expectativa les parezca utópica. Pero si la tarea de las leyes no es propiciar un lugar (topos) al proyecto ideal de país que queremos (u-topía), entonces no sirven de gran cosa.

Me adhiero, por esto, al posicionamiento de seguridadsinguerra.org, que en sus puntos medulares contiene lo siguiente:

(La Ley de Seguridad Interior) parte del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de las iniciativas presentadas contenían peligrosas ambigüedades y otorgaban atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

 

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

  1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
  2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
  3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
  4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
  5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

 

Coincido con las personas y organizaciones que se han cohesionado en torno a este pronunciamiento, en que la actual propuesta de ley que discutirá el senado permitirá a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Y eso, pienso yo, no va a ayudar nadita para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

 

Colofón: El miércoles 20 y jueves 21 de diciembre se hará presente en tierras yucatecas el Consejo Indígena de Gobierno, a través de su vocera Marichuy, para escuchar las demandas del pueblo maya peninsular y buscar caminos de mayor organización entre los pueblos originarios de nuestra patria. Les invito a estar pendientes…

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