La pesadilla duró cerca de diez años. El pasado 8 de abril de 2009, justo al inicio de un período vacacional para el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia emitió la sentencia final del conocido caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra niños y niñas de la Escuela Social de Menores Infractores (ESMI), y denunciadas por sus familiares desde el año 2001.
Cerca de un año después que el equipo de derechos humanos Indignación A.C. interpusiera la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta emitió la recomendación 10/2002 que documentó graves violaciones a derechos humanos cometidas por la entonces Directora de la ESMI, Dra. Rocío Martel, ante la complacencia y complicidad de otros funcionarios de la institución.
En numerosas ocasiones he referido en esta misma columna las vejaciones de que fueron objeto los niños y niñas de la ESMI. Si las repito ahora no es por un prurito morboso, sino para que nunca olvidemos de lo que es capaz el abuso de poder, para que aquilatemos el sufrimiento que han llevado por muchos años sobre sus hombros (y, probablemente seguirán llevando) los niños y niñas agredidos, pero –sobre todo– para que nos aseguremos de que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir nunca más.
La CNDH documentó en su recomendación que funcionarios de la ESMI, bajo el mando de la Dra. Martel, obligaban a los niños a comer alimento para cerdos, los golpeaban en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos y los encerraban en celdas por lapsos de hasta 15 días. La CNDH también documentó que la entonces directora le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestía a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al CERESO de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control.
No obstante la gravedad de los hechos documentados, los órganos encargados de procurar y administrar justicia se llevaron seis años en llegar a una sentencia, en un proceso plagado de irregularidades que puntualmente dio a conocer a la opinión pública el equipo Indignación A.C. El resultado del trabajo de la juez séptimo, Rubí González Alpuche, no pudo ser más decepcionante: en su sentencia de agosto de 2007 no solamente fijó una pena irrisoria a las únicas dos personas a las que encontró culpables (la Dra. Martel, 3 años de prisión, y al chofer Martín Antonio Espínola Escalante, un mes, absolviendo a otros diez ex funcionarios implicados), conmutables por 19 mil pesos en el primer caso y por 555 pesos en el segundo, sino que pretendió justificar la sentencia bajo el argumento de que “llegar a esos excesos, fue con una clara intención de hacer recapacitar a los menores (…) considerados ‘menores incorregibles’ (…) provenientes de familias totalmente disfuncionales”.
A pesar de que las y los adolescentes habían enfrentado un largo y desgastante proceso, la sentencia dejó un grado tan alto de insatisfacción, que, ofreciendo un ejemplo de valor, una de las agraviadas, acompañada del equipo Indignación A.C., decidió interponer el recurso de apelación por la reparación del daño e instar al Ministerio Público a apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, proceso que se prolongó por casi dos años y que ha resultado en la sentencia final que prevé un aumento de 11 meses en la pena impuesta contra la ex directora de dicho centro, Rocío Martel López, con lo que queda confirmada su responsabilidad.
Estos son, pues, los números vergonzosos de la justicia “pronta y expedita” para los niños y niñas de la ESMI cuyos derechos fueron violados: un proceso que abarcó más de ocho años, tres gobiernos estatales involucrados (Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco), y una sentencia que llega casi diez años después de que se cometieron los hechos, ocho años después de que se denunció ante la CNDH, seis años después de que inició el proceso penal y a casi dos de que se presentó la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
Aunque, a juicio del equipo Indignación A.C., la sentencia no refleja la gravedad de los agravios cometidos contra las y los entonces adolescentes, no todo son malas noticias. No solamente ha quedado confirmada la culpabilidad de la ex funcionaria, sino que de este largo proceso han surgido algunos elementos que serán de mucha utilidad para futuros procesos de defensa de derechos humanos contra los abusos del poder público.
Un primer elemento es que no recordamos que en alguna otra ocasión, en la sentencia de un caso de violación a los derechos humanos, se haya incluido el concepto de reparación moral del daño. Es cierto que 10 mil pesos para cada uno de los niños y niñas denunciantes aparece como una cifra insuficiente, que no alcanza ni siquiera a costear un tratamiento psicológico que les permitiría superar las secuelas de los sufrimientos que padecieron, sin embargo, la inclusión de tal concepto sienta un precedente en materia de derechos humanos en el estado de Yucatán, lo que debe considerarse una victoria, tanto de los denunciantes, como de las organizaciones nacionales que se unieron a esta exigencia ante el Tribunal Superior de Justicia: Infancia Común, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y la Red por los derechos de la infancia.
Un segundo elemento digno de llamar la atención es que, aunque el aumento de la sentencia fue solamente de once meses, el Tribunal Superior de Justicia determinó que tal sanción no podrá ser sustituida por dinero sino, únicamente, por setecientas doce jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en los términos que fije el Ejecutivo del Estado. Grave responsabilidad tiene la gobernadora del estado, ya que de ella dependerá fijar cuál será el trabajo a favor de la comunidad por el que la ex directora podrá conmutar su sentencia. Seremos muchos y muchas quienes estaremos pendientes de su decisión. Será una buena oportunidad para medir su compromiso en el combate contra la impunidad, uno de los cánceres que mina nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Finalmente, aunque la dilación haya sido el signo bajo el cual transcurrió todo este largo proceso judicial, no deja de ser alentador que una demanda ciudadana, llevada adelante gracias a la resistencia de los agraviados, pertenecientes a un grupo en especial situación de vulnerabilidad como son los niños y las niñas, haya logrado evitar la impunidad de la ex funcionaria que, en ejercicio de sus tareas, abusó de su poder y cometió los delitos por los que, finalmente, resultó inculpada.
Colofón: Se estará presentando en fechas próximas en el Centro Cultural Olimpo la pieza teatral, “Guerrero en mi estudio”, escrita y dirigida por José Ramón Enriquez. Quienes tengan la oportunidad de asistir, además de presenciar un espléndido trabajo actoral de la compañía “Teatro hacia el margen A.C.”, podrán tener acceso a la esperpéntica visión del dramaturgo sobre la cuestión, permanentemente abierta, del único caso de mestizaje deseado que nos reporta la historia de la invasión europea de finales del siglo XV.