Iglesia y Sociedad

Libertad y justicia para Atenco

4 May , 2009  

Esta entrada ha sido leída 3614veces

He cumplido al pie de la letra todas las disposiciones de la actual alerta sanitaria. No entiendo gran cosa del funcionamiento de los virus (y poco de nuevo he aprendido a pesar de la aburrida andanada pseudo-informativa de los medios comerciales) pero he debido confiar en la opinión de aquellos que se supone que sí saben. Lo solicitado al público, a fin de cuentas, (lavarse las manos con frecuencia, no saludar de beso o mano, no acudir a lugares con aglomeración de personas) no era gran cosa y cuando algunos empresarios comenzaron a quejarse por tener que cerrar sus negocios, mi prurito antiempresarial, así, a bote pronto, me hizo ver con agrado las medidas.

No obstante lo anterior, no he dejado de darme cuenta que –como siempre sucede– hay gente que se aprovecha de este tipo de acontecimientos inesperados y de la manera como atrapan la atención mediática. No es casual que los legisladores federales hayan terminado sus discusiones sobre la reforma a los sistemas de seguridad pública, que representa una amenaza a la vigencia de los derechos y libertades individuales y que consagra estados de excepción que se antojan francamente anticonstitucionales, justo en los días en que la alerta sanitaria ocupaba todas las planas de los periódicos. Nadie vio, nadie supo. Ninguna discusión pública, ninguna protesta. Bendita influenza.

Es por eso que, a contra corriente, quiero hoy recordar un aniversario que avergüenza a nuestro país y a sus autoridades. El día 3 de mayo de 2006 en el Municipio de Texcoco, Estado de México, elementos de la fuerza pública del Gobierno reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores, que previamente habían acordado con la autoridad municipal el permiso para que se instalaran en las afueras del mercado a comercializar sus productos. En apoyo de los trabajadores, habían acudido diversos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales también fueron atacados y encarcelados.

Con el propósito de lograr la liberación de los detenidos durante la intervención emprendida por la Policía Estatal, los habitantes del Municipio de San Salvador Atenco iniciaron diversas acciones de apoyo. En las primeras horas del día 4 de mayo de 2006, una fuerza integrada por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva, Militar, Judicial del Estado y Municipal de Texcoco, inició un operativo en contra de los habitantes de Atenco y pueblos vecinos, realizando detenciones masivas, allanamientos de viviendas, e infringiendo a los detenidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con vergüenza recordamos el saldo final de los operativos: cientos de personas fueron detenidas sin respeto a sus garantías, dos jóvenes, Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea Hernández, de 19, fueron asesinados. Especial humillación sufrieron las mujeres de Atenco, convertidas por unas fuerzas del ‘orden’ fuera de todo control en el botín de guerra del operativo: muchas de ellas fueron violadas y torturadas física y psicológicamente. De todo ello hay abundantes testimonios gráficos y acusaciones formales rendidas ante el Ministerio Público.

Convertido en un escándalo que rebasó las fronteras del Estado mexicano, muchas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, emitieron sus recomendaciones. Tanto el gobierno de Vicente Fox, como el de Felipe Calderón, han hecho caso omiso de ellas. Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia, en una de sus más discutidas decisiones, determinó que en el operativo de Atenco se violaron flagrantemente los derechos humanos de cientos de ciudadanos, pero omitió señalar culpables y todo quedó en una especie de regaño infructuoso. Los responsables de tales hechos continúan sin castigo.

Las organizaciones de derechos humanos se han encargado de colocar los acontecimientos de Atenco en su justa dimensión. No se trata de una acción casual y aislada, sino que responde a un patrón estratégico destinado a proteger megaproyectos transnacionales, que implica una ofensiva de los órganos de seguridad, ejército y policías, y que criminaliza la protesta social, con el fin de eliminar la disidencia interna. Así, los encargados del orden defienden los intereses del gran capital, mientras que numerosas organizaciones populares son perseguidas y reprimidas en México.

Atenco no es sólo el recuerdo oprobioso de una represión orquestada y realizada por quienes tienen como función defender a los ciudadanos en lugar de agredirlos. Es un asunto del presente porque continúan impunes los funcionarios que intervinieron en el brutal operativo y porque permanecen en la cárcel 12 personas con penas que van de los 31 años de prisión, como en los casos de Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales, y también penas de 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad, como ocurre con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Otros, como América del Valle y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos. Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra, y otros, sencillos y humildes pobladores; algunos incluso, nunca habían participado en ningún movimiento social.

Firmada por más de 100 organizaciones, colectivos, redes y movimientos de 17 estados del país y 6 naciones y encabezada por las firmas de decenas de personalidades del arte, la ciencia y la religión, ha surgido una campaña internacional por la liberación de los 12 presos, que solicita la revocación de las injustas sentencias, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos y perseguidos y el juicio a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos.

Entre las personalidades religiosas firmantes están Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; Fray Miguel Concha Malo, fraile dominico, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez; el Comité Monseñor Romero, entre otras entidades de inspiración cristiana. Las y los artistas Ofelia Medina, Manu Chao, Julieta Egurrola, Francisco Toledo, Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho, Demián y Odiseo Bichir, entre otros. Destacan también periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa y Luis Hernández Navarro; académicos y escritores como Adolfo Gilly, Carlos Montemayor, Luis Villoro y Paco Ignacio Taibo II…

Desde este rincón del sureste mexicano, en permanente lucha contra el olvido y la desmemoria, esta columna apoya la campaña “Libertad y Justicia para Atenco”. La influenza ha resultado un conveniente amnésico para muchos comentaristas. No para esta columna.

Esta entrada ha sido leída 3614veces


One Response

  1. lupita palomo dice:

    la influenza no solo ataca las vias respiratorias de los funcionarios publicos sino tambien la memoria, que pena y que triste que haci como se preocupan por estar informados y buscar una mejor solucion para cuidar la salud (que esta muiy bien)asi debería preocuparse y ocuparse de esas personas que estan injustamente presas pero ya todos sabemos como son nuestras leyes y nuestro gobierno los problemas y las necesidades de nuestra gente humilde y necesitada no les interesa solamente cuando estan en campañas politicas, prometen que cuidaran y vigilaran que todo sera justo (puras habladurias) cuanta gente inocente se encuentra privada de su libertad y el gobierno y legisladores bien gracias. Ojala y que este movimiento que se a formado y que lucha por la libertad de esas personas que injustamente estan presas puedan ser escuchados

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: