Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, en el que deberán elegirse los cargos de presidente de la república, gobernador, senadores, diputados locales y federales y alcaldes. Para Yucatán se trata de la renovación de prácticamente todas las cabezas de la función pública. Y, sin embargo, no deja uno de tener la impresión de que se juega bastante poco en las elecciones.
Me explico. El margen de decisiones del poder político está cada vez más acotado. El proceso de acumulación de los capitales no pasa ya por la identidad de los Estados nacionales, sino que se desarrolla a través de las llamadas compañías multinacionales, capitales sin país ni rostro, cuyo único fin es la maximización de ganancias.
La lógica de la operación de las multinacionales y de su impune actuación en los países es la siguiente: consiguen poder económico, político, cultural y jurídico. Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América, de la organización Paz con Dignidad, lo explica de manera muy clara en un vídeo que el amable lector y lectora podrán encontrar en la liga que coloco al final de este artículo. Tomo alguna de sus ideas.
Poder económico: A nivel de ingresos, las 10 principales compañías multinacionales tienen el mismo ingreso que más de 130 países juntos, de los considerados de menor ingreso de PIB. Este simple hecho evidencia una asimetría radical de la relación entre las compañías y los países. Cuando una compañía decide entrar a un país e invertir en él su poder económico y, por tanto, de presión puede ser enorme.
Poder político: Su capacidad económica coloca a las transnacionales en posición de tener una enorme influencia en la conducción política de cualquier país. Y no hablo aquí solamente de los llamados países del Tercer Mundo o países subdesarrollados. Hay evidencias del poder con el que las transnacionales han operado para hacer aprobar en el parlamente europeo proyectos de ley diseñados y confeccionados por ellas mismas y que, tras una superficial revisión, quedan aprobadas como leyes. Un fenómeno que muestra con mayor claridad aún el poder político de las transnacionales es el de la puerta giratoria. Erika González lo explica así: “Veamos el sector energético… En la Unión Europea, ministros y presidentes han pasado a formar parte de los consejos de administración de las empresas generadoras de energía y ocurre lo mismo de vuelta: de las empresas llegan funcionarios para incrustarse en puestos políticos de influencia… esta puerta giratoria termina en la diplomacia económica: el gobierno establece sus relaciones internacionales en base a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales… la diplomacia no es ya para blindar la defensa de los derechos humanos en el trato entre países, sino para blindar los intereses de las corporaciones”.
Poder cultural: Las multinacionales crean imaginarios en los que la población y los medios terminan por considerarlos agentes indispensables para el ‘desarrollo’: sin la actividad de las empresas transnacionales no existiría desarrollo y sin éste no hay progreso posible.
Poder jurídico: Las empresas transnacionales no pueden legislar, pero sus intereses quedan blindados a través de los tratados comerciales y/o acuerdos de inversión bilateral que crean una normativa internacional muy severa. Las empresas pueden emplazar a juicio a un Estado nacional, pero no viceversa. Son herramientas que solo sirven a las multinacionales, de manera que ningún Estado puede demandar a una empresa ante un Tribunal de Arbitraje Internacional. Lo mismo puede decirse de los planes de reformas estructurales, impuestos a los países por las multinacionales a través de los bancos a su servicio, como en Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se trata de una auténtica “Lex Mercatoria”, que protege los intereses de las compañías por encima de los derechos de las poblaciones de los Estados nacionales.
No resulta extraño, pues, que el derecho internacional de los derechos humanos sea normativamente tan endeble y, en cambio, las leyes comerciales sean exigidas siempre de manera perentoria. Como es de imaginar, son los intereses de las empresas los que están garantizados en esta legislación comercial, no sus obligaciones, que no pueden ser exigidas por ningún gobierno en virtud de los tratados firmados. A lo más que llegan es a la mentada responsabilidad social de las empresas, que es voluntaria y, por tanto, no exigible. Se trata de maximizar beneficios: obtener el mayor nivel de lucro en el menor tiempo posible, aunque esto ocurra en base a la precarización de la fuerza de trabajo y al a extenuación de los ecosistemas. No es que la actividad de las empresas tenga como consecuencia la violación de los derechos humanos y la depredación del medio ambiente, sino que el origen mismo de los beneficios que reciben las empresas se enraízan en este tipo de impactos.
El video que les sugiero al final de estas líneas contiene no solamente este diagnóstico general que les he resumido en pocos renglones, sino ofrece algunas propuestas de modificación de la situación. Eso le quedará de tarea a quien le interese. Yo he traído esto a colación en relación con el proceso electoral que se avecina. Me despierta dos reflexiones que comparto ahora con ustedes:
En mi perspectiva, no son las elecciones o los partidos políticos el enemigo, sino el sistema capitalista de acumulación. Si dentro del proceso electoral hay alguna opción política que represente un paso, así sea mínimo, en la dirección del combate a este sistema de muerte, será decisión de las y los votantes.
Colofón: Me dicen, al consultar el artículo antes de su publicación, que el enemigo no es el capitalismo, sino el capitalismo patriarcal. Y es cierto. A ello (y al argüende de la “ideología de género”) dedicaré una próxima colaboración.
Link:
https://vimeo.com/193851169?ref=em-share