Iglesia y Sociedad

Las medias verdades del gobierno campechano

7 Sep , 2009  

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Hace tres días, el viernes pasado, más de dos semanas después de que las familias que conforman el pueblo de san Antonio Ebulá fueran expulsadas violentamente del territorio que ocuparon por más de cuarenta años, el gobierno del estado de Campeche hace público un manifiesto en el que, al fin, dice una palabra en torno al caso que ha ocupado a prensa local y nacional durante una veintena de días.

En dicho documento, hecho público una vez que los pobladores de san Antonio Ebulá anunciaron su decisión de retornar a su territorio, el gobierno del estado de Campeche dice muchas medias verdades y omite información que bien conoce, pero que prefiere no mencionar pretendiendo mantener una posición de supuesta imparcialidad.

Mencionaré, para no cansar a los amables lectores y lectoras de esta columna, solamente algunas de las omisiones y medias verdades más relevantes del manifiesto del gobierno campechano. Dice el escrito que la problemática generada en san Antonio Ebulá “se viene atendiendo ante diversas instancias gubernamentales, tanto estatales como federales, desde el año 1989. No se ha constatado algún registro anterior que haga referencia a la misma”. Media verdad ésta cuyo propósito es sembrar en el lector la impresión de que san Antonio Ebulá sólo existiría desde esa fecha, cuando los pobladores tienen testimonios de su permanencia en el lugar desde 1968. Como si la existencia de un pueblo pudiera decretarse solamente cuando éste presenta o enfrenta alguna querella judicial.

Dice el gobierno de Campeche que, enterado del diferendo entre pobladores de Ebulá y el empresario Escalante, realizó una investigación y enumera las acciones legales llevadas al cabo por el empresario, pero omite decir que el 27 de mayo de este mismo año, el Tribunal Colegiado de Distrito resolvió un amparo indirecto promovido por los ebuleños, emitiendo una sentencia favorable a los pobladores y ordenando reponer todo el procedimiento por considerar que dolosamente se habían retirado papeles del expediente. El Juez de Distrito tendrá que resolver por estos días, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Colegiado. Sin embargo, a los pobladores les quedaría aún la posibilidad de interponer el recurso del amparo directo contra una sentencia que declarase la inexistencia del poblado. En pocas palabras, el gobierno del estado omite decir en su manifiesto que existe un juicio agrario en el que no hay sentencia definitiva, razón por la cual es ilegal cualquier tipo de desalojo.

La decisión del Tribunal muestra cómo las influencias del terrateniente alcanzaron viciar el proceso. Por si esto fuera poco, Escalante realizó un desalojo violento, destruyendo seis casas, justo el 26 de mayo de 2009, es decir, ¡un día antes de que la sentencia del Tribunal se diera a conocer! Una sospechosa casualidad que el documento del gobierno campechano ignora olímpicamente.

Dice el gobierno campechano que “ha procurado resolver la problemática en comento, a través de la mediación entre las partes”. Llama mediación al favorecimiento descarado hacia el terrateniente y a la sordera sistemática hacia las denuncias y reclamos de los ciudadanos y ciudadanas cuyas propiedades fueron destruidas, en una serie de reuniones en las que, con tácticas dilatorias, procuró cansar y desgastar a los desplazados. Nadie me lo cuenta: soy testigo presencial.

Lo que el documento gubernamental no dice –con un cinismo de antología– es lo que el país entero sabe: que el 13 de agosto, estando pendiente un juicio de posesión de tierras, una de las partes involucradas, sin orden judicial y a través de golpeadores contratados ex profeso, arrasó propiedades, taló árboles, lastimó personas, robó animales, todos ellos delitos tipificados en las leyes, mientras que la policía que depende del Ejecutivo del estado no solamente lo permitió, sino que protegió y apoyó al agresor mientras delinquía. Para el gobierno de Campeche todos estos delitos, conocidos hoy por todo el país, simplemente no existen o no merecen ser incluidos en su “imparcial” manifiesto. La lista de por qués publicada por el equipo Indignación A.C. y comentada incluso en el periódico nacional “La Jornada”, en artículo de Hermann Bellinghausen, queda aún sin respuesta.

No obstante los esfuerzos del gobierno del estado por cansarlos y quebrarlos, los pobladores de Ebulá mantienen su decisión de retornar a su territorio. Se ha conformado una Misión Civil de Paz para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá. Delegaciones de decenas de organizaciones civiles se harán presentes el próximo martes 8 de septiembre para acompañar el retorno de los pobladores de san Antonio Ebulá al territorio del que fueron violentamente desplazados.

Desde hace ya cerca de una semana, dichas organizaciones han solicitado medidas cautelares al gobernador del Estado de Campeche, Lic. Jorge Carlos Hurtado Valdés, al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al representante de la OACNUDH, Dr. Alberto Brunori y a los titulares de la CNDH, Dr. José Luis Soberanos y Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, de la CEDHEC, para que, según la competencia propia de cada institución, realicen las gestiones que les corresponden para garantizar seguridad en el retorno que los habitantes de San Antonio Ebulá, así como para que se tomen todas las medidas de seguridad, pues existe un alto riesgo de que se puedan generar situaciones de agresión por parte de los grupos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante. Se le ha solicitado también que se garantice a los pobladores de Ebulá las condiciones adecuadas para que puedan reconstruir su pueblo. Para ello es indispensable que: a) La garantía de que habiendo retornado no se generará ninguna situación posterior de violencia, agresión o despojo en su contra; b) Se restituyan las condiciones en las que se encontraban los pobladores antes del violento desalojo, es decir, escuela, atención médica, etc.

El momento ha llegado. Se espera que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Misión Civil de Paz inhiba cualquier intento de violencia en el retorno de los habitantes de Ebulá. Grave responsabilidad tiene el gobierno del estado en esta hora de riesgo. Tendrá que decidir, ante el escrutinio de medios locales y nacionales, si cumple su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de san Antonio Ebulá o si quiere mantenerse como defensor de delincuentes. Porque aunque el documento del gobierno campechano prefiera omitirlo, el empresario Escalante ha delinquido, dado que la destrucción generada por la incursión violenta de sus sicarios, no puede ser considerada una acción legal y mucho menos legítima. Y a los que delinquen se les llama delincuentes, aunque permanezcan hasta hoy en la impunidad que el mismo gobierno les garantiza.

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2 Responses

  1. Maru Noguez dice:

    Acabo de leer. El´retorno debió de haber sido ayer, ojalá sin problemas…
    Yo no sabia nada, llevaba tiempo sin leer su columna por tener una inmensa cantidad de trabajo en mi universidad. Leo también eso de que es necesario estar alli abajo para darse cuenta.
    ¿Cómo se puede apoyar a este pueblo desde lejos y en otra realidad?
    Se me ocurre tambien que hay que pasar un tiempo con una organización como Indignación para darse cuenta de las realidades, decisiones y acciones necesarias y apoyar ¿se podrá? o mas bien ¿podré yo?
    Yo los apoyo de convicción pero virtualmente¿se vale?

  2. Ricardo Pech George dice:

    Ojala pronto se resuelva este conflicto, que se defiendan los derechos de esas personas y que se haga justicia en cada desicion que se tome por las autoridades. Saludos.

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