Iglesia y Sociedad

Elecciones con tortura

25 May , 2010  

Esta entrada ha sido leída 3217veces

Hemos vivido y sufrido un proceso electoral más. A lo largo de toda la campaña no tuvimos una sola exposición de programas, ni un solo debate y las promesas de candidatas y candidatos se parecían más a cuentos infantiles que a verdaderos compromisos. De nuevo, como la clase política nos tiene ya acostumbrados, las cuestiones importantes y urgentes que preocupan a la sociedad fueron dejadas de lado. Un aspecto que debe ser fundamental para el desarrollo de individuos y comunidades, y que continúa prácticamente ausente del debate político, es el tema de la protección y promoción de los derechos humanos.

Respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos no es un lujo sino una obligación que hay que cumplir en todo momento en virtud de leyes nacionales, regionales e internacionales. Existe una clara obligación de los gobiernos de prevenir y castigar cualquier abuso cometido por parte de agentes del Estado o responder a conductas de particulares que impidan el pleno ejercicio de los derechos humanos. Pero las obligaciones no terminan aquí. Los gobiernos tienen también obligaciones de promover y hacer cumplir todos los derechos humanos. Es decir, deben tomar medidas inmediatas y progresivas para asegurar que todas las personas gocen de una vida libre de discriminación, con pleno acceso a la justicia, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, al agua y al trabajo.

Traigo a colación todo esto porque es una mala, pero muy mala noticia, que dos denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas durante el proceso electoral, no hayan sido todavía castigadas con todo el peso de la ley. Sobre todo tratándose de una violación tan grave como la tortura, práctica combatida por toda la legislación internacional, nacional y local, pero que las autoridades yucatecas se pasan por el arco del triunfo y, más aún, pretenden justificarla acusando a las personas torturadas de delitos que no se creen ni ellas mismas.

A propósito de la gravedad de las acusaciones y de la nula actuación, tanto de los órganos del estado como de la comisión pública encargada de la defensa de los derechos humanos, el equipo Indignación A.C. publicó un boletín en el que, con energía, llama al esclarecimiento del delito de tortura y la sanción a sus responsables. Van ahora algunos de los párrafos más destacados del comunicado que puede encontrarse en su versión completa en el portal electrónico del equipo (www.indignacion.org.mx):

“Una violación a los derechos humanos tan grave como lo es la tortura ameritaría una pronta exposición pública por parte del Ombudsman señalando, en su caso, a los responsables. Los responsables no son únicamente, por supuesto, quienes directamente hubiesen participado en la comisión de este crimen sino también, y sobre todo, los encargados de la Procuración de Justicia en Yucatán… En cualquier lugar del mundo civilizado y comprometido con los derechos humanos, los responsables habrían sido removidos de su puesto inmediatamente y ya estarían siendo investigados…

La tortura es un crimen de lesa humanidad, una práctica deleznable, inaceptable. La tortura nos agravia a todas y todos como sociedad… En Yucatán nos costó un enorme trabajo y demasiado tiempo lograr que se tipificara la tortura como delito en el código penal. Autoridades y diputados de otro tiempo se negaban a reconocer como delito este crimen. Autoridades y diputados actuales toleran hoy estos agravios: la tortura y la inacción de la Comisión Pública de Derechos Humanos…”

El caso que se ha ventilado más ampliamente en algunos medios es el de José Melquiades Guadalupe Tzab Pech. Una brevísima cronología de los hechos puede servir para aquilatar las dimensiones del caso:

El C. José Melquiades Guadalupe Tzab Pech, originario de Dzemul, pero vecino de Maní y Oxkutzcab llegó cerca de las 4 de la tarde a votar en su pueblo natal. Luego de sufragar lo intentó detener una camioneta de la policía estatal, sin ninguna explicación y mucho menos una orden de aprehensión. Debido a la intervención de vecinos y amigos, llegó la policía municipal y fue retirado del lugar y trasladado para su custodia a Palacio.

Cerca de 30 minutos después llegó un contingente del grupo ROCA, agentes de la policía judicial y camionetas antimotines. Irrumpieron en la sede del gobierno municipal con lujo de violencia, golpeando a policías municipales, al secretario y síndico municipal y al asesor jurídico para llevarse al Tzab Pech. Ya detenido, lo mantuvieron incomunicado y lo golpearon. Fue hasta el lunes al mediodía que los familiares tuvieron noticia de que se hallaba en los separos de la SSP. Vencido el plazo de la detención preventiva, fue trasladado al CERESO y fue acusado de robo con violencia realizado en el centro de Dzemul, aunque quien sufrió el supuesto robo no se ha presentado a ratificar la denuncia. El caso se ventila bajo el expediente 192/2010 en el juzgado tercero.

Que, sin informar a la ciudadanía de las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos de tortura, se pretenda ahora “juzgar” al detenido acusándolo de robo, despertaría hilaridad si no fuera porque la experiencia nos enseña que los guardianes del orden y los que procuran y administran la justicia en nuestro estado, parecen dedicarse con cada vez mayor desfachatez a cubrirse a sí mismos en lugar de buscar el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los verdaderos responsables. Estaremos al pendiente del caso.

Esta entrada ha sido leída 3217veces


2 Responses

  1. No hay vuelta atrás, tendremo que ver, vivir y sufrir los nuevos tiempos de opresion que se acercan, magnificados ante el egoismo de los politicos y la idolatria hacia la gobernadora

  2. Jorge Rubio dice:

    Desgraciadamente la política en nuestro país está muy mal manejada los partidos políticos solkamente se pelean entre si en lugar de apoyarse y todos buscan intereses particulares, con el objetivo de salir triunfadores son capaces de hacer cualquier cosa.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: