Iglesia y Sociedad

Hace apenas un mes, el 3 de mayo pasado, daba yo la noticia aquí del premio nacional de derechos humanos “Sergio Méndez Arceo”, que fue concedido a Sara López y sus compañeros, prisioneros de conciencia, recluidos en el CERESO de Kobén, Campeche, debido a lucha que llevan adelante en contra de las altas tarifas de energía eléctrica.

Mencionaba yo en esa entrega que desde noviembre de 2008 Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja habían sido acusados por la CFE de “privación ilegal de la libertad” de un funcionario público e “impedimento para la realización de un servicio público”, cuando en realidad el funcionario les había acompañado a supervisar la reconexión del servicio.

Debido a esa acusación Sara López fue detenida el 10 de julio de 2009, junto con su esposo Joaquín, don Guadalupe Borja y dos integrantes del más del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria. Señalaba yo, por último, que la detención de los activistas mostraba el grado de complicidad de la Procuraduría General de la República con la CFE, debido a que, a pesar de que en enero de 2010 un magistrado federal había determinado que la evidencia contra los detenidos era insustancial por lo que tenían que reclasificarse los delitos o ser puestos en libertad inmediata, la PGR seguía insistiendo en obstaculizar la liberación apelando dicha resolución ante el Tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo cuarto circuito, con sede en Mérida, Yucatán.

Pues bien, después de once meses de prisión, los activistas de Candelaria han sido puestos en libertad. El Tribunal Colegiado terminó confirmando la determinación del magistrado federal y reclasificó el delito, de manera que los presos de conciencia pudieron obtener la libertad bajo fianza y ahora continuarán enfrentando en libertad el proceso que la PGR insiste en esgrimir contra ellos para criminalizar la lucha social que han desarrollado en Candelaria, Campeche, para defender sus derechos y denunciar los abusos que la CFE comete en contra de la precaria economía de sus familias. El caso no está cerrado y sobre los activistas pesa la amenaza de un nuevo auto de formal prisión contra el que tendrán que ampararse. Por eso la organización Amnistía Internacional ha instado a la PGR a revisar inmediata e imparcialmente la acusación y las pruebas presentadas contra los tres para que se acabe este proceso infundado e injusto, exigencia a la que este humilde articulista se une.

La noticia de la liberación de Sara y sus compañeros es motivo de gran alegría. No solamente porque los luchadores sociales podrán ahora reunirse con sus familias y defender sus derechos sin los obstáculos añadidos por el encarcelamiento, sino porque este caso se une a otros más (particularmente los casos de las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta, que estuvieron cuatro años recluidas en un penal del Altiplano debido a una acusación parecida, la de haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida AFI, y que recientemente fueron también liberadas) que van mostrando la sinrazón de un gobierno que utiliza la procuración y administración de justicia no para defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sino para amedrentar a quienes manifiesten algún desacuerdo con las políticas gubernamentales y desactivar cualquier foco de protesta en contra de funcionarios gubernamentales. En Yucatán, hemos tenido recientemente una muestra de tal utilización facciosa de los órganos de justicia con los amañados enjuiciamientos de algunas víctimas del pasado proceso electoral, procesos en los que, a decir de las víctimas, los encargados del orden habrían recurrido al ominoso delito de tortura. Por eso la liberación de Sara y sus compañeros es noticia de resonancia para todos.

Porque hasta las mentiras oficiales mejor montadas terminan cayendo si la atención solidaria de la sociedad civil no quita el dedo del renglón. Así fue en el caso de don Ricardo Ucán, así fue con las indígenas otomíes a que he hecho referencia, así será, no me cabe duda, con los activistas de Candelaria recientemente liberados.

Son contados los medios de comunicación que reparan en estas, para ellos, nimiedades. La mayor parte de ellos no se han dado por enterados de la liberación de Sara y sus compañeros. ¿Qué importancia pueden tener tres personas que padecían cárcel en una oscura mazmorra del penal de Kobén? ¿Dónde queda Kobén?… Para quienes, en cambio, pensamos que el cambio radical que necesitamos, tanto en la manera de gobernar como en las estructuras económicas y sociales que padecemos, vendrá de un esfuerzo múltiple de organización de los movimientos sociales de abajo y a la izquierda, la salida de Sara, Joaquín y Guadalupe son una muy buena noticia y augurio de lo que una lucha justa puede ir alcanzando a pesar de la obstinada criminalización con que el gobierno intenta desactivar los incontables focos de inconformidad que se extienden a lo largo y ancho de todo el país.

El silencio distraído de muchos medios de comunicación me recuerda lo que una investigadora de la historia me comentó después de revisar las publicaciones periódicas de los primeros días del mes de noviembre de 1910 en la capital mexicana: casi todos los periódicos hablaban de los edificios recientemente inaugurados por el sistema porfirista. Confiados en la permanencia de don Porfirio en la silla presidencial y su control absoluto, hubo muy pocos que supieron leer los entretelones de la historia. La revolución les estalló sorpresivamente algunos días después.

Colofón: Era bola cantada. El presidente de la CODHEY ha sido ratificado en su cargo. A pesar de la exposición en tribuna por parte de una diputada de las inconformidades manifestadas y documentadas por diversas organizaciones civiles, los legisladores/as confirmaron al funcionario. Y después de quejan de que la gente ya no vaya a votar…

Colofón 2: ¿Con qué cara se manifiesta el gobierno federal en contra del ataque israelí a la flota humanitaria que llevaba ayuda a Gaza, después de lo que pasó (¡y sigue pasando!) en Copala, Oaxaca? A eso se llama caradura…