Iglesia y Sociedad

En solidaridad con Cayetano y los huelguistas del SME

Una de las medidas de la transición democrática del país es, sin duda, la atención que se preste a la promoción y respeto a los derechos humanos. En éste, como en muchos otros aspectos, la transición mexicana aparece como fallida, incompleta, coja. Aun cuando el sistema de ombusman mexicano cuenta con un presupuesto público garantizado para la realización de sus tareas y es considerado por muchos estudiosos como envidiable (una comisión nacional y tantas comisiones estatales cuantas entidades federativas haya), lo es solamente en su propuesta estructural, porque en la práctica las comisiones estatales de derechos humanos, con cada vez menos excepciones, se han convertido en un lastre más que en un apoyo al proceso de transición democrática.

La decepción que provoca la actuación de las comisiones de derechos humanos es de distintos niveles. Las más de las veces, han sido convertidas en trampolines políticos para sus presidentes/as. Otras veces viven escondidas al amparo del poder en turno y tan silenciosas que muchos ciudadanos y ciudadanas no se enteran de que existen. Otras conciben su actuación como una especie de performance permanente y andan firmando convenios públicos hasta el hartazgo con cuanta institución pública se encuentren (universidades, sindicatos, policías, escuelas…), aunque nunca se alcance a ver con claridad qué es lo que consiguen con dichos convenios. Algunas veces, lamentablemente con frecuencia, el sentimiento que despierta la actuación de algunas comisiones públicas es de rabia.

Hoy quiero referirme a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC). Recientemente declaró cerrado el expediente 219/2009-VG “por haber quedado sin materia los hechos que motivaron la queja, por falta de interés de los presuntos agraviados, y por haberse resuelto durante el trámite del expediente el conflicto medular…”. El problema es que dicho expediente atendía el caso del desalojo violento de que fue víctima el pueblo de san Antonio Ebulá, que ha sido profusamente tratado en este espacio.

Conozco el caso de cerca porque fue precisamente el equipo Indignación el que lo presentó ante la CDHEC desde el 13 de agosto de 2009. El razonamiento de la CDHEC se basa, como hemos escrito más arriba, en tres consideraciones: a) han quedado sin materia los hechos denunciados; b) hubo falta de interés de parte de los agraviados y c) el conflicto medular se resolvió durante el trámite del expediente.

No repetiré aquí la narración del desalojo violento de que fue víctima el poblado de Ebulá. Puede consultarse el informe completo en el portal electrónico de Indignación (www.indignacion.org.mx). Solamente haré hincapié, en el estrecho espacio de esta colaboración, a la sinrazón de los argumentos esgrimidos por la CDHEC.
Que “los hechos han quedado sin materia” resulta de una consideración aparentemente ortodoxa, pero, en este caso, falaz. Las comisiones de derechos humanos tienen como materia los conflictos entre ciudadanos/as y autoridades. La CDHEC sostiene que el desalojo violento de los ebuleños habría sido obra de un particular, el Sr. Escalante, que se ostenta como legítimo propietario de los terrenos. Por tanto, la CDHEC no podía intervenir en un asunto entre particulares. La comisión campechana omite decir que hay pruebas fehacientes de la participación, por aquiescencia, de la Policía Estatal. Varias personas de Ebulá recibieron golpes, seis resultaron lesionadas, dos fueron detenidas (y liberadas esa misma tarde, sin cargos), todas las viviendas de la población fueron destruidas y algunas, además, fueron quemadas; todos los árboles frutales fueron tumbados y los pobladores perdieron también a sus animales. Todos esos ilícitos se cometieron ante la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, encabezados por el Comandante Samuel Salgado, que omitieron cumplir su obligación de proteger la integridad física y patrimonial de los pobladores de Ebulá y protegieron a los agresores.

Que hubo “falta de interés de parte de los presuntos agraviados” es también una mentira (además de que los “presuntos”, en todo caso, serían los agresores, que los agravios recibidos constan en fotografías y vídeos que la CDHEC seguramente conoce porque son públicos). La queja fue interpuesta desde agosto de 2009. Quince días después de realizado el desalojo, cuando la prensa escrita y electrónica se había volcado sobre el acontecimiento, la CDHEC no había visitado a los quejosos, aunque sabía que estaban asentados en los bajos del palacio Municipal. La desinteresada fue, indudablemente, la CDHEC.

Dice finalmente la CDHEC, que el “conflicto se resolvió”. Hace alusión, seguramente, al convenio por el cual el gobierno del estado ha restituido 31 hectáreas del territorio. Se olvida la CDHEC, sin embargo, que “el conflicto” está lejos de haberse resuelto, dado que el litigio sigue en los juzgados agrarios y el convenio no se ha cumplido a cabalidad. Permanece impune el violento desalojo del 13 de agosto de 2009 y permanecen impunes también anteriores ataques que el empresario dirigió contra el poblado San Antonio Ebulá, contra sus habitantes y contra sus pertenencias. Permanecen impunes las acciones y omisiones del gobierno y no se les ha garantizado a los agraviados el resarcimiento de los daños. El expediente abierto en el Ministerio Público no registra avances, a pesar de que los pobladores ya han acudido a declarar. Con esta inacción la procuraduría de Campeche protege al empresario y al anterior gobierno. Pero, además, la función de la comisión no se agota en la resolución de un conflicto, sino que debe determinar la comisión de violaciones a los derechos humanos, señalar a los responsables y emitir recomendaciones que detengan las violaciones y resarzan los daños. Nada de eso ha hecho la CEDHEC.

Bien lo ha señalado Indignación A.C. en la impugnación que ha presentado ante la CNDH: “La inacción de la CDHEC denota una grave negligencia, patente a lo largo de todo el proceso, que ha permitido que violaciones a los derechos humanos tan graves como las sucedidas en Ebulá queden en la impunidad y los agraviados en desprotección: no realizó ninguna investigación, ni mucho menos documentó graves violaciones a derechos humanos, justificando una acción que es a todas luces contraria a derechos fundamentales básicos”. Podríamos decir del respeto a los derechos humanos, lo mismo que decía mi abuela: “con amigos así, para qué queremos enemigos”.