Se acerca el fin de año. Tiempos propicios para sacar cuentas, para hacer revisiones, para evaluar el tramo de camino andado. La celebración del pasado 10 de diciembre, día en que se conmemora la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la ONU, nos ofrece la ocasión de echar una mirada a la gestión, en lo que toca al respeto a los derechos humanos, del actual gobierno estatal, hacia la mitad del penúltimo año de su encargo.
El panorama es desolador. Aunque puede decirse que en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Yucatán no es la excepción, porque comparte los índices de pobreza y marginación de la mayor parte de los estados que cuentan con población indígena, siempre es bueno recordar, para que no se nos olvide, que seguimos teniendo algunos récords de doloroso desprestigio. Mayoritariamente maya, Yucatán es uno de los estados con mayor índice de desigualdad en México, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, publicado por el PNUD en agosto de 2008 . Es uno de los estados con mayor desnutrición infantil en México , el cuarto lugar nacional en crímenes de odio por homofobia y, aunque en número general de casos es de los últimos lugares en feminicidios en el país, ocupa el primer lugar nacional en asesinatos contra mujeres, cometidos en el propio hogar, según una encuesta del INEGI . A esto puede añadirse el registro creciente de personas que fallecen por negligencias en los hospitales públicos del estado.
Más allá de este panorama estructural, que vulnera los derechos de todos, pero especialmente de las personas más pobres, quisiera fijarme en esta ocasión en algunos de los más recientes acontecimientos que han puesto el dedo en la llaga de una de las funciones fundamentales de un Estado que se precie de ser democrático: la garantía de una justa y equitativa procuración e impartición de justicia.
No me extraña que algunos de los principales hechos recientes que han llamado la atención de los medios de comunicación estén ligados a la deficiente procuración y administración de justicia. La Procuraduría, los Tribunales, son momentos privilegiados para constatar la calidad de las relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades. La manera de procurar y administrar la justicia es, para mucha gente, el primer índice –el más importante si no es que el único– de la honradez y eficiencia de un gobierno. Si las autoridades no están para garantizar el acceso de la población a la justicia, difícilmente podrán justificar su existencia misma. Que lo digan, si no, las poblaciones de los territorios dispersos por la geografía del país y ocupados ahora por el crimen organizado, ante la incapacidad del Estado de mantener el orden y garantizar el acceso a la justicia.
Malas cuentas entrega en este campo, en el penúltimo año de su gestión, el actual gobierno del estado. Para ilustrarlas, enlistaré brevemente algunos de los casos más sonados que muestran la incompetencia, la corrupción, la ineptitud, la incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia en Yucatán.
El caso de Roberth Tzab: En la madrugada del día 17 de agosto del presente año, el C. Robert Tzab Ek fue detenido en la ciudad de Oxkutzkab, según la procuraduría, después de herir a su esposa y de disparar contra judiciales que participaron en su detención. Según la propia procuraduría, el jueves 19 de agosto, después de haber sido llevado a la unidad médica de Tekax para ser atendido de lesiones que no implicaban riesgo para la vida, pues en el Ministerio Público no existían las condiciones para que el médico legista efectuara el obligatorio reconocimiento médico, fue trasladado a una celda de la Procuraduría de Justicia en Tekax, lugar donde fue encontrado sin vida el día 19 de agosto. ¿Cómo no sospechar que Roberth haya perecido víctima de actos de tortura?
De manera inmediata, e irresponsablemente, el Procurador hizo declaraciones al día siguiente del fallecimiento sólo para exculpar a los policías, sin que mediara investigación alguna. Además, negligentemente, omitió atraer el expediente, lo cual derivó en el absurdo de que la investigación fuera realizada por el mismo personal responsable de la cárcel en la que falleció Roberth: un caso más de policías que terminan siendo juez y parte. Dadas estas negligencias, no es de extrañar que el caso de Roberth esté atorado, sin ningún avance en su averiguación previa.
El caso de Jorge Antonio Contreras: Según un periódico local que cita el reporte de la Policía Municipal, Jorge Antonio entró a prisión el domingo 21 de noviembre. La detención se hizo a petición de la madre del fallecido, quien pidió auxilio a los policías para que se detuviera a su hijo que estaba alcoholizado y escandalizando. De 29 años, el joven murió víctima de lesiones que pueden ser atribuibles a los agentes municipales. Los familiares interpusieron una denuncia de la que no se conocen sus avances.
La gravedad del problema de procuración y administración de justicia en la entidad se pondera mejor si sabemos que estos dos casos son solamente ejemplos conocidos públicamente. El equipo Indignación A.C. ha tenido conocimiento de la muerte impune de al menos cinco personas más en las cárceles de Yucatán en lo que va de este año 2010, y el número llega a 13 personas si contamos desde el 2006.
Como todo el país, Yucatán vive actualmente un momento crítico en materia de derechos humanos. La criminalización de la protesta social, el encarcelamiento contra líderes de movimientos sociales, la persecución contra defensores de derechos humanos, son sólo algunas expresiones del ejercicio abusivo de poder en la defensa de un proyecto económico. En relación con esta realidad mencionaré un último caso, el de la detención arbitraria, tortura y amenazas contra José Maldonado, que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.
El caso de José Maldonado: La noche de este 4 de diciembre, cuatro personas que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por el VIH A.C. (Repavih) sólo para ser devuelto a las puertas de su domicilio después de varias horas de golpes y humillaciones y amenazándolo de muerte si denunciaba el hecho. Dicho abuso fue cometido como parte de un “proceso de investigación” para resolver un caso de presunto secuestro. Una vez resuelto el caso, el Procurador anunció a los medios la captura del delincuente sin hacer ninguna referencia a la actuación de sus agentes contra José Maldonado, confirmando con esto que la arbitrariedad y la tortura siguen siendo el modus operandi de las corporaciones policíacas en nuestro estado.
La lista podría seguir. La dilación de justicia y la discriminación de género, en el caso de M.A.R., expuestas en esta misma columna el 25 de octubre de 2010, muestran otra cara de la ineptitud y dolo con que se conducen los encargados de procurar y administrar justicia en nuestro estado. Y si a esto añadimos la ya conocida negligencia de la institución encargada de velar por los derechos humanos en la entidad, la CODHEY, que nada o muy poco hace frente a estos casos, el panorama resulta, como señalé al principio, desolador. Ante el cinismo de las autoridades, que lejos de reconocer las deficiencias aquí relatadas, se jactan de ser los campeones de la seguridad, uno se pregunta qué más tendrán que hacer los ciudadanos y ciudadanas para ver garantizado su derecho a la justicia.