Iglesia y Sociedad

Se llamaba Yorleni Yolet Zacarías Escobar. Recordar su nombre es hoy más importante que nunca. Nació el 29 de marzo de 2011 en Tenosique, Tabasco y murió apenas 12 días después de haber cumplido un año de nacida, el 10 de abril de 2012. No alcanzó a ver su segundo cumpleaños. Yorleni Yolet murió mientras era trasladada en una ambulancia al hospital de Villahermosa. Murió de deshidratación. Yo digo que su muerte fue un asesinato, porque cualquier niño o niña que muere como murió Yorleni, deshidratada por la fiebre y la diarrea, sí, una simple diarrea, de las que se curan casi en cualquier centro de salud del mundo, muere asesinada.

La muerte prematura de Yorleni tiene que llenar de indignación a quien conserve una pizca de humanidad en algún recóndito lugar de su conciencia. Yorleni era hija de Wilfrido Zacarías López y de Sindi Paola Escobar Pérez, que vivían en la comunidad de Nueva Esperanza en el Petén, Guatemala. Tenía Yorleni cinco meses de gestación cuando sus padres, junto con decenas de hombres, mujeres y niños/as, fueron expulsados de sus tierras en un violento desalojo realizado por el Ejército y la Policía de Guatemala. Su casa fue arrasada y quemada. El gobierno guatemalteco acusaba a la comunidad de Nueva Esperanza de tener ligas con el narcotráfico de la región, de talar indiscriminadamente la selva y de acabar con la reserva natural protegida de la Sierra del Lacandón en el Petén guatemalteco. Ninguna de las acusaciones fue probada. Los padres de Yorleni, junto con el resto de la comunidad, huyeron en dirección a la línea fronteriza que separa a Guatemala de México.

Fue así que Yorleni terminó naciendo en el municipio de Tenosique, Tabasco, en medio de una comunidad desplazada, apenas a unos metros de la línea divisoria entre Guatemala y México. Yorleni nació, pues, mexicana, dado que vio la primera luz en territorio nacional y fue registrada en el mismo municipio de Tenosique. Según la Constitución de nuestro país, ese sólo hecho debía haber bastado para que los derechos humanos fundamentales de Yorleni fueran reconocidos y respetados. Pero el mandato constitucional es sólo letra muerta. Al menos así fue para Yorleni, pues en la comunidad de desplazados de la Nueva Esperanza permaneció sin vivienda digna, sin alimento ni bebida suficientes, hasta que la muerte le llegó.

En medio de la selva y el lodo, Yorleni pasó su primera y única navidad. Rondando los nueve meses de edad, mientras muchos niños y niñas abrían sus regalos, Yorleni celebró la Nochebuena, la llegada del Año Nuevo y la visita de los Reyes Magos en medio de la oscuridad y rodeada de carencias. Tuvo, como único festejo, un pequeño juguete solidariamente enviado desde Yucatán. Pero no pudo disfrutarlo mucho tiempo: el 9 de enero, el Instituto Nacional de Migración llegó a desalojar a los desplazados y a repatriarlos a Guatemala de manera forzosa. En el operativo, que algunos medios de comunicación calificaron extrañamente de “limpio y voluntario”, participaron más de 400 elementos, muchos de ellos miembros de la Policía Federal. Testigo calificado del desalojo fue, asómbrese usted, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco.

¿Pueden fincarse responsabilidades por la muerte de Yorleni? ¿Qué cadena de omisiones y complicidades dieron lugar al prematuro deceso de esta niña? ¿Por qué, siendo mexicana y viviendo en territorio mexicano, el gobierno de su país la abandonó a su suerte al punto de provocar su muerte o, en el menos grave de los casos, dejarla morir de una enfermedad curable?

El caso de Yorleni desnuda la negligencia de los tres niveles de gobierno mexicano, cada uno de ellos en manos de una fuerza política diferente, pues el PRD gobierna el municipio de Tenosique, el PRI gobierna el estado de Tabasco y el PAN tiene a su cargo el gobierno federal. Los tres órdenes de gobierno, conducidos por las tres principales fuerzas políticas, tan ocupadas en estos momentos en sus campañas políticas, tienen responsabilidad en la muerte de Yorleni: no hubo ninguna acción de su parte para ofrecer posibilidades de vida digna a los desplazados de Nueva Esperanza, lo que terminó por negarle vida digna también a Yorleni. Tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Migración engañaron una y otra vez a los desplazados guatemaltecos, se burlaron de ellos prometiéndoles visas temporales de trabajo, sólo para terminar desalojándolos, sin haberles brindado durante muchos meses la asistencia humanitaria a la que estaban obligados de acuerdo con el derecho internacional. Bajo unas lonas, sin alimentos ni seguridad alguna, continúan hasta hoy, en ese mismo lugar, los desplazados de Nueva Esperanza que escaparon del desalojo realizado por el gobierno mexicano y aquellos que, como los padres de Yorleni, regresaron a México por no tener lugar seguro donde asentarse en su país de origen.

Pero no solamente el gobierno mexicano tiene responsabilidades. Yorleni es también víctima del gobierno guatemalteco que, tanto en la administración anterior (Colon) como la actual (Pérez Molina), ha prometido resolver las causas que motivaron el desalojo inicial y llevan meses “negociando” sin que dichas causas hayan sido atendidas cuando han pasado ya más de ocho meses

Finalmente, la Secretaría de Salud del estado de Tabasco tiene una responsabilidad particular. En un primer internamiento, después de dar de alta a Yorleni, la Secretaría exigió a los padres que inscribieran a Yorleni al Seguro Popular para poder atenderla en otra ocasión. Responsable es también la Cruz Roja, el instituto internacional al que aportamos veinte pesos cada vez que renovamos nuestras tenencias, porque habiendo establecido tanques de agua potable para que los desplazados tuvieran agua para beber, los retiró de la línea fronteriza después del desalojo forzoso realizado por el Instituto Nacional de Migración argumentando muy nacionalistamente que las y los desplazados ya no estaban en la “parte” de México. Sin agua potable, el auxilio humanitario más elemental, no es extraño que Yorleni hubiera contraído las infecciones que le provocaron la deshidratación y después la muerte. Recordaré esto la próxima vez que la Cruz Roja me solicite un donativo.

La humillación y el desprecio hacia Yorleni no terminó con su muerte. Cuando cerró los ojos a esta vida, las autoridades mexicanas negaron a sus padres el permiso para sepultarla en México. Tuvieron que ir a llorarla y sepultarla en El Petén. El caso de Yorleni es un espejo del trato que nuestro país le da a los pobres, a los nadie, a los inexistentes.

En momentos como éste, ahogado por el dolor y la rabia, siento una profunda vergüenza de ser mexicano.