Es famosa la anécdota que sostiene que un día, un entrevistador, le hizo a Juan XXIII una pregunta: “Santidad ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano?”, a lo que el Papa habría respondido: “más o menos la mitad”. No sé de cuántas secretarías gubernamentales podría decirse algo parecido.
El caso de MAR, actualmente de 27 años de edad, ha ocupado esta columna en más de una ocasión. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidos contra MAR salta a la vista:
1. Desde los ocho años comenzó a ser abusada sexualmente por su padrastro, quien también explotaba sexualmente a la madre de MAR, a quien en una ocasión trató de matar.
2. A los 9 años fue violada por su padrastro por vez primera.
3. A los 11 años, MAR quedó embarazada de su padrastro y tuvo una niña que fue inscrita en el Registro Civil como si fuera su hermanita y no su hija.
4. A los 15 años comenzó a ser explotada sexualmente por el padrastro.
Después de muchos años, MAR y su madre lograron sobreponerse a esa situación. Con la decisión de abandonar al agresor para liberarse de él, comenzó para MAR un nuevo calvario:
1. Acudió al Instituto para la Equidad de Género del estado de Yucatán (IEGY). Ahí, un empleado le dijo que “no podían hacer nada” porque había pasado ya “demasiado tiempo” y su caso había prescrito.
2. El 27 de febrero de 2010, acompañada del equipo de derechos humanos Indignación A.C., presentó su denuncia penal ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría de Justicia del estado de Yucatán. La acusación fue presentada por “los delitos de corrupción de menores e incapaces, Lenocinio y Trata de Personas, Delitos contra el estado civil, violencia intrafamiliar, amenazas, privación ilegal de la libertad y otras garantías, violación y el o los que resulten”.
3. Junto con la demanda, MAR presentó una solicitud de medidas cautelares, pues tenía miedo de lo que su padrastro pudiera hacer contra ellas. La solicitud fue negada. La Agencia Especializada le dijo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que autorizaba este tipo de procedimientos, “todavía no entra en vigor”, siendo que había sido publicada en el Diario Oficial del Estado desde el año 2008.
4. El agresor fue detenido cuando intentaba agredir a la familia que daba cobijo a las dos mujeres. Se abrió contra él la causa penal 041/2010 en el Juzgado de Tekax, siendo procesado solamente por lenocinio y violación.
5. El 24 de agosto de 2010, MAR fue informada de que, inexplicablemente, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, al responder a una apelación del agresor, había retirado de la causa el delito de violación. Sólo sería juzgado por el delito de lenocinio, delito que el Código Penal de Yucatán establece como “no grave”, por lo que el agresor podría salir bajo fianza. En Yucatán robar ganado, comerciar ilícitamente alcohol y hasta cobrar dinero al interés, son considerados delitos graves. Obligar a una mujer a prostituirse, no.
6. De manera sistemática, se impidió la presencia de miembros del equipo Indignación en las sesiones del proceso penal, a pesar de que son audiencias públicas. En un careo, el agresor amenazó a las mujeres diciendo que “cuando yo salga me voy a encargar de ustedes una por una, empezando por MAR”, amenaza que los funcionarios del juzgado omitieron asentar en la diligencia.
7. En octubre de 2010 MAR presentó nueva denuncia, ahora por violación equiparada. Para sustentar su dicho solicitó a la ahora Fiscalía General del Estado, que realizara una prueba de ADN para comprobar que había dado a luz a su hija cuando todavía tenía 11 años. Más de 350 personas suscribieron una carta dirigida al fiscal, a la gobernadora y a la directora del IEGY para solicitar la prueba de ADN y la consignación del nuevo expediente. La Fiscalía reconoció que no cuenta con ese instrumento de investigación y se negó a solventar los gastos que dicha prueba ocasionara.
8. Con solidaridad nacional e internacional, MAR logró costear la prueba de ADN que demuestra que la niña inscrita como hermanita suya es en realidad su hija, concebida de su agresor a los 11 años.
9. El 1 de septiembre de 2011 presentó la prueba ante la Fiscalía. Inmediatamente, una campaña de solidaridad provocó que llegaran a 700 las personas que dirigieron una carta al Fiscal, a la Gobernadora y a la Directora del IEG para que el expediente fuera consignado a la brevedad.
10. Para el día 16 de mayo de 2012, 15 meses después de interponer la denuncia y seis meses después de presentar la prueba de ADN que ella misma costeó, la Fiscalía no había consignado al Juez el expediente que ya estaba terminado y en el área de consignaciones desde noviembre de 2011.
¿Se trata de un caso de negligencia? ¿Se trata de proteger a los Magistrados que suprimieron el delito de violación del proceso penal? ¿Quién se responsabiliza del riesgo al que se ven sometidas las dos mujeres involucradas, al permitir y/o favorecer la liberación del agresor?
El pasado miércoles 16 de mayo, el equipo Indignación convocó a una manifestación frente al Palacio de Gobierno. La carta, recibida ya setecientas veces en los archivos electrónicos de la Fiscalía, fue leída una docena de veces por altavoces. En una medida desesperada, dado que el agresor podría ser puesto en libertad en cuestión de días, Indignación solicitó la de nuevo, por enésima vez, la consignación inmediata del expediente. Un ejemplar impreso de la carta fue entregado en la Oficialía Mayor del gobierno del estado.
Hoy, el equipo Indignación ha tenido conocimiento de que el expediente ha sido consignado. Una buena noticia para MAR en medio de este largo calvario al que se ha visto sometida por las agresiones de su padrastro y la negligente actuación de los órganos de procuración e impartición de justicia.
¿Era necesaria tanta presión? ¿Se necesitan 700 cartas –sin contar con cuarenta más que se unieron después de la manifestación del miércoles pasado– para que la Fiscalía haga lo que, en virtud de su encargo, debiera haber hecho de manera pronta y expedita? ¿De qué sirve cacarear que el sistema de justicia yucateco es punta de lanza en el país cuando no se cuenta con una prueba como la del ADN, hoy tan elemental para los procesos de investigación? Este triunfo de MAR nos deja un sabor amargo. Hay muchos casos más de violencia de género que no cuentan con la asesoría adecuada, ni son conocidos, ni cuentan con elementos de presión… La procuración y administración de justicia en Yucatán dejan mucho, mucho que desear. El derecho de acceso a la justicia, reconocido en nuestras leyes, es sistemáticamente violado en Yucatán.
Cynthia Nixon fue objeto de polémica por las siguientes declaraciones “Di una charla recientemente sobre empoderamiento para un público homosexual, que incluía la siguiente frase ‘He sido heterosexual y he sido gay y ser gay me parece mejor’. Y trataron de hacerme cambiar de opinión, porque esta reflexión implicaba que la homosexualidad puede ser una elección. Para mí es una elección. Entiendo que para mucha gente no, pero para mí lo fue y no me gusta que el resto trate de definir qué debe ser la sexualidad para mí. Cierto sector de la comunidad está preocupado porque se vea como una elección, porque de ser así se podría evitar”.
La actriz estadunidense Cynthia Nixon se casó con Christine Marinoni, activista por los derechos homosexuales y su pareja desde 2004. Nixon, de 46 años, tiene dos hijos de su anterior relación. En febrero de 2011, Marinoni dio a luz además a un niño, el pequeño Max.