Iglesia y Sociedad

El Estado mexicano sometido a juicio internacional

18 Ago , 2008  

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El caso es ya internacionalmente conocido: don Ricardo Ucán Seca está en la cárcel después de un proceso judicial en el que se violaron sus derechos humanos. Un informe recabado por el equipo de derechos humanos Indignación A.C. y consultable en su portal electrónico (www.indignacion.org.mx) exhibe con pelos y señales las violaciones cometidas contra el indígena maya y señala a las autoridades responsables con nombres y apellidos. Los tres poderes yucatecos han recibido admoniciones diversas en relación con este bochornoso caso: de parte de la comisión estatal de derechos humanos, de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, de Amnistía Internacional, del Relator de la ONU sobre pueblos indígenas… han recibido cientos de cartas exigiendo la libertad para don Ricardo, algunas venidas de lugares tan lejanos como Finlandia, Burundi o Alemania… todo ha sido inútil. Las autoridades, que como avestruces esconden la cabeza bajo la tierra, han desdeñado una y otra vez la oportunidad de restablecer la justicia, liberar a don Ricardo y sancionar a los funcionarios responsables.

Desde el año de 2004, una vez agotados todos los recursos mexicanos de jurisdicción interna con la denegación del recurso de amparo, don Ricardo, acompañado por el equipo Indignación A.C., presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano argumentando que, durante su proceso judicial, no recibió la defensa técnica a la que tenía derecho ni tuvo acceso a un intérprete que le permitiera defenderse y hacerse entender en su idioma.

Una vez presentada la denuncia, dio inicio el proceso de admisibilidad. En distintas ocasiones, de marzo de 2004 a septiembre de 2007, el Estado mexicano y los denunciantes tuvieron oportunidad de intercambiar respuestas y añadir lo que consideraran pertinente para dar más elementos a la CIDH que le permitieran tomar la decisión de admitir o no admitir el caso de don Ricardo. El plazo se ha cumplido y la CIDH, en comunicado del 24 de julio (puede verse en www.cidh.org.annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm) ha declarado como admitido el caso de presunta violación a los derechos de don Ricardo.

¿Qué significa que la CIDH haya admitido el caso de don Ricardo? Significa que el Estado mexicano, debido a la actuación de los funcionarios que participaron en el infame proceso judicial contra don Ricardo, será sometido a juicio internacional, y que los alegatos del gobierno de México desestimando las violaciones cometidas contra don Ricardo, no lograron convencer a la CIDH de que no haya habido violaciones a la Convención Americana.

Pero hay un detalle que no debe dejarse de lado. Los denunciantes argumentaron que el proceso judicial llevado contra don Ricardo había violado los artículos 8.2 y 25 de la Convención. El artículo 8.2 garantiza que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal…”

Y el artículo 25 establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Pero en su comunicado del pasado 24 de julio, la CIDH añade, por su propia iniciativa, la posible violación al artículo 24, que señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”, con lo que afirma que en el proceso al que fue sometido don Ricardo pudo haber habido violación al derecho a la no discriminación. Ya se sabe que don Ricardo es maya y que, serlo, es hasta el día de hoy una desventaja en los ámbitos jurídicos. Con esta añadidura, la CIDH ha demostrado haber comprendido una de las aristas más relevantes del caso de don Ricardo Ucán y, como muchos mexicanos y mexicanas podrían atestiguar, del caso de cientos de indígenas recluidos en nuestras cárceles después de juicios injustos y discriminatorios.

¿Quiénes son, pues, los sometidos a juicio? Es, claro, el Estado mexicano en su conjunto. Sólo que no hay que olvidar, so pena de alentar la impunidad, que el Estado mexicano operó en el caso de don Ricardo a través de funcionarios cuya actuación será detalladamente revisada por la CIDH: Blanca Isabel Segovia, quien fuera defensora de oficio de don Ricardo; José Teodoro Alonzo Lara, juez que procesó y sentenció a don Ricardo; los magistrados Ligia Cortés Ancona y Jorge Luis Losa, quienes fueron ponentes en la apelación contra el auto de formal prisión y contra la sentencia condenatoria de primera instancia respectivamente; Fernando Amorós Izaguirre, magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, ponente en el juicio de amparo negado a don Ricardo: los magistrados Mercedes Eugenia Pérez Fernández. Ángel Francisco Prieto Méndez, Ricardo Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, que negaron el recurso de reconocimiento de inocencia a don Ricardo y, en última instancia, los tres últimos gobernadores, Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco, por no haber tomado ninguna medida para revertir las violaciones contra don Ricardo y contra muchos más indígenas mayas procesados y sentenciados sin que sus derechos como pueblo sean reconocidos. A estos responsables habría que añadir a los diputados y diputadas de las dos últimas legislaturas, que han congelado hasta el día de hoy la iniciativa de ley de indulto presentada ante el pleno, la cual permitiría a don Ricardo salir libre.

Son estos funcionarios los culpables de que el Estado Mexicano esté ahora sometido a juicio ante la CIDH. Sobre ellos cae la responsabilidad de los más de ocho años que don Ricardo lleva recluido en el penal de Tekax.

Colofón: En este caso no es solamente mi proverbial desinterés por los temas deportivos. Tampoco mi aversión al espíritu de competencia. No estoy siguiendo las olimpiadas de Pekín como protesta contra el gobierno del país anfitrión, flagrante violador de derechos humanos. Me avergüenza la hipocresía de quienes son capaces de alabar la potencialidad económica de China y se hacen a los ciegos ante la brutal represión que despliega su gobierno. No: con esta China no voy a las olimpiadas.

Raúl Lugo Rodríguez

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One Response

  1. Andres Antonio Chan Gonzalez dice:

    En este panorama nos damos cuenta que el estado mexicano aun no a madura en algunos aspecto sobre sus leyes pues, no se dan cuenta que todos somos igual y merecemos un mismo trato. al igual se muestra que no existen formas de que un indigena que no habla castellano no puede recibir apoyo alguno pues, este pais se a olvidado de sus lenguas madres y se a sumudo en una realidad donde sus costumbre y culturas se han ido cambiando por ideas occidentales que no son propias de ellos.

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