Iglesia y Sociedad

Morir a manos de la policía

5 Nov , 2020  

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El horror, aunque uno se acostumbre a él, no deja de ser horror. Las decenas de películas sobre todo lo que puede ocurrir en una cárcel, quedan pequeñas ante esa muerte que nadie sabe explicar, ante un suicidio que no acaba de convencer a nadie, ante una “parasitosis” que termina dejando huella de golpes en el cuerpo.

Hace ya mucho tiempo que la tortura se ha revelado como inadmisible en el marco de una sociedad que respeta los derechos humanos. Hace más de 30 años, el 10 de diciembre de 1984, se aprobaba la resolución 39/46 en la que se aprobaba y se ponía a disposición de las naciones para su firma y ratificación, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

No es casual que la Convención fuera aprobada en el Día de los Derechos Humanos, efeméride que recuerda el día de la adopción, por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Y no es casual porque el origen de la ONU es, precisamente, el horror de los campos de concentración en la Alemania nazi. Miles, millones de personas recluidas en centros de detención disfrazados de lugares de trabajo, bajo la custodia de personal del ejército nazi, grupos humanos entre los que destacaban judíos, polacos, homosexuales y Testigos de Jehová, encontraron la muerte en esos lugares de reclusión. Bajo la tutela del Estado nazi, caminaron hacia la muerte. Así que tortura y muerte en lugares de prisión son dos motivaciones fundamentales que subyacen a la formación de la asamblea de naciones.

Lo recordaba en un emblemático poema (Hombre preso que mira a su hijo) el uruguayo Benedetti: “todas estas llagas, hinchazones y heridas, que tus ojos redondos miran hipnotizados, son durísimo golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre…” Y cuando, a diferencia del poema, la tortura termina arrancando la vida de la persona torturada, ese error de cálculo termina desnudando toda la empresa.

Conscientes de que el horror de la tortura no desaparece por decreto, sino que implica un largo y hondo trabajo de transformación de mentalidades y estructuras de manejo de poder, el inicio del nuevo milenio vio aparecer el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul, primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.

Pero todos estos avances chocan con una terca realidad: la tortura sigue siendo el modus operandi de muchos cuerpos policíacos. Y no hablo en esta ocasión de la Alemania nazi, ni tampoco del horror de Guantánamo en el delirio imperial de los Estados Unidos, ni las cárceles turcas de la película “Expreso de Medianoche”. Hablo de realidades con menos propaganda, de cosas que pasan “en casa”. Hablo del calabozo de Oxkutzcab, de la cárcel de Tekax, de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

Yucatán es un estado singular. La policía tiene mala suerte. Algo pasa que los detenidos se les mueren en las patrullas y los calabozos. Y no pasa solo en gobiernos de un determinado partido. La alternancia en el poder parece no haber afectado en nada es extraña singularidad yucateca.

Ayer coincidieron dos hechos: un hombre de 31 años fue aprehendido por la policía yucateca en un puesto de control en el tramo Chicxulub – Telchac Puerto. Estando bajo la custodia de los agentes del orden, el hombre “falleció” mientras era trasladado para ser presentado ante las autoridades ministeriales. Le pasó lo mismo que le había pasado antes a Gaspar Sulub Cimé, de Progreso, y antes a José Santiago Medina Naal, en Sisal, y hace todavía más tiempo a Robert Tzab Ek, en una celda de Tekax.

El otro hecho fue la renuncia del Fiscal General del Estado de Yucatán. Pero no, no piense usted que fue por vergüenza ante la negligencia que revela el hecho de que, después de que en 2003 haya sido aprobada y promulgada la “Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Yucatán”, nunca, ni una sola vez, se haya clasificado bajo tortura las actividades de violencia de parte de la policía, ni tampoco esté ningún policía en la cárcel por alguna de esas sospechosas muertes en cárceles y/o vehículos policiacos. No, fueron otras razones que ni siquiera conocemos, porque los halagos con los que fue despedido por el titular del ejecutivo estatal dejan ver que tenía en muy alta estima el trabajo del funcionario renunciante.

Esta larga historia de horror tiene que acabar. No podemos acostumbrarnos a estas tragedias. Mañana podemos ser tú o yo.

Les comparto ahora el comunicado del equipo de derechos humanos, Indignación AC, equipo desde el cual se ha dado una larga, pero hasta ahora infructuosa batalla, contra este flagelo.

Citar a autoridades y crear comisión sobre tortura, exige Indignación al Congreso

·      ¡Ya Basta! Toda muerte bajo custodia policíaca implica responsabilidad del Estado

·      Gobernador, Fiscal y Jefe policíaco de Yucatán tendrían que comparecer ante legislatura y rendir cuentas

·      Erradicar la tortura, crear protocolo y mecanismos para detectarla, investigarla y sancionarla, exigencia ignorada por Mauricio Vila

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

La grave crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Yucatán tiene una de sus expresiones más visibles y dolorosas en la persistencia de la tortura, así como en la tolerancia, silencio o encubrimiento hacia ese crimen. Son inaceptables las muertes ocurridas bajo custodia policial en el Estado y el silencio y las omisiones que han seguido a ellas.

El fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial implica responsabilidad del Estado y debe seguirse un protocolo para descartar tortura y para fincar responsabilidades. El Estado es responsable de la vida, salud y seguridad de quienes se encuentran detenidos. Sin embargo, a pesar del número de personas fallecidas en cárceles en Yucatán o en el traslado después de una detención y a pesar de reiterados llamados ante la Secretaría de Gobierno de Yucatán, no se ha establecido este protocolo en Yucatán y se encuentran impunes todos los casos.

De hecho, el mecanismo que se activa ante el fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial, es el encubrimiento y la única respuesta ha sido el silencio. Las autoridades de Yucatán e incluso la Codhey han contribuido a la impunidad, a la “normalización” de crímenes inaceptables y a la persistencia de ominosas prácticas como las detenciones violentas, arbitrarias, los tratos crueles e incluso, es imposible no considerarlo, tortura.

En el caso de Gaspar Sulub, quien “falleció” después de ser detenido en Progreso en febrero de este año, los familiares cuentan con un dictamen forense independiente que indicaría que fue sometido a tortura, dictamen que contradice el dictamen oficial. A pesar de eso, ni el gobernador, ni el jefe de la policía ni el Fiscal han dado explicaciones. Las muertes de Ronald Richmond, cuyo cuerpo fue encontrado en abril en la carretera Xoy – Chaksinkín, y de José Santiago Medina Naal, detenido en Mérida hace unas semanas y cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Hunucmá – Sisal, exhiben el horror, la impunidad y el silencio.

El Congreso del estado tiene la facultad de crear comisiones y de citar a comparecer a autoridades ante situaciones que así lo requieran. El fracaso de quienes tienen la obligación de investigar y sancionar les obliga a actuar. La posible tortura y ciertamente las muertes de personas bajo custodia policial, así como la impunidad que ha seguido a ellas obligan al Congreso a citar al Fiscal, al Secretario de Seguridad Pública y también al Gobernador de Yucatán, que ha sido incapaz de enfrentar este flagelo y realizar las acciones necesarias para detectar, investigar y erradicar la tortura en el estado. Casos denunciados han sido sistemáticamente bloqueados por la ahora fiscalía y entonces Procuraduría, como el caso de Roberth Tzab Ek, cerrado reiteradamente y reabierto únicamente a través de amparos desde hace 10 años.

Lamentablemente, de la Comisión de Derechos Humanos se puede esperar dentro de varios meses, seguramente más de dieciocho, un tibia recomendación en la que no figurará la palabra tortura y que no irá más allá de sugerir capacitaciones inútiles a los policías. Inútiles si no van acompañadas de los mecanismos necesarios para detectar, investigar y sancionar para erradicarla.

En 2016, al menos dos personas murieron por “infarto” en Mérida mientras estaban bajo custodia de la policía estatal. Una de ellas, en mayo, en los separos de la S.S.P. Otra, en diciembre, en una patrulla de la S.S.P., durante su traslado. Ese mismo año, en Temax, un joven murió en la cárcel. El dictamen forense señaló “parasitosis”.

En 2018 un joven murió en Teabo, en la cárcel municipal, y en 2019 otro joven falleció en Oxkutxzcab. Estas son sólo algunas de las muchas muertes en cárceles, centros de detención y unidades policiacas en Yucatán.

En febrero señalamos en una carta abierta al Gobernador: Desde Indignación, en reiteradas ocasiones, hemos exigido un protocolo que obligue a descartar tortura cuando un fallecimiento ocurra en un centro de detención, tal como establece la legislación internacional de derechos humanos, lo cual incluye peritajes forenses independientes, investigación pronta, independiente e imparcial, sanción a los responsables y garantías de no repetición.

 Con rabia, con Indignación, reiteramos la exigencia.

Ya Basta.

Chablekal, Yucatán, 4 de noviembre de 2020

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