Iglesia y Sociedad

Los/as católicos/as y la reforma legal al matrimonio

29 Ago , 2021  

Esta entrada ha sido leída 3325veces

La historia de la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo tiene ya una larga historia. A partir del año 2000, en que los Países Bajos lo aprobaron en su legislación, cerca de 30 países lo han asumido en sus leyes y otro tanto más lo permite en algunas regiones de su territorio, como es el caso de México.

En nuestro país, son ya 22 de 32 entidades federativas las que lo han incorporado a sus legislaciones. ¿En qué estados de la república pueden contraer matrimonio civil dos personas del mismo sexo? En orden de aprobación son los siguientes: CDMX, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes. Yucatán es el más reciente estado en realizar el cambio legislativo.

¿Cómo interpretar esta realidad? ¿Cuáles son las razones que se esconden detrás de esta aparentemente irrefrenable marcha de las personas de la diversidad sexual hacia la igualdad de derechos y obligaciones con todos los demás ciudadanos y ciudadanas del planeta? ¿Por qué tantos organismos internacionales caminan en esa dirección?

Ante esta situación, se libra una ruidosa batalla entre las posiciones más extremas, tanto a la derecha como a la izquierda. Uno puede encontrarse en la red, opinadores que, sin ofrecer argumento alguno, juzgan las expresiones que provienen de las iglesias que se oponen como trasnochadas, fuera de época, sin sustento. Del lado opuesto están quienes apelan a la teoría del complot, según los cuales todo lo que sucede obedece a un plan detallado que persigue la destrucción de la familia y de los fundamentos de la sociedad occidental. Las acusaciones van y vienen, muchas veces sin argumentación sensata que las sustente, entre el lobby gay, que apostaría, según sus opositores, a la destrucción de la diferenciación sexual y que promovería la promiscuidad, y el lobby pro vida para quienes, también según sus opositores, la misma propuesta del uso del condón como medio de prevención del VIH/SIDA sería suficiente para inscribirse entre los enemigos de la humanidad. Ambas posiciones, por irreconciliables que parezcan, se asemejan en su cerrazón radical y entorpecen el diálogo sensato entre personas que piensan diferente. Lamento decepcionar a los hambrientos de escándalo: yo no voy a montarme en ese chivo.

Tengo que admitir que también dentro de las fronteras eclesiales tenemos nuestros extremos, nuestras posiciones radicales. Por eso pienso que, para promover un sano intercambio entre posiciones diferentes, hay que partir del hecho de que, tanto en la sociedad como en la iglesia, no todos pensamos y sentimos lo mismo respecto a este tema. Y no está mal que así sea. Y creo que las descalificaciones mutuas no sirven de gran cosa: hay que construir un diálogo que privilegie la escucha de la otra parte.

Hay amplios sectores en la sociedad y en las iglesias que piensan que este avance mundial del reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo y la misma despenalización de la homosexualidad, no son avances sino retrocesos, muestra palpable del nivel de degradación al que ha llegado la humanidad. Quizá la muestra más radical de este pensamiento es la que sostenía (ahora, gracias a Dios, lo escuchamos cada vez menos) que el VIH/SIDA no era otra cosa sino un castigo divino destinado a limpiar el mundo de pervertidos. Muchas personas, al interior de las iglesias, piensan que estos cambios en los países se deben exclusivamente a un “lobby” realizado por grupos de homosexuales que, rijosos y manipuladores de los medios de comunicación, van imponiendo sus agendas, aceitadas con inversiones multimillonarias, a una sociedad inerme, que no encuentra políticos capaces de defender las verdades tradicionales. Y seríamos demasiado simplistas si lo único que hiciéramos es decir que todas las personas que así piensan son unas retrógradas, sin tratar de comprender cuál es el punto de vista que los lleva a emitir declaraciones de este tipo.

Pero el mismo tiempo hay que reconocer, sin satanizar, que existen dentro de la iglesia, personas que piensan que la emergencia de la homosexualidad no es solo un dato anecdótico, sino que puede ser un auténtico signo de los tiempos. Muchos cristianos y cristianas van llegando a la conclusión, con el avance de la cultura de los derechos humanos, de que todas las personas, independientemente de cualquier rasgo diferencial, debe ver asegurada su posibilidad de vida plena y que una vida que pueda llamarse digna debe estar ajena a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad. Ellos/as piensan, lo que llama más la atención, que ¡esto tiene mucho que ver con su fe religiosa y que bien podría ser calificado como una bendición! Y es que esta nueva manera de ver las cosas, desde la perspectiva de los derechos humanos, no ocurre solamente en el nivel de las leyes internacionales y las decisiones de los países. Es reflejo de un cambio que se está dando en la conciencia de los individuos y las colectividades. Cada vez más personas, creyentes y no creyentes, piensan que las personas homosexuales deben ser vistas, consideradas y tratadas, como personas diferentes, pero sin que esa diferencia marque una desigualdad en su dignidad y sus derechos.

No voy, desde luego, a tratar de resolver en la dimensión de un artículo periodístico, un diferendo tan complejo. Lo que a lo largo de los años he escrito y reflexionado al respecto conformaría ya un volumen de cientos de páginas y no voy a cansarles tratando de resumirlo aquí. Quisiera, en cambio, aprovechar este momento peculiar de la vida pública yucateca, para ofrecer a mis hermanas y hermanos católicos, de un lado y del otro de la discusión, algunos argumentos que ayuden a descubrir que la aceptación legal del matrimonio civil entre personas del mismo sexo no tiene por qué representar una catástrofe. Puede ser, incluso, que descubran elementos de reflexión que no habían considerado antes.

Lo primero que quiero es subrayar el ámbito de la discusión, porque lo que queda claro para quienes participan activamente en la disputa pública no siempre es igualmente claro en la percepción de las personas de a pie. No estamos aquí hablando del sacramento del matrimonio, sino del matrimonio civil. No se trata de una aprobación religiosa de la unión entre personas del mismo sexo, sino de la protección legal a la unión entre dos personas, que incluye la relación sexo afectiva y todos sus derivados: herencia, impuestos, derecho de visita hospitalaria, cobertura de seguridad social, etc. No ofrece la ley ninguna prerrogativa especial al matrimonio que se conformará por dos varones o dos mujeres, sino garantiza solamente que todos los ciudadanos/as tengan acceso a los mismos derechos. Repito: no se trata aquí de una definición religiosa, sino de la posición que la autoridad civil ha de tomar para garantizar la igualdad de todos/as ante la ley. Y todos estamos de acuerdo en que quienes gobiernan han de gobernar para todos/as, no solamente para quienes profesan una fe determinada.

Esto me lleva al segundo punto de mi reflexión. La libertad religiosa que rige en nuestro país es un derivado del respeto al derecho al libre pensamiento y la libre creencia. Después de una cruenta lucha armada en el siglo pasado, los católicos y católicas hemos aprendido a valorar la garantía que nos ofrece un Estado que no se inmiscuye en los asuntos internos de las iglesias. Pero eso tiene también, no lo olvidemos, un viceversa. Espejémonos, si no, en el horror que se vive ahora en Afganistán. Como bien señala el dramaturgo José Ramón Enríquez: ¡Líbrenos Dios Omnipotente de las teocracias!

Otro ámbito de la libertad religiosa resulta aquí importante de subrayar. No todas las iglesias cristianas pensamos lo mismo sobre todos los temas, ni tenemos idénticas prácticas. Se tiene la idea, por ejemplo, de que las iglesias reformadas admiten personas casadas en el ministerio del pastoreo, mientras que la iglesia católica exige la opción del celibato a sus presbíteros. Pero ni siquiera esto es exacto, ya que se universaliza la experiencia de la iglesia católica de rito latino, que es la que mantiene esa práctica, pero se invisibiliza a la tradición católica oriental, no menos católica que la latina, y que mantiene en su reglamentación interna ministros célibes y ministros casados. Pues bien, este arco de diferencias en las iglesias, que no afectan su unidad sustancial de origen (la fe trinitaria, con un solo salvador, Jesucristo) se ha venido manifestando también en el campo del matrimonio. Y es que el matrimonio nunca ha sido una institución estática. Desde sus tempranos comienzos como intercambio de propiedades o como método para garantizar la paz entre naciones, hasta su reconocimiento universal como un sacramento de la iglesia en el siglo XIII y su relación intrínseca con el amor, que le fue adjudicada desde mediados del siglo XIX, la institución matrimonial ha estado siempre en estado de adaptación. Prácticas que alguna vez fueron ilegales y/o inapropiadas, incluso dentro de las iglesias, como la unión entre blancos y negros o el matrimonio de personas con discapacidad mental, ahora se admiten. ¿No será que detener la evolución de la institución matrimonial, podría significar negarle al Espíritu Santo cualquier posibilidad de ejercer influencia sobre nuestro mundo? Considero que es una reflexión que debería plantearse todo creyente. Como refiere Gamaliel en un conocido pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles: “no vaya a resultar que estemos peleando contra Dios…”

Quisiera ofrecer un último comentario, dado que esta entrega se va volviendo demasiado larga. Va éste para aquellas personas que, a pesar de todas las argumentaciones sienten que algo en su interior les impide aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sea por una profunda convicción personal o por el bagaje educativo que han recibido. No tienen por qué angustiarse. Los católicos/as defendemos como sagrado el derecho a la libre conciencia. Debemos seguir los dictados de nuestra conciencia, aun cuando esto implique oponerse a la política oficial. Ya lo decía con preclara firmeza Benedicto XVI: “Sólo el carácter absoluto de la conciencia es la antítesis frente a la tiranía”. (Y no quiero meterme en más líos por el momento, pero recuerdo de paso que la libertad de conciencia aplica en relación con todas las autoridades… incluyendo las religiosas).

Pues bien, el creyente no tiene por qué estar de acuerdo con todas las decisiones que se toman en el espacio civil. La ley recientemente aprobada en el congreso yucateco, digámoslo claramente, no obliga a nadie a casarse. Ningún homosexual católico/a, que seguramente los hay, queda obligado por la nueva reforma legal a contraer matrimonio civil. Lo que ni él ni ningún otro creyente puede hacer en un Estado democrático, es pretender que su creencia se vuelva ley para los demás. Invoco de nuevo el recuerdo de Afganistán.

Para un creyente, es Dios siempre quien tiene la última palabra. El Código Penal es una lista de lo que la sociedad considera hoy un delito, no un elenco de pecados. Quienes sientan que no pueden aceptar de ninguna manera el matrimonio entre personas del mismo sexo pueden hallar consuelo en que todos seremos juzgados por Dios y dejarle a Él todos los juicios. Pero incluso en este caso extremo, hay un matiz que dichos creyentes tendrían que considerar: se ha acusado tanto de manera prejuiciosa a las personas homosexuales de promiscuas (como si los antros llamados vulgarmente ‘tumbaderos’, que funcionaban antes de la pandemia en el Anillo Periférico, hubieran sido mayoritariamente homosexuales), que el hecho de que algunas de ellas opten por el matrimonio debería resultarnos significativo. Por tanto, aún alguien que se opone a la homosexualidad en general podría, sin renunciar a su lógica, ver con buenos ojos el matrimonio entre personas del mismo sexo, considerándolo un ‘mal menor’ frente a sus alternativas.

Así, deponiendo posiciones irreductibles, los cristianos/as que asumen distintas concepciones de familia, podrán seguir trabajando en la construcción de una sociedad lo más equitativa posible, como Cristo seguramente querría que hiciéramos, sin tener forzosamente que estar de acuerdo en todo y sin satanizar a quienes piensan distinto.

Nota final a propósito del lobby gay financiado por transnacionales

He sido testigo, desde aquella primera legendaria reunión del 29 de mayo de 2008, hace trece años en el restaurante Amaro, del largo proceso que desarrollaron un conjunto de organizaciones civiles en la búsqueda de una figura que permitiera el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Después de revisar críticamente las distintas figuras que hasta aquel momento habían sido aprobadas en otras entidades del país (las Sociedades de Convivencia, en el Distrito Federal y el Pacto Civil de Solidaridad, en Coahuila) y de algunas disensiones internas, terminaron optando por solicitar el reconocimiento pleno de los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y ofrecieron públicamente las razones por las cuales habían llegado a esa decisión. No las repetiré aquí, pero cualquiera puede acceder a ellas en la memoria documental del largo proceso. Solamente menciono esto para desmentir el infundio fácil que sostiene que quienes se dedican a impulsar estos cambios lo hacen financiados por organismos internacionales de oscura intención. Lo que yo percibí es un puñado de gente generosa, que no recibía un quinto por aquel trabajo y que, más bien, ocasionaba gastos al consumir ingentes cantidades de café en sus reuniones, bebida que proveía en Amaro la siempre generosa y participativa Olguita Moguel.

Esta entrada ha sido leída 3325veces


2 Responses

  1. federico oscar canul ceballos dice:

    el articulo a todas luces favorece el matrimonio igualitario; me atrevo a comentar que a pesar de mencionar a creyentes y no creyentes, debiera hacerse énfasis en que esta reforma de ley civil será para todo ciudadano que así lo desee, incluidos los que no profesan ninguna fe (Deístas); y Ateos. quienes en sus experiencias personales y cercanas han acrecentado su incomodidad y hasta su repudio a las jerarquías eclesiales.
    La iglesia no les quita ni les da derecho alguno en el campo civil , que cuando acusan de odio y repudio a las iglesias no le veo sustento, son libres de ejercer ese derecho si así lo deciden

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: