Iglesia y Sociedad

Yo admiro al Doctor Douglas Canul. Además de ser un reconocido especialista en oncología, es un activista a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Douglas me envía con cierta frecuencia distintos mensajes electrónicos. Interesado en los temas de la sexualidad, me manda opiniones diversas sobre temas discutidos y candentes. Algunos de sus mensajes vienen con un título que revela su contenido: “Los conservadores opinan”. A Douglas le gusta conocer el pensamiento de todos, argumentar a favor o en contra, escuchar el pensamiento diverso y exponer el propio, debatir, pues. Yo admiro a Douglas Canul porque, a pesar de que no está de acuerdo con muchas de las opiniones que me envía a mi dirección electrónica, particularmente aquellas marcadas con la leyenda “Los conservadores opinan”, nunca se le ha ocurrido negar a otros la posibilidad de exponer su opinión. Nunca se lo he dicho, pero esa es una de las cosas que más admiro de él.

Recientemente, un incidente ocurrido en un noticiero matutino ha levantado ampolla. Esteban Arce, un conductor televisivo de mediano éxito, discutió con una invitada suya, especialista en sexología, que intentaba exponer la diferencia entre orientación y preferencia sexual. La discusión derivó hacia el trillado tópico de la normalidad o anormalidad de la homosexualidad y alcanzó una rispidez que fue resuelta con un abrupto y descortés corte de la participación de la sexóloga invitada.

El episodio, que puede fácilmente localizarse en la red, ha desatado las opiniones más diversas, desde aquellos grupos que han abierto un procedimiento de queja contra Esteban Arce ante la Comisión Nacional de Prevención contra la Discriminación (CONAPRED), hasta quienes han alabado su toma de posición calificándola de valiente y comprometida. Me parece que esta polémica, más allá de sus ribetes anecdóticos, nos ofrece la oportunidad de mirar de cerca, aunque probablemente no podamos resolverla del todo, una problemática mayor: la necesidad de armonizar dos derechos que pueden llegar a estar en conflicto, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación.

Esta disyuntiva no se ha presentado solamente en el caso de Esteban Arce, al que acabo de referirme. Hace algunas semanas, a raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara por mayoría la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, se desató una enconada discusión entre las vocerías del PRD y de la arquidiócesis de México. Algunas voces venidas de organizaciones a favor de la diversidad sexual llegaron a proponer interponer denuncias penales en contra del Cardenal de la Ciudad de México y de su vocero.

Estas circunstancias muestran que hay una discusión que aún no hemos dado o que no la hemos dado de manera que lleguemos a una solución asumida por todos: ¿Hay incompatibilidad entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación establecido ya en nuestras leyes? ¿Cuáles han de ser las atribuciones y límites del Estado en la regulación del derecho a la libertad de expresión? ¿Debe este derecho ser regulado o toda regulación debe ser considerada como censura inaceptable? ¿El respeto a la no discriminación debe ser logrado a partir de medios educativos o coercitivos? ¿Abarca la definición de discriminación sólo acciones que menoscaban derechos y/o niegan el acceso su disfrute o debe extenderse también a la expresión pública de pensamientos que algún grupo social pueda calificar de discriminatorios? El problema se agrava cuando se tratan temas cono el de la homosexualidad, que tocan fibras muy sensibles y en el que los consensos no están del todo consolidados.

Los lectores y lectoras de esta columna semanal están bastante enterados de mi posición frente al tema. Saben que abogo por una discusión abierta sobre este asunto dentro de la iglesia. No es mi característica defender posiciones eclesiásticas solamente porque sean las oficiales en este momento y considero que un sano debate es necesario. Sin embargo, me opongo a que sean silenciadas por la fuerza las opiniones, salvo que sea la fuerza del convencimiento.

No tengo las respuestas a las preguntas que he planteado antes. Creo que las conclusiones de la ciencia, las decisiones políticas, la argumentación racional, terminarán decantando, en un período que no será breve, las respuestas que lleven a un nuevo consenso sobre temas tan debatidos. Mientras tanto, creo que todas las voces deben oírse y todos los argumentos han de ser considerados y sopesados. Cuando una conclusión comience a ser evidente para la mayoría, será porque las razones que la sostienen sean argumentativamente defendibles y no por la amenaza de ir a la cárcel. Quienes defendemos la libertad de expresión deberíamos tener cuidado de no caer en las mismas actitudes que hemos combatido.

Es por eso que quiero compartir con ustedes el más reciente mensaje que me envió mi amigo Álvaro Olvera. Aunque no lo suscribiría con todos sus puntos y comas (y quien conozca mi manera de pensar seguramente descubrirá las zonas de desacuerdo), me parece que sí arroja cierta luz sobre la perspectiva desde la cual este conflicto de derechos debería ser abordado. Se los paso como materia de debate.

“He estado leyendo los ires y venires del asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto he leído las opiniones del Cardenal Rivera (soy católico) y la alianza que las iglesias evangélicas han hecho con él. Declarar inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo es la meta, a la que se han sumado la Barra de Abogados Católicos y seguro se sumará la tropa, como decía mi abue.

Además del asunto de la boda, que ya de por sí seria espinoso, se añade la posibilidad de adopción, lo que vuelve el tema una auténtica bomba en la mayoría de las religiones institucionales, porque no te creas que los “retrógradas” que “quieren acabar con el laicismo” (apoyados por cierto partido de derecha) es la iglesia católica romana. Para nada. Ni el judaísmo, ni el evangelismo, ni el catolicismo, ni el Islam aceptarían, cuando menos no en sus versiones oficiales, que siempre hay algunos más abiertos que otros, pues.

Que alguien se quiera casar con alguien de su mismo sexo, me parece bien; que quieran adoptar… habría que pensarlo para poder dar una opinión que no me salga de la entraña (aunque me inclino por el «no») Pedirle a las religiones, en este caso a la iglesia romana, que no hable, que no se oponga, es pedir de más. Me explico.

La diversidad consiste en que todos y todas tengamos cabida, los mismo derechos, incluso – como dijo magistral y poéticamente aquel indígena en Yucatán, cuando habló a Juan Pablo II – “tenemos derecho a ser diferentes, porque somos iguales”. Las personas homosexuales tienen derecho a pedir el matrimonio, a expresar su opinión respecto al tema y a luchar por ello; el mismo derecho le reconozco yo a la iglesia de oponerse, expresar su opinión y luchar por ello.

Eso es pluralidad, saber que no todos piensan (ni tienen porque pensar) de la misma manera que yo; las iglesias (salvo la anglicana que dicho sea de paso se lleva mis respetos más profundos por su postura respecto al tema de la orientación sexual) tienen un sistema de creencias, una ética y una moral que nace de siglos de vida. Que no nos guste o que se oponga a la nuestra es una cosa, pero que exijamos que esa visión del mundo desaparezca, es otra. Cuando un joven escribe en su pancarta “Cardenal ¿qué te importa si me caso con un igual?” está equivocando el punto. Como institución, la iglesia tiene un rol social que cumplir, y renunciaría a ese rol si se callara.
Que el Cardenal exprese su opinión, y que los evangélicos se unan. Que los abogados y todos los demás fieles católicos se opongan y busquen cambiar las leyes que desde SU visión consideran injustas… ¿No es lo mismo que están haciendo los colectivos gay con esto del bodorrio? Desde MI visión, es lo mismo.

Que los católicos romanos sigan a su líder es sano, que mientras no sea un delito, todos tenemos derecho a hacerlo. Que busquen influir en las leyes es bueno, todos tenemos derecho a lo mismo. Que su postura y la mía sean divergentes es sanísimo para el tejido social, todos tenemos derecho a tener opiniones diversas.

Que un legislador vote a favor o en contra de acuerdo a sus valores morales es lo que yo espero de él (independientemente de dónde sacó esos valores, si del catecismo o de Voltaire), porque pedir al funcionario que separe sus valores de su ejercicio público es absurdo y es fatídico. La corrupción existe y florece precisamente porque los servidores públicos ejercen su función haciendo a un lado sus valores.

Si yo, por ejemplo, creo que el aborto es un crimen NO debo votar a favor por ningún motivo, como no votó a favor de la esclavitud de los indígenas el famoso Bartolomé de las Casas, siguiendo sus valores y aun en contra de la opinión pública y eclesiástica de la mayoría.

Ahora bien, que el Estado incline la balanza no al bien común de un pueblo que necesita crecer, madurar, avanzar en el camino de la democracia y la justicia, sino a compadrazgos, eso es lo que no debemos permitir que suceda ni con esta, ni con ninguna otra ley.

No es la iglesia la que debe callar, es el Estado quien debe poner el bien de todos y para todos por encima de las opiniones particulares. Si esto no sucede y se legisla por otros motivos, sea por miedo a la excomunión o por ganas de “echarse a la bolsa” los votos de la comunidad gay en el 2012, entonces sí hemos fracasado todos. Que hablen los que quieran, que se legisle como se debe, digo yo”.
J. Álvaro Olvera I.