Iglesia y Sociedad

Por la liberación de Raúl Hernández

26 Ago , 2010  

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La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’phaa, también conocidos como indígenas Tlapanecas. El territorio de este pueblo originario se encuentra en el sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’phaa, y sus comunidades cuentan con uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.

La OPIM y sus líderes han logrado, en los años que llevan existiendo como organización de derechos indígenas, llevar a instancias nacionales e internacionales graves casos de violaciones a los derechos humanos de algunos de los miembros de su comunidad, han logrado exponer los abusos cometidos por autoridades y por el cacique que opera en el área, y han desarrollado importantes proyectos de desarrollo económico y social en beneficio de su pueblo.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero, como la OPIM, desde hace muchos años. El año pasado, por poner solamente un ejemplo, el Secretario y el Presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), otra organización de defensa de derechos humanos, fueron hallados muertos la noche del 20 de febrero de 2009 en el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron secuestrados por hombres armados siete días antes. Los dos cuerpos fueron identificados por sus familias y presentaban señales claras de tortura.

En el caso de la OPIM, su labor de defensa de los derechos del pueblo tlapaneco ha derivado en duras represalias. Consecuente con uno de los patrones de actuación más recurrentes en los últimos años, cinco miembros de la OPIM fueron detenidos acusados de asesinato. En efecto, el 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, acaecido el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalado habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna llegó a ejecutarse.

En marzo de 2009, un año después de su injusto encarcelamiento, cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad, debido a que los cargos fabricados no pudieron sostenerse ante el juez, quedando claro que el juicio en contra de estos defensores de los derechos humanos tenía una motivación política, estaba basado en evidencia fabricada y poco fiable y buscaba castigarlos por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos de su comunidad. Susan Lee, Directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional, señaló que dicha liberación era un paso positivo debido a que “nunca hubo suficientes pruebas para justificar el encarcelamiento de estos indígenas defensores de los derechos humanos,” y reclamó al Estado Mexicano dar el siguiente, urgente paso: acabar con la detención y juicio injusto contra Raúl Hernández, el único detenido que aún continúa en prisión.

El gobierno mexicano, de manera particular el guerrerense, se ha mostrado sordo a este llamado. Queda cada vez más claro que la detención prolongada e injustificada de Raúl Hernández es parte de una serie de ataques y agresiones que buscan desarticular a la OPIM en represalia por los logros que han obtenido en la defensa legítima y activa de los derechos humanos de su pueblo. De ahí que la organización Amnistía Internacional lo haya nombrado “preso de conciencia”. Como parte del prolongado juicio, durante la visita de los representantes del Ministerio Público, de la defensa y del juez encargado del proceso a la escena del crimen, se evidenció que los dos testimonios en los cuales se basó la Procuraduría para la detención de Raúl Hernández no son fidedignos y por lo tanto deberían haber sido desechados.

Pero México parece seguir siendo el país donde todo puede lograrse, así sea contraviniendo las normas legales y pasando por encima de los derechos de las personas. Ahora resulta que las varias pruebas, incluidos testimonios de testigos presenciales que la defensa ha presentado, han sido ignorados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. La Procuraduría insiste en dar solamente credibilidad a los dos testimonios a todas luces fabricados, en no agregar prueba adicional alguna para sostener la acusación, y, en no tener en cuenta la evidencia o los argumentos presentados por la defensa.

El pasado viernes 6 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero presentó conclusiones acusatorias contra Raúl Hernández, prolongando así los dos años y cuatro meses que este defensor de derechos humanos lleva privado de su libertad. Existe la posibilidad, el riesgo real, de que un defensor de derechos humanos sea condenado injustamente por un crimen que no cometió y en represalia por sus acciones legítimas a favor de los derechos humanos. Será ahora el juez quien tendrá que tomar la decisión sobre la situación de Raúl Hernández en los próximos días.

Es por eso que los representantes de Amnistía Internacional han enviado la semana pasada, el 16 de agosto, una carta a Felipe Calderón haciéndole un llamado para la inmediata e incondicional liberación de Raúl Hernández y señalando, después de un estudio detallado de los archivos ministeriales del caso, las graves fallas de que está plagada la conclusión acusatoria del ministerio público guerrerense. A esta noble acción quiere unirse esta columna semanal.

Colofón: Publico esta columna antes de llegado el fin de semana, porque me he enterado que el Juez debe dictaminar sobre la situación de Raúl Hernández el día de mañana.

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