La prensa local dio cuenta en días pasados de manifestaciones realizadas contra la Procuraduría General del Estado y contra la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY) por el caso de Roberth Tzab Ek, muerto el 19 de agosto pasado.
Las reclamaciones no son menores: se acusa a la Procuraduría de poner en riesgo la integridad física de las personas detenidas, de favorecer el silencio y la indolencia frente a delitos y violaciones a los derechos humanos de los detenidos aun cuando hay responsabilidad directa y evidente de funcionarios públicos, de encubrimiento por parte de los altos mandos de la Procuraduría, de desdén hacia solicitudes de información debidamente fundamentadas, de mantener a los funcionarios en sus puestos sin iniciar contra ellos ningún proceso de investigación, etc. En el caso de la CODHEY se denuncia la culpable falta de interés del organismo para investigar las violaciones a los derechos humanos, máxime cuando se trata de sospecha de tortura, una de las violaciones más degradantes y combatida por los organismos de derechos humanos de todo el mundo, asumiendo con esto una complicidad que redunda en indefensión de los ciudadanos y ciudadanas.
La gravedad de las acusaciones desnuda, además de la impunidad que, como cáncer maligno, permea las instituciones de procuración de justicia en el estado, las deplorables condiciones de las cárceles en Yucatán donde, según informaciones hechas públicas por la misma CODHEY y algunos medios de comunicación social, han muerto en circunstancias que no se han explicado de manera suficiente 13 personas desde 2006 hasta la fecha, siete de ellas en el año 2010. El caso de Roberth Tzab ha captado el interés de los medios y de los organismos de derechos humanos de otras partes del país y del extranjero, justamente porque se ha constituido en uno de los síntomas mayores de una enfermedad que corroe el sistema de procuración y administración de justicia en Yucatán.
Roberth Tzab Ek falleció el 19 de agosto de 2010, cuando se encontraba detenido en la cárcel preventiva de la Procuraduría del estado de Yucatán con sede en Tekax. El 17 de agosto había sido detenido por elementos de la policía estatal y municipal de Oxkutzkab por agredir a su esposa con un cuchillo, después de una llamada de auxilio realizada por vecinos. Cuando la policía llegó al domicilio, el señor Tzab le disparó a los policías con su rifle e hirió a dos uniformados. Cuando se le acabaron los tiros la policía entró, lo sometió, lo detuvo y lo trasladó a lo separos de la Procuraduría, con sede en Tekax. Esto ocurrió el 17 de agosto en la madrugada. La esposa fue trasladada al hospital pues el señor Tzab la hirió en la espalda con un cuchillo.
El día 18 de agosto el señor Roberth Tzab fue presentado ante los medios de comunicación en su calidad de detenido. Distintos medios de comunicación publicaron una fotografía en la que se ve al señor Tzab de pie. A simple vista no se observan lesiones ni aspecto de gravedad o debilidad alguna. Sin embargo, el día 19 de agosto en la madrugada falleció el señor Roberth Tzab. Su hermana relató al equipo de derechos humanos Indignación A.C. que ese día ella acudió a ver a su hermano pero no la dejaron verlo, por más que insistió que quería ver cómo estaba y llevarle alimentos. Reiteradamente le negaron la posibilidad de verlo en ese momento, le dijeron que tendría que ser después. Ella se retiró del edificio de la Procuraduría y, mientras se dirigía a donde está el sitio de taxis, recibió una llamada de la Procuraduría solicitándole regresar. Volvió y entonces le informaron que su hermano había fallecido esa madrugada.
Algunos medios de comunicación han hecho notar que en el boletín que emitió la Procuraduría por la detención de Roberth Tzab no se menciona que estuviera herido. Ese boletín ya no se encuentra en el portal electrónico de la Procuraduría, pero en el que emitió esa dependencia a raíz del fallecimiento se descarta, sin investigación alguna, la responsabilidad de agentes en el fallecimiento de Roberth Tzab Ek. Vecinos de Ticul, alarmados por el caso, se manifestaron el día del entierro frente al Ministerio Público de esa ciudad. Roberth Tzab era originario de Ticul, fue detenido en Oxkutzkab, en la casa que habitaba su esposa (él acababa de volver de Estados Unidos puesto que había vivido ahí como migrante los últimos años) y falleció en Tekax.
Los familiares, entre ellos el hijo homónimo del difunto, han reclamado de la Procuraduría información suficiente sobre este caso en el que, casi de manera obligada, hay que sospechar que la muerte fue ocasionada por tortura. La revisión del expediente le ha permitido a los familiares notar las escasas diligencias que se han realizado para explicar la extraña muerte de Roberth. La exculpación de los agentes que participaron en la detención por parte del Procurador, inmediata y sin mediación de investigación alguna, fue la última manifestación pública del responsable de la procuración de justicia en el estado. A pesar de ser un caso tan grave, y de la resonancia mediática que ha tenido, no ha habido otra información pública acerca de los avances de las investigaciones, si es que las ha habido.
Algunas personas podrán opinar que no vale la pena “defender” a una persona que llegó a las celdas acusado de ejercer violencia en contra de su esposa. Nadie defiende al difunto de tales acusaciones, desde luego. Roberth, por lo demás, no necesita ninguna defensa porque ya está muerto. El interés, en cambio, por parte de la familia de aclarar las circunstancias de su muerte es un asunto de vital importancia. El sistema de justicia debe procurar el castigo a los transgresores de la ley, no hacerse justicia al margen de la misma. Si los agentes de la policía pudieran eliminar a su antojo a un detenido, sobraría el sistema de procuración de justicia, y estaríamos a merced de quienes no deberían hacer, según nuestras normas, nada fuera de aquello que la ley les permite. Y la ley no le permite a un policía torturar y matar a un detenido, aun cuando su delito hubiera sido grave o deleznable. No hay que olvidar que cualquiera de nosotros podría estar en situación de ser detenido. Dejar que policías ajusticien a un detenido, a cualquier detenido, en lugar de presentarlo a los órganos encargados de procurar justicia, es una puerta abierta a la barbarie.
Puede ser, sin embargo, que la realidad sea otra, y que la muerte de Roberth Tzab pudiera explicarse por otros motivos. Toca a la Procuraduría, en lugar de mantener este sospechoso silencio, rendir cuentas públicas y convincentes del caso. En esto radica la importancia del caso de Roberth Tzab. Es un examen público de la salud o enfermedad de nuestro sistema de justicia estatal. Tanto silencio y encubrimiento oficial en torno al caso hacen sospechar que la procuración de justicia en el estado está tocada por la mortal enfermedad de la corrupción y la impunidad.