Algunas noticias aparecidas en la prensa nacional en esta última semana son muy preocupantes. La creación de un organismo coordinador que agrupará bajo un solo mando a todos los órganos nacionales de seguridad ha recibido una casi unánime respuesta negativa de las fuerzas que trabajan por la democracia y el cambio social. «El miedo no anda en burro», dice el refrán. Los organismos civiles y los partidos de oposición tienen toda la razón del mundo al sospechar que un organismo de esta índole pueda fácilmente ser utilizado para la represión de la organización ciudadana y pueda caer en la tentación de actuar por encima de la ley y de las garantías constitucionales.
También la semana pasada nos enteramos de que han sido adquiridos (¿por el gobierno federal?) 18 vehículos provistos de cañones de agua y diseñados para dispersar manifestaciones y controlar desórdenes. Es difícil pensar que dichos vehículos blindados vayan a ser utilizados para regar las superficies desérticas del país o para dispersar alguna manifestación del partido oficial; la compra de estos vehículos parece tener destinatarios bien precisos. Cuando Sergio Aguayo, director de la Academia Mejicana de Derechos Humanos, supo de la compra afirmó, «Esta es una señal ominosa de que algo va a suceder. No me gusta»: certera síntesis de lo que una buena parte de los mejicanos habrán pensado al enterarse de la noticia.
Un tercer acontecimiento viene a sumarse a los dos anteriores: hay una creciente intimidación de parte de la secretaría de estado encargada de la seguridad nacional en contra de activistas de derechos humanos, miembros de organizaciones civiles y -en relación con la guerra de Chiapas- de gente de iglesia, laicos/as, religiosos/as y sacerdotes, comprometidos en la toma de conciencia de sus comunidades o que han manifestado su simpatía por la labor pastoral de la iglesia chiapaneca. Esta intimidación ha sido documentada y públicamente denunciada por la red nacional de organismos de derechos humanos «Todos los derechos para todos».
Una conclusión tentativa ante todos estos hechos es que el gobierno nacional se está preparando para enfrentar un proceso de desestabilización o un previsible estado de ingobernabilidad en la nación. El problema es que no sabemos quiénes son o serán los promotores de esa desestabilización o ingobernabilidad contra la cual el gobierno parece estarse preparando con tanta eficiencia.
Aunque lo normal sería pensar que el gobierno se prepara para combatir a enemigos de la paz y la tranquilidad del país que, lógicamente, se encuentran fuera de sus filas, algunos ciudadanos -yo entre ellos- estamos acostumbrados a que en Méjico las cosas suelen ocurrir al revés. Ya Breton afirmaba que nuestra patria es un país «surrealista». Y no hablo gratuitamente: que en las investigaciones acerca del asesinato del candidato del PRI a la presidencia, por ejemplo, estén ya implicados como presuntos responsables en algún grado, algunos de los encargados mismos de la seguridad del candidato, muestra que las cosas en nuestro país están más revueltas de lo que nos imaginamos.
La situación es delicada; la hora actual es, quizá, el momento político de mayor trascendencia desde el fin de la revolución mejicana. No se puede jugar con fuego. La posición de algunos comentaristas de radio y televisión plenamente identificados con la linea oficial que, con creciente insistencia, afirman a voz en cuello que el gobierno no debe tolerar más el desorden, aumenta más las sospechas de que -como dice Aguayo- «algo va a suceder». Tal vez nunca ha sido tan grande la responsabilidad del gobierno y de sus órganos de seguridad en la toma de decisiones, como en el período que culminará en el proceso electoral del 21 de agosto y en sus tiempos postelectorales. No se puede en estos momentos aventurar públicamente hipótesis que aumenten la confusión; no puedo -sin embargo- dejar de asentar aquí que, en mi humilde opinión, la creación de una «superpolicía», la compra de carros para reprimir manifestaciones públicas, y la intimidación de ciudadanos que realizan labores de toma de conciencia popular, no son medidas que ayuden a promover la estabilidad social y la gobernabilidad.
Desde hace algunos días, seis para ser exactos, he intensificado mi oración por esta atribulada patria en la que vivimos. Le he pedido a Dios que prive en esta hora la sensatez y la cordura y que todos, especialmente el gobierno del país, tengamos la valentía y la humildad necesarias para poner el bien de todos en primer lugar. He pedido también fortaleza y serenidad para aquellos que, desde las más diversas trincheras, han decidido colaborar para el florecimiento de una patria más justa, fraterna y democrática, y han apostado a este sueño («sin aval», como diría el poeta) hasta su propia seguridad personal. Le he pedido, por último, que la realidad desmienta mis sospechas. Nunca como ahora he deseado resultar solamente un falso profeta de catástrofes.
tu comentario aqui que la verdad le duele ala gente por que nunca sabe lo que uno causa
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por que no explican que es estabilidad social