Iglesia y Sociedad

60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

8 Dic , 2008  

Esta entrada ha sido leída 3208veces

El 6 de agosto de 1945 la humanidad se miró al espejo y recibió como respuesta su peor imagen: decenas de miles de muertos por el estallido de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y más de seis millones de personas asesinadas en los campos nazis de concentración, la mayor parte de ellas judías, además de miles de polacos y homosexuales.

Pero no diríamos la verdad completa si explicáramos el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos únicamente en relación con estos trágicos acontecimientos. La historia de esta Declaración, que el próximo 10 de diciembre cumple sesenta años, también lleva escritos los nombres de innumerables hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a arriesgar su posición, su libertad y su vida misma en la construcción del sueño colectivo de una sociedad organizada bajo normas de convivencia que respetaran la dignidad de cada persona, pusieran coto a los abusos del poder público, y garantizaran para todos y todas una vida plena, libre y segura.

A lo largo de estos sesenta años se han venido construyendo en el nivel internacional algunos instrumentos que presionen y obliguen a los estados nacionales a desempeñar su función de garantes de los derechos de todas las personas. A la Declaración Universal han seguido Pactos que definen con mayor detalle los derechos individuales y sociales de las personas y que han sido firmados por la mayoría de los países pertenecientes a la ONU, y también Protocolos que establecen las instancias internacionales a las que los ciudadanos, una vez agotados los recursos de defensa en el interior de sus países, pueden recurrir para salvaguardar sus derechos humanos.

A este andamiaje jurídico ha venido aparejada una evolución de la conciencia colectiva. No hay sistema social ni partido político alguno que no incluya el respeto a los derechos humanos dentro de su plataforma de presentación. Al igual que lo que ocurre con el rechazo social a la violencia contra la mujer, el respeto a los derechos humanos es una convicción que ha ganado terreno en la conciencia y el discurso cultural, aunque no siempre venga acompañado de un coherente cumplimiento por parte de las mismas entidades públicas que lo proclaman. Por otro lado, el recrudecimiento de algunos fundamentalismos de tipo ideológico y religioso, se constituye hoy en la principal amenaza contra la vigencia y el respeto de los derechos humanos.

Aunque deba reconocerse el surgimiento de organismos públicos de defensa de los derechos humanos como parte de este caminar in crescendo de una cultura de respeto y garantía de tales derechos, no soy tan ingenuo como para no darme cuenta de cuán frágiles son esas construcciones y cómo no terminan muchas veces de convertirse en auténticas experiencias de autonomía y eficacia. En nuestro país el mal ejemplo de la CNDH, ese elefante que absorbe una cantidad escandalosa de recursos y produce resultados tan magros, parece haber cundido en las comisiones estatales. La mayor parte de ellas es ineficaz, dispendiosa y botín político de los partidos. La comisión del Distrito Federal es una honrosa excepción cuyo valor extraordinario reside, precisamente, en mostrar los resultados que se puede obtener cuando se cumple lealmente con la encomienda que se recibe y cuando el responsable de conducir el organismo asume su cargo, no como oportunidad de escalar políticamente, sino como privilegiada oportunidad de ofrecer una significativa aportación en la construcción del otro mundo posible.

En Yucatán celebramos el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal en medio de una grave crisis de la CODHEY, a la que he hecho alusión en mi columna de la semana pasada. Y aunque ya debería estar curado de espanto, no deja de asombrarme la manera tan tibia, por no decir indiferente, como el congreso del estado quiere darle la vuelta a la crisis sin enfrentarla. Repitámoslo: la renuncia de tres de los cuatro consejeros ciudadanos es un desafío mayor. Se trata, estructuralmente hablando, de la crisis mayor que el organismo local haya enfrentado en su ya no tan corta historia. Es también una oportunidad única para iniciar una revisión seria del funcionamiento del organismo y del equipo que lo preside. Basta recordar que los consejeros no se han ido de la CODHEY sin antes denunciar una serie de irregularidades que habían hecho conocer previamente, a lo largo de varios meses, al presidente de la CODHEY y a los legisladores locales. Fuera de algunas declaraciones aisladas y vagas, no ha sido anunciada públicamente ninguna medida de revisión de parte de los diputados y diputadas.

Que algún ciudadano o ciudadana trivialice la crisis de la CODHEY, aunque lo haga de buena fe y lo publique en la prensa escrita, se entiende debido a que la ignorancia –como decía Monseñor Cantón Marín– es atrevida y no siempre es fácil que el ciudadano de a pie cuente con la información suficiente. Pero lo que resulta comprensible en el caso de un ciudadano desinformado se convierte en algo inadmisible si se aplica a los legisladores del congreso del estado, bajo cuya responsabilidad recae el nombramiento del presidente de la CODHEY y la evaluación del funcionamiento de dicho organismo público.

Colofón: La polémica sobre la pena de muerte hace su aparición de manera cíclica en México respondiendo, las más de las veces, a intentos de desviar la atención de la sociedad. La mezquindad política del gobernador coahuilense, a quien se han unido otros políticos y comunicadores, se monta sobre la legítima desesperanza social frente a la ineptitud de las autoridades en el combate contra la delincuencia, esas mismas autoridades a las cuales parece urgirles que el estado se convierta en asesino. Que haya gobernantes que sostengan que el problema de la seguridad reside en las penas que se imponen a los delincuentes en ver de reconocer la obscena impunidad en la que vivimos y de la que ellos son directamente responsables, es cuando menos hipócrita. ¿Cómo matarán a los secuestradores a los que no han podido o no han querido aprehender?

Esta entrada ha sido leída 3208veces


2 Responses

  1. Ricardo Pech George dice:

    …creo que la verdadera autonomia contribuye a una organizacion de derechos humanos sin miedos, sin trampas y sin compromisos, para defender y reclamar los derechos pisoteados por quien sea. Saludos a todos

  2. Ricardo Pech George dice:

    Una veradadera organizacion de defensa de derechos humanos no debe tener «afiliaciones». Sobre todo porque a veces los agravios provienen de grupos o gente influyente. Creo

Responder a Ricardo Pech George Cancelar respuesta

A %d blogueros les gusta esto: