Iglesia y Sociedad

Atentado contra El Oasis

19 Sep , 2013  

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Mérida, Yucatán, a 19 de septiembre de 2013

C. Rolando Zapata Bello
Gobernador del estado de Yucatán
C. Luis Felipe Saidén Ojeda.
Secretario de Seguridad Pública
C. Celia Rivas Rodríguez.
Fiscal General del estado

Acudo a ustedes, de manera urgente, alarmado por la pasividad de las autoridades estatales ante un claro caso de despojo cometido en contra del Albergue Oasis de San Juan de Dios AC, que como ustedes saben, se dedica, desde hace más de 20 años, a la atención y defensa de los derechos humanos de personas que viven con VIH/Sida.

El pasado miércoles 18 de septiembre, decenas de trabajadores provistos de trascabos y otras maquinarias y encabezados por el Lic. Wilberth Mendoza, quien dijo ser representante del Sr. David Peña quien se afirma como dueño del terreno, rompieron una barda e ingresaron a terrenos que posee Oasis de San Juan de Dios desde 1986. Inmediatamente empezaron a construir y a dividir los terrenos. En el lugar de los hechos se encontraban funcionarios del catastro estatal, así como el notario público Luis Silveira Cuevas, de la notaría No. 8. El terreno invadido y cercado por los particulares, sirve como un espacio de cría de animales de granja necesarios para la subsistencia del Albergue.

Lo más grave del asunto, es que en el lugar de los hechos, había dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (la número 5930 y la 1944), quienes, a pesar de la insistencia de los representantes del Albergue para que intervinieran y detuvieran a los invasores, se negaron a hacerlo, no obstante que se trataba de un delito cometido en flagrancia. Cabe enfatizar que dichas acciones por parte de los citados particulares, se dieron sin que existiera ninguna orden judicial ni autoridad pública que la ejecutara, con lo cual estamos ante un claro delito de despojo y daño en propiedad ajena.

La incursión de un particular en una propiedad privada para hacerse justicia por propia mano resulta absolutamente inaceptable, además de ir en contra del derecho del posesionario. Si hay un litigio entre posesionario y presunto propietario, éste debe dirimirse en las instancias adecuadas, y no por el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza, lo que constituye un delito. La presencia y pasividad de la policía preventiva, y de tres funcionarios públicos del Catastro, nos hace temer algún grado de complicidad o algún intento de corrupción para pretender hacer pasar como legal lo que no es sino una acción que viola las leyes y los derechos humanos. Pero más grave es la omisión por parte de las autoridades estatales para detener un hecho que constituye un claro delito. Efectivamente, además de la pasividad de los policías arriba reseñada, las y los funcionarios de la agencia 35 del Ministerio Público de Cordemex, donde el mismo día de ayer se presentó una denuncia penal, no han realizado las acciones necesarias tendientes a detener el hecho delictivo. A pesar de haber asistido al lugar de los hechos y corroborado que los particulares invasores no contaban con una orden judicial, se negaron a detener los hechos, incumpliendo con una obligación elemental de procurar justicia y prevenir la comisión de delitos. Como consecuencia de lo anterior, los particulares invasores siguen delimitando y construyendo, de manera ilegal, en el terreno despojado.

Es preciso insistir, en que aunque una parte del terreno se encuentra en litigio, el Oasis ha ganado todas las instancias judiciales y administrativas a través de las cuales ha sido demandado y/o denunciado, con lo cual resulta evidente que esta acción pretende suplantar lo que ante los órganos de justicia no se ha podido lograr.

En múltiples ocasiones, en su discurso, el gobierno del estado Yucatán ha utilizado como argumento principal la prevalencia del estado de derecho y de la seguridad como uno de los elementos que caracterizan a la entidad. Ejemplo de ello, son las recientes declaraciones del Gobernador en la reunión de trabajo con los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, en donde entre otras cosas señaló que «otra razón para invertir en Yucatán es el Estado de Derecho que impera en nuestro territorio y los niveles de seguridad que se constituyen como la columna que nos permiten un desarrollo social, económico, cultural, productivo y deportivo».

Sin embargo, pareciera ser que ese estado de derecho se aplica de manera selectiva. En el presente caso y a pesar de la existencia de un delito flagrante las instituciones han sido incapaces de detener el delito y resguardar los derechos de Oasis. En consecuencia, no puede hablarse de estado de derecho cuando las autoridades estatales incumplen con su deber de proteger, prevenir e investigar, obligación especialmente reforzada cuando se trata de sectores y grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad, como lo son las personas que se benefician del trabajo del Albergue.

Ante estos acontecimientos, exijo de manera inmediata al Gobierno del Estado de Yucatán:

1. Detener todo tipo de destrozos y construcción de parte del grupo atacante en los terrenos que están en posesión del Oasis de san Juan de Dios.
2. Iniciar la investigación y, en su caso, detención y sanción de los responsables de este delito.
3. Investigar y sancionar a los funcionarios que autorizaron el uso de la fuerza pública para resguardar a los atacantes.

Esta carta puede ser reproducida para solidarizarse con el Oasis y puede ser enviada a los siguientes correos:

  • despachogobernadoryucatan@gmail.com
  • rolando.zapata@yucatan.gob.mx
  • atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx
  • celia.rivas@yucatan.gob.mx
  • alberto.perez@yucatan.gob.mx

 

 

 

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One Response

  1. Los compañeros del Oasis están cumpliendo una función que le corresponde al propio gobierno!!! Ellos y ellas atienden a los enfermos con amor y respeto. Con sentimientos que muchas veces las propias familias han negado a los enfermos. Son por muchas razones admirables y dignos de todo nuestro apoyo y admiración! Gracias al Padre Lugo y al Grupo Indignación por encabezar su defensa.

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