Iglesia y Sociedad

El TPP: resumen de la sentencia final

3 Dic , 2014  

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En la búsqueda de caminos para transformar el país de horror en el que vivimos en algo más parecido a la casa de justicia y dignidad que todos/as nos merecemos, la aportación de la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos es insoslayable. Siendo el fruto de tres años de escuchar a las víctimas y con la calidad moral de los jueces dictaminadores, el documento de cerca de cien páginas, es un retrato de las debilidades más hirientes del sistema mexicano y un elenco de propuestas que pueden ser de mucha utilidad. Pero no todos/as tenemos el tiempo disponible para la lectura del documento completo. La semana pasada les compartía los consejos finales del TPP para la refundación de México. Hoy quiero terminar mi aportación entresacando del documento aquellos párrafos que nos permitan acceder a las líneas más generales de su contenido y, de manera destacada, a la realidad de la península de Yucatán. Siempre es un poco largo, pero estoy seguro que a muchos les será más fácil leer diez páginas en lugar de cien. Ojalá les sirva.

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y
DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO
Ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014
Síntesis de la Sentencia final

(Este documento es un resumen de la sentencia final del TPP. Los subtítulos son responsabilidad del sintetizador. Los textos, en cambio, están extraídos literalmente del documento oficial, de cerca de 100 páginas. Fueron privilegiados en la selección los párrafos que hacen referencia a la realidad de la península de Yucatán)

A manera de introducción:
A LA SOMBRA DE AYOTZINAPA
Los días de esta Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la Audiencia Final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.
Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

Sobre el trabajo del Tribunal de los Pueblos
Dado que el TPP, por definición, no cuenta con el poder de traducir sus juicios en decisiones prácticas punitivas, recibe su legitimidad de dos características complementarias: a) la capacidad de garantizar una representatividad efectiva de los “pueblos” que se encuentran huérfanos de derechos y víctimas sin esperanza de reconocimiento y reparación; b) la utilización del derecho existente con una mirada que garantice y promueva interpretaciones y juicios que reconocen a las víctimas como titulares de derecho, que asumen el desafío de considerar como inviolable la prioridad jerárquica de los derechos de las personas y de los pueblos, sobre el derecho de los tratados que regulan los bienes de mercado… (Lo ha hecho a través de) 10 audiencias temáticas y transtemáticas, producto, a su vez, de 40 preaudiencias, con la participación de las poblaciones afectadas, decenas de miles de personas, y con la contribución muy activa de redes de profesionales de las diferentes disciplinas.

Jueces
Philippe Texier (Francia, Presidente), Monseñor Raúl Vera (México), Elmar Altvater (Alemania) Luciana Castellina (Italia), Graciela Daleo (Argentina), Alda Facio (Costa Rica), Daniel Feierstein (Argentina), Juan Hernández Zubizarreta (España), Carlos Martín Beristain (España), Antoni Pigrau Solé (España), Silvia Rodríguez (México), Nello Rossi (Italia).

Descripción de la realidad
Sobre la transformación de la estructura productiva en México
La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes de la firma del TLCAN fue suplantada por una reconstrucción deformada de una agricultura de exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados, etc. Hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense: hortalizas, berris, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapola, etc.
Todos los programas de apoyo a la producción rural han sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización que avanza primordialmente en el centro del país. Aun así, la mayor parte de la propiedad rural de la tierra se mantiene en el norte y sur del país, en manos de propietarios colectivos que se resisten a registrar de forma privada sus tierras.
Resulta simbólico en este contexto, la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental de la organización social de México.

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Los testimonios que se presentaron a la largo de la Audiencia Final permiten afirmar que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.
El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía…
Es aquí donde por primera vez se ha procedido a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas nacionales a los imperativos del Tratado. De esta manera, se elimina todo poder de decisión de las instituciones representativas de los intereses del pueblo mexicano. Desaparece el espacio del derecho público; el Estado se convierte en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas… La impunidad transnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado.

Sobre la economía criminal y la criminalización de la economía
La “economía criminal” posee una incidencia extraordinaria. El sector amplio y ramificado de la economía criminal mexicana obtiene sus ganancias de un largo espectro de actividades ilícitas: el lucrativo tráfico de drogas realizado por los distintos cárteles del narcotráfico que operan en el país y generan enormes beneficios ilegales; el contrabando de armas de fuego; la explotación de personas migrantes cometida mediante secuestros, extorsiones y chantajes; el reciclaje de los ingresos provenientes de la droga y de las otras actividades ilícitas, principalmente en los Estados Unidos… Los métodos de acción de los sujetos que operan en el sector de la economía criminal son: el uso sistemático de la violencia en los conflictos internos y con el propósito de resquebrajar las diversas formas de resistencia de la población, así como, el recurso, igualmente sistemático, a la corrupción de los representantes políticos y de los funcionarios públicos.
Como ya se ha dicho, el sector de la verdadera y propia “economía criminal”, con sus inusitadas dimensiones y con la horrible crueldad de sus métodos, coexiste y convive con una difusa “criminalidad económica”, la criminalidad de los delincuentes de cuello blanco.
La criminalidad de los delincuentes de cuello blanco encuentra en México muy pocos obstáculos por la casi total ausencia de normas regulatorias de los monopolios, de reglas eficaces sobre la operación de los bancos y sobre la transparencia financiera, de instrumentos de obstrucción oportuna del lavado de dinero sucio y de formas de manipulación del mercado financiero.

Sobre la violencia ambiental
Mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. Se ha dado una destrucción acelerada de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. Según el Instituto Nacional de Geografia, en 20 años post TLC, México ha perdido 34.68% de sus bosques y selvas. Las denuncias ante este tribunal por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y trasnacionales suman 211 que afectan a 433 municipios de 21 estados. Algunas de estas denuncias como en Michoacán o Guerrero afectan a rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos naturales y la criminalidad organizada. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica, que generó una demanda de medidas cautelares ante el sistema judicial mexicano que constituye una de las pocas excepciones en la tutela judicial de la protección de la vida en relación al medio ambiente. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos

Sobre el holocausto migrante
México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. En un territorio peligroso donde se desprecian sus derechos, y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas, a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber, o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migración que atraviesan el país de Sur a Norte. El Estado no ha escuchado siquiera a estas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha políticas de prevención de la tortura, de atención a los migrantes o de protección de los territorios, ni parece haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática.

Sobre la minimización de la violencia
La descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos, con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción.

Sobre la violencia de género
La violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia oficial. Misoginia que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido debido al poco valor que se le da a la vida y actuar de las mujeres. Pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los TLCs, como lo es el hecho de que la privatización de los servicios públicos recae principalmente sobre los hombros de las mujeres quienes tienen que asumir el cuidado de las personas enfermas, ancianas o con alguna discapacidad. Como se advirtió en varias audiencias, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Aunado a ello, se advierte un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas sostenidas por una cultura de desvalorización de la vida y roles de las mujeres. Cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans, es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana

Sobre los desaparecidos y desaparecidas
El Tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas, o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas, otro 16.000 y otro 8.000, usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema. Esta lucha por la representación de la realidad supone una ausencia de un reconocimiento efectivo, lo que hace que, ocho años después de la política bautizada “guerra contra el narcotráfico”, no existan registros fiables, no haya información sobre los datos que refieren más de un millón de desplazados internos, ni un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias.

Un Estado en el que nadie ya confía
De forma sistemática hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance. O en algunos casos lanzan mensajes que son parte de la amenaza. Mientras, crece la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legitimidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos.

El diagnóstico
Sobre el papel del Estado en el despojo
Estas políticas y prácticas muestran cómo se han presentado como pretendidas políticas de desarrollo verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se ha proporcionado cobertura legal. De esta forma el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas.

Sobre impunidad y comisiones de derechos humanos
La inmensa mayoría de los casos escuchados en esta audiencia no han tenido resultados de una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. Para este tribunal la impunidad no es solo una ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades. En el caso de México que trata de diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, y donde los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan desgraciadamente inefectivos.

Candil de la calle, oscuridad en casa
Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiación de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias. Y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, en todos sus niveles, el que, por acción o por omisión, planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta. Que el mundo sepa que el gobierno de México es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque de ello depende que haya un decidido apoyo a la necesaria transformación… Del conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres, foros, pre-audiencias y audiencias temáticas del Capítulo México del TPP, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la fiscalía de esta causa como un proceso de «desvío de poder».

Sobre el desvío de poder
Consiste en el uso, por parte de los gobiernos, representantes políticos, autoridades y poderes fácticos, de las capacidades económicas, políticas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o beneficiar intereses privados y particulares, locales o extranjeros, en contra o en detrimento del interés público y general de la población, y a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas a dinámicas económicas ajenas a sus intereses.

Las violaciones
Crímenes de lesa humanidad
Del conjunto de documentos y declaraciones aportados durante las audiencias del Capítulo México del TPP se desprende que hay indicios suficientes, a juicio de este Tribunal para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad, en sus modalidades de a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; i) Desaparición forzada de personas.

Elenco de masacres
En México ha habido frecuentes masacres, definidos como ataques a un grupo con un número de 5 o más víctimas en un mismo ataque, tanto por parte de fuerzas estatales como por otros actores armados. En las Audiencias se han recordado, entre otros, los casos de la masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chicomuselo Chiapas (durante enero de 1994 y en 1995), la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero (28 de junio de 1995), la masacre de Acteal, Chiapas (22 de diciembre de 1997), la masacre del Charco, Guerrero (7 de junio de 1998), la masacre del Bosque en Chiapas (10 de junio de 1998).
Otros ataques contra grupos se han dado a lo largo del tiempo mostrando una línea de continuidad, como, entre otros, la represión y los asesinatos de Atenco (2001 y 2006), la represión y al movimiento magisterial en Oaxaca y la posterior represión al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 asesinatos (a lo largo de 2006), la represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, Michoacán,, con más más de 10 asesinados (entre 2011 y 2012), así como la represión a la lucha contra minera canadiense, San José del Progreso, Oaxaca con dos asesinados y varios heridos (durante 2012).
Otras masacres no parecen tener una autoría estatal inmediata, como las de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (2010); o el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados, abandonados en una carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos (2012); o los 18 cuerpos encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara (2012); o los 23 cadáveres que aparecieron decapitados o colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo (2012), entre otros hechos similares.
Sí tiene una autoría estatal, más recientemente. la masacre en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en que fueron asesinados 22 personas el 30 de junio de este mismo año 2014.

Deportación forzosa: el caso de Ebulá
El desplazamiento forzado es una realidad en México que afecta a cientos de miles de personas (algunas fuentes calculan entre 1.5 y 2 millones de personas. Los motivos incluyen el impacto de megaproyectos de minería e hidroeléctricos o los efectos de la militarización y violencia desatadas por la llamada guerra contra la droga.
Se ha denunciado la destrucción de viviendas para forzar el desplazamiento de familias y comunidades y liberar las tierras para diversos proyectos industriales, mineros, turísticos o de infraestructuras viarias. Entre los casos denunciados de traslado forzoso de población, que suele ir acompañada de la ocupación de tierras comunales, están los del Ejido Benito Juárez, Chihuahua, o en territorios indígenas, en casos de proyectos mineros aprobados sin consulta previa, o en los casos denunciados por la UPREZ, incluida la apropiación de terrenos que habían sido comprados al Estado, en el Estado de México, o por la la comunidad de San Antonio de Ebulá, Campeche, o la de Bacalar, Quintana Roo

Persecución a defensores de derechos humanos
Uno de los grupos de personas perseguidas el de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, con el objetivo de eliminar los principales focos de resistencia a las violaciones de los derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente y fomentar el miedo como base de la aceptación forzada de la imposición de medidas y proyectos diversos a las comunidades.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2005 y 2011, registró 523 agresiones a defensores de derechos humanos. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de 2009 a 2012 se habían registrado 54 casos de ataques a defensores y defensoras ambientales.
Otro de los grupos que han sido víctimas de ataques violentos y han visto limitadas las condiciones para ejercer su trabajo es el de los periodistas. Desde el año 2000, 102 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos, además de un número no determinado de desplazados o exiliados. En los últimos 20 meses, 11 periodistas han sido asesinados y en los primeros 9 meses de 2014 se han registrado 201 agresiones a periodistas

Protección y represión
Se puede apreciar el trato diferenciado del Estado si se aprecia quiénes son las víctimas de su poder represivo: los que son miembros de grupos que protestan, que disienten con las políticas gubernamentales, que reclaman los abusos de poder. La represión es pues selectiva y esta práctica es discriminatoria. Por el contrario, las personas que están cercanas a quienes ejercen poder político, policial y económico, no sólo nunca son reprimidas, sino que gozan de la protección policial para sus actividades, sean legales o ilegales. Es decir, un grupo humano sufre la represión por el ejercicio de derechos, y otros gozan de impunidad por actos ilegales.

Violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes
Los datos aportados por los defensores de derechos humanos relacionados con las casas de ayuda a migrantes demostraron la extrema situación de vulnerabilidad de los transmigrantes, que se han visto desplazados a la ilegalidad y criminalizados por el endurecimiento de las requisitos legales en México como consecuencia de las exigencias de seguridad de los Estados Unidos.
Se han documentado múltiples violaciones de derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso, a sus precarios bienes materiales, y a su salud. Se trata de homicidios (incluso con fines de tráfico de órganos), secuestros, extorsiones, agresiones físicas, violaciones y todo tipo de abuso sexuales, privación de la libertad, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, trabajo forzado, etc. Todos ello cometido tanto por funcionarios estatales (autoridades migratorias, policías federales, estatales, municipales como por la delincuencia organizada en complicidad y/o aquiescencia de las propias autoridades estatales, como asimismo empresas privadas (el tren denominado “La Bestia” y empresas de transferencias monetarias tales como Western Union, EleKtra y MoneyGram) con sede en los Estados Unidos, que canalizan transferencias internacionales de dinero, participaron en la dinámica de los crímenes cometidos contra poblaciones migrantes.
En los casos más extremos se han registrado numerosos supuestos de secuestros masivos de migrantes y de masacres como las ya mencionadas en otro lugar, de las que una de las más significativas es la ocurrida en el Rancho San Fernando, Tamaulipas, en Agosto de 2010, donde 72 migrantes fueron asesinados. Sin embargo, solamente se trató de uno de los más de 200 secuestros colectivos de migrantes que ocurrieron en el año 2010

Sobre agricultura, alimentación y transgénicos
Lo que se visibiliza es una intención clara de acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida, para imponerles su integración en el mercado agroindustrial globalizado… A ello se ha unido la estrategia de penetración del maíz transgénico promovido por las grandes empresas del sector, con el apoyo decidido de los gobiernos mexicanos y de una parte de la comunidad científica, articulada a través de las importaciones y de la legislación (Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005 y su Reglamento de 2008; Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas), que ha causado la contaminación del maíz nativo, como denunciaron la Comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca o los representantes de la Agencia de El Porvenir, Municipio de San José el Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca o los de la Región mixteca, o el estudio elaborado por la Red en defensa del maíz, y pone en peligro su supervivencia, con lo que, más allá de la soberanía alimentaria se está afectando a la misma identidad cultural y a las formas de vida de las comunidades campesinas e indígenas.

Apicultura en la península de Yucatán
La contaminación transgénica ha tenido otros impactos como el causado a los apicultores en la Península de Yucatán por la soya transgénica… La imposición de un modelo agroindustrial intensivo – del que los transgénicos son uno de los instrumentos más extremos – por parte del Estado mexicano y corporaciones del agronegocio, como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow y Basf, o Cargill, no sólo constituye un ataque a una cultura, sino también una verdadera guerra contra la subsistencia, impulsada mediante la fabricación de leyes que impiden la defensa de la agricultura campesina y la producción independiente y que configuran un desvío de poder tal como fue definido por la Comisión IDH, en el caso Gallardo.

Violaciones al derecho al medio ambiente
(Hay una) violencia estructural desatada en contra de la naturaleza y los núcleos de población indígena, agraria y urbano-popular, aniquilados, desplazados u obligados a habitar ambientes deteriorados, con el propósito de hacer efectivos los despojos masivos de territorios que las empresas privadas requieren para el aprovechamiento irracional que hacen de los recursos naturales del país, su saqueo voraz y la especulación con los potenciales negocios derivados… Esta cosmovisión no percibe los árboles, ríos, tierra, montañas como seres con su propia dignidad y derechos, sino como parte de un mundo de “recursos naturales” y “capital natural”, o sea, bienes y servicios que esperan el desarrollo de la inversión para poder ser consumidos productivamente tras ser intercambiados en un mercado. Este proceso tiene como fin una acumulación sin comparación en la historia humana, y su resultado devastador ha sido la decadencia casi total del planeta y de sus tierras, mares, ríos, lagos, bosques, praderas, cuencas y otros lugares, lo mismo que de las comunidades originarias que los habitan, y de sus formas de pensar, vivir e intercambiar con el universo… El 70% de los ríos del país están gravemente contaminado; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados; el país ocupa uno de los primeros lugares en pérdida de diversidad biológica y bosques; más del 80% de los residuos industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y solamente un 15% de los confinamientos de residuos urbanos cumplen parcialmente con la norma ambiental. Se constata pues una violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución de México.

Empresas responsables de la devastación ambiental
Otro aspecto fundamental es la intensificación de un proceso general de despojo de las tierras, aguas, costas, minerales, recursos energéticos, territorios, espacio y servicios públicos e infraestructuras que el Estado mexicano aplica en beneficio de intereses corporativos mediante la aprobación de leyes que posibilitan la privatización del patrimonio de la Nación y de los pueblos. La reciente reforma energética es un ejemplo claro de esta tendencia… En el Dictamen sobre devastación ambiental se menciona expresamente a las siguientes empresas: Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto, Exxon Mobil, Kraft Compañía Minera Fresnillo, Compañía Minera Nuevo Monte de Zimapán, Geotermoléctrica Los Azufres (Hidalgo, Michoacán), Arcelor Mital (Michoacán), Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla en Puebla, Central Termoeléctrica José Aceves Pozos (Sinaloa), Sovay Fluor México (Chihuahua), Ideal Standard (Nuevo León), Empresas Ca Le de Tlaxcala, ADM Bio Productos (Sonora), Minera Bismark (Chihuahua), Pemex-Petroquímica Morelos, Cobre de México (Distrito Federal), Prym Fashion México (Estado de México), Power Sonic (Baja California), Arteva Specialities (Querétaro), Acabados de Calidad Tecate, Aceites, Grasas y Derivados (Jalisco), Vivsil (Querétaro), Enerya (Nuevo León), Austin Bacis (Durango), Productos y Diseños de Mármol (Baja California), Forjas Spicer (Tlaxcala), Balatas Mexicanas (Tamauliaps), Pemex-Complejo Procesador de Gas Matapionche, Layne de México (Sonora), Constructoras OHL y TRADECO, Inmobiliarias Casas Geo y Ara, Sadasi, Caabsa Eagle SA de CV, Cementeras Cruz Azul, Tolteca-Cemex, Lafarge, Clarimex, Cargil, FUD, Teck Comico Ltd,Mineras Esperanza Silver de México, Maquiladoras de diversos corredores industriales, Wall-Mart de México, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Oxxo, 7-Eleven, Costco, Office Depot, Office Max, Home Depot y Hom Mart.

Violaciones a los derechos de los pueblos indios
En los testimonios dados por los indígenas Tarahumaras, Triquis, Nahuas, Ñañus, Purépechas, Tzotziles se pudo apreciar con claridad la perjudicial injerencia de la cultura occidental mediante los partidos políticos, los intereses económicos, la extracción de los recursos naturales, que ha generado división interna, atentados a la autodeterminación de los pueblos, disputas territoriales, muerte, enfrentamientos internos y hostigamientos. Destaca en este punto en muchos casos la connivencia o cuanto menos la pasividad del Estado ante la actuación de agentes privados en los territorios indígenas.

La impunidad en México
Por dar dos datos, según Amnistía Internacional, entre finales de 2006 y 2012 ha habido 7.441 denuncias por abusos cometidos por las fuerzas armadas, de las que, sin embargo, solamente se habían derivado 27 condenas; y según fuentes oficiales mexicanas, en 2013, de 33.1 millones de delitos solamente el 6.2% fueron esclarecidos. Precisamente en los mismos días en que se celebraba esta Audiencia Final, otros tres condenados por la masacre de indígenas chiapanecos en Acteal en 1997, han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solamente dos continúan en prisión, de un total de 102 indígenas procesados por el homicidio de 45 integrantes de la comunidad de Las Abejas. Los inductores de la masacre jamás han sido identificados por vía judicial… El Estado mexicano es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas y de sus familiares que se deriva de esa impunidad, por la escandalosa falta de respeto que les muestra en la mayoría de los casos y por la revictimización que con frecuencia reciben en el momento de denunciar dichas violaciones, en contravención de los principios reconocidos internacionalmente de derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

SENTENCIA. RESPONSABILIDAD DE ESTADO MEXICANO
Tras el análisis de los testimonios y demás pruebas aportadas, el Tribunal concluye que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El Estado mexicano, en sus niveles municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna (art. 1.1 Convención interamericana de derechos humanos: obligación de garantía; art. 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas). Específicamente los derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra, libre expresión, salud, medioambiente sano, vivienda digna, protesta social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad, idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la justicia, derecho a la presunción de inocencia (por ejemplo en el caso de los defensores ambientales sometidos a procesos judiciales) y derecho al consentimiento libre, previo e informado. Consecuentemente, tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos.
El Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, tiene asimismo responsabilidad por la violación de los derechos recogidos en el propio texto de la Constitución Mexicana. Tiene responsabilidad por desvío de poder (tal como fue definido por la Comisión Interamericana de derechos humanos en el caso Gallardo, Informe 43/96), materializado en desamparo institucional, delegación irresponsable de funciones esenciales, privatización de espacios y servicios públicos con graves consecuencias para la salud o integridad (como mostró el caso de la guardería ABC), abandono del rol de protección de derechos económicos, sociales y culturales, degradados a mera función de beneficencia o menospreciados, uso excesivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones sociales (grupos de choques, desplazamientos forzados), y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales condenadas en esta sentencia, entre otras.
El Estado mexicano, finalmente, tiene en sus tres niveles responsabilidad específica por su acción e inacción en materia de derecho al medio ambiente sano, que han dado lugar a una situación de catástrofe ambiental

Los culpables, con nombres y apellidos
1) A los responsables del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1/12/1988 al 30/11/1994) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio) y por delitos contra el derecho a la alimentación.
2) A los responsables del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1/12/1994 al 30/11/2000) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio),
3) A los responsables del gobierno de Vicente Fox Quesada (1/12/2000 al 30/11/2006) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos, desapariciones forzadas de personas y privaciones de la libertad).
4) A los responsables del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (1/12/2006 al 30/11/2012) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, extermino, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos y responsabilidades individuales por crímenes internacionales); por delitos contra el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.
5) A los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto (1/12/2012 al día de hoy) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.

Cargos contra las empresas transnacionales
Y siendo los cargos, diferenciados en el caso de cada empresa, los de:
– Participación como autores, cómplices, inductores, encubridores o instigadores, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, y desaparición forzada de personas;
– violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical,
– fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en México,
– participación en la degradación del medio ambiente en México,
– vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios

Recomendación a la FAO
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) debe asumir sus responsabilidades en cuanto a la defensa del maíz nativo y campesino y la amenaza que representa su contaminación transgénica en el centro de origen que no puede considerarse un asunto doméstico de México. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU/FAO debe actuar inmediatamente para salvaguardar los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y defender los derechos de los campesinos. De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debe abstenerse de demandar propiedad intelectual sobre plantas, animales o cualquier ser vivo y asegurar que no se aplique ninguna forma de propiedad intelectual sobre ellos. El Convenio sobre Diversidad Biológica, debe realizar investigaciones especiales y con participación de pueblos indígenas y campesinos sobre cómo la comunidad internacional puede garantizar la integridad de los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y locales.

El imperativo de la refundación de México
Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México.

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