Iglesia y Sociedad

TPP: Sentencia contra México

26 Nov , 2014  

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El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abrió hace algunos años un capítulo de investigación sobre México. A partir de la presentación del acta de acusación en una sesión pública en la UNAM el 21 de octubre de 2011, bajo el rubro: “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México” comenzó un largo camino que ha desarrollado siete audiencias temáticas y tres transtemáticas. Dichas audiencias fueron precedidas por numerosas pre-audiencias a lo largo y ancho del país. Una de las pre-audiencias, bajo el título Taan U Xuulsaj K Kuxtal “Están acabando con nuestra vida”. Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, se realizó el 9 y 10 de noviembre de 2013 en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an de Maní, Yucatán, a la que hice referencia en su momento a través de varias colaboraciones en este mismo espacio.

Todo este largo camino tenía un único objetivo: explorar de manera sistemática y juzgar el espectro complejo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos que han ocurrido en México a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: 1982-2014. Pues bien, la senda ha llegado a su fin en la Audiencia Final del TPP, que tuvo lugar hace unos días, del 12 al 15 de noviembre de 2014. La conclusión del TPP coincidió con uno de los momentos más dramáticos y críticos por los que haya pasado nuestro país en su pasado reciente: la muerte de seis jóvenes y la desaparición de otros 43, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo lugar en la ciudad de Iguala, Guerrero. Esto hizo que el TPP, en el prólogo de su sentencia final, dijera: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado”.

El documento completo de la sentencia final del TPP en su capítulo México ocupa casi cien páginas. Quisiera solamente compartir con las lectoras y lectores de esta columna, la sección final. En su sentencia, el TPP afirma que, “ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México”.

Para marcar la dirección que ha de seguir esta refundación del Estado mexicano, después del estudio y análisis crítico de cientos de casos de violaciones de derechos humanos presentados, el TPP hace una lista de 20 sugerencias. Son las que ahora les comparto.

Un Estado Mexicano refundado debería:
1. Reasumir, desde todos los niveles de su estructura política y desde todos los poderes, su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México.
2. Garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente..
3. Implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) desde una perspectiva que incluya la gran diversidad de mujeres en México incluyendo las desigualdades étnicas y económicas entre otras, y acatando todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México, activando un programa integral contra las diversas modalidades de violencia contra las mujeres.
4. Garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y el derecho de huelga; proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras; y ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte, en particular el 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el 138 sobre edad mínima, referido a la abolición del trabajo infantil y el 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas.
5. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y recursos y a ser consultados en relación con los proyectos que pueden afectarlos directamente.
6. Replantear globalmente la problemática de la migración tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México.
7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que éstos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales/étnicos, etarios y de género y no contribuyan a la criminalización de la protesta social.
8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas, y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos.
9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales.
10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado.
11. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país.
12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar o crear políticas de apoyo a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar el sector agrícola, disminuir la dependencia y favorecer la soberanía alimentaria.
13. Asumir su responsabilidad, frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Debido a la gravedad de los riesgos a que se somete al centro de origen global del maíz, sustento de los pueblos que lo crearon para bien de toda la humanidad, y siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país.
14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables.
15. Regular la autorización de las actividades económicas estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos.
16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas, que contribuyen a mantener la impunidad.
17. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos.
18. Transformar el sistema judicial, tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio de acuerdo con parámetros internacionalmente aceptados.
19. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronte los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro.
20. Modificar o derogar todas las normas legales que constituyan un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas.

Ojalá estas orientaciones nos sirvan para mirar hacia dónde tendría que desembocar la movilización social que Ayotzinapa ha encendido en todo el país.

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