Iglesia y Sociedad

Dos días de la semana, jueves y viernes, los pasó en la sede de la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, a dos kilómetros de Maní. No cambiaría esos días por nada del mundo. No solo porque me parece que la noble finalidad de la Escuela apunta con certeza a la –a mi parecer– única salida al desastre actual del ecosistema (producir los propios alimentos, usar la menor cantidad de energías no renovables y sostener, a capa y espada, el tejido social de los pueblos originarios), sino por la gracia de estar al lado de hombres y mujeres mayas que descubren (o re-descubren) sus raíces y su identidad étnica y de ellas extraen un capital humano y ecológico que ofrecen al mundo como su aportación en esta construcción común, hecha desde distintos calendarios y geografías, para lograr un buen vivir.

Pero, entre todas las experiencias que atesoro de mis días en U Yits Ka’an, quiero destacar los desayunos de cada viernes, en compañía de don Bernardo Xiu Uc, a quien no dudo en proclamar como uno de los patriarcas mayas de la agroecología. Oriundo de Mama, municipio enclavado en el sur del estado, don Bernardo es campesino por vocación y por elección. Desde los inicios de U Yits Ka’an hemos tenido la suerte de contar con su compañía y su sabiduría.

“Es cierto eso de los pudzanes…” me dice en el desayuno del viernes pasado. Inicia así don Bernardo nuestra conversación matutina. Está leyendo ahora el libro “Rebelión y Resistencia del Pueblo Maya”, que recorre la historia de los mayas desde una mirada distinta a la que estamos acostumbrados. Es la “otra historia”, la que se decanta desde la memoria de un pueblo que se resiste a ser vencido y a obedecer el mandato de desaparición que se ha decretado en su contra.

“Mi abuelo me contaba de los tiempos de la esclavitud en Mamita, continúa don Bernardo, cuando el hacendado, don Cornelio Rendón, enviaba a sus guardianes, comandados por Narciso Coot, a perseguir y a obligar a que regresaran, a mayas que, cansados de los malos tratos y del trabajo extenuante al que eran sometidos, se escapaban hacia el monte”. Don Narciso le prometía al patrón que enviaría a varias personas en su persecución, y lo hacía. Solamente que, cuenta don Bernardo con una sonrisa sarcástica, don Narciso señalaba un rumbo diverso al que los pudzanes (los huidos) habían tomado. Así, don Narciso conservaba su privilegiado trabajo y permitía que los mayas rebeldes alcanzaran a refugiarse en algún poblado donde no hubiera hacendados.

“¿Sabes qué hacían los guardianes que se iban en busca de los pudzanes?”, me pregunta don Bernardo para enseguida contestarse: “buscaban trabajo en alguna de las milpas del rumbo, sembraban o cosechaban, y después de algunas semanas regresaban diciendo: por más que los buscamos, no pudimos encontrarlos”.

El abuelo materno de don Bernardo es de la familia Uc, una de las más antiguas familias –y ya con pocos sucesores– que poblaron Mama. La cabeza y el corazón de Bernardo están llenos de recuerdos de sus conversaciones con su abuelo. Cuando Bernardo, siendo todavía niño, lo acompañaba a la milpa, escuchó en algún cruce de camino el silbido del viento, o de un pájaro que al niño de le antojó peligroso. Ni tardo ni perezoso se lo comentó a su abuelo. Éste no le dijo nada y continuó su camino. Cuando al regreso del trabajo de la milpa el niño Bernardo le informó, al pasar de nuevo por el cruce de caminos: “Aquí abuelo, aquí fue donde oí el chiflido”, el abuelo le dijo, señalando un árbol: “claro, si ese pájaro aquí vive… pero no tengas miedo, esos pájaros ya no comen a las personas. Desde que apareció la escopeta esos pájaros entendieron que tenían que dejar de atacar a los humanos. Ahora chiflan, pero no se comen a nadie. No tienes por qué tener miedo”. Y cuando el niño Bernardo respiraba tranquilo, el abuelo recomenzaba otra historia: “porque antes de que hubiera la escopeta, esos pájaros atacaban a las personas…” y allí –me dice riendo Bernardo– comenzaba una nueva historia.

Don Bernardo es testigo fiel de la riqueza que encierra la memoria del pueblo maya. Entre mitos y tradiciones, los mayas conservan la fuente de su resistencia. No en balde, después de una larga noche de opresión, humillación y sojuzgamiento, como rescoldo vivo entre las cenizas, la identidad maya se refuerza y la larga noche, de cerca de 500 años, se torna un espacio acotado de tiempo cuando miran la larga historia que antecede a la ocupación española. Todo esto gracias al auxilio que el libro “Rebelión y Resistencia del Pueblo Maya” puede ofrecer al fortalecimiento de la identidad maya y de su camino –lento, pero a mi juicio irrefrenable– hacia la recuperación de la autonomía del pueblo maya peninsular.

Muchas personas, dentro y fuera de la iglesia católica, le reprochan al Papa Francisco la falta de reformas más audaces para toda la iglesia y la conclusión, en concreto, de la reforma de la Curia Vaticana, símbolo –de muchas maneras– de lo que hace falta por reformar en la iglesia. Es comprensible que, después de la esperanza que ha suscitado su nombramiento, la urgencia de reformas sustanciales se vaya haciendo sentir con más fuerza. Yo mismo me siento a veces transido por este sentido de urgencia.

Sin embargo, y sin querer hacer aparecer las declaraciones de Francisco como muy de avanzada, sí me doy cuenta que su palabra y sus actitudes han causado conmoción y que el sector más conservador de la iglesia comienza, después de un breve momento de repliegue, a incursionar en un frente de batalla cada vez más evidente que se reviste de defensa de la ortodoxia para tratar de frenar cualquier tipo de reforma que conduzca a la iglesia a la vuelta a sus raíces originales: el anuncio de la misericordia de Dios y el proyecto de Reino propuesto por Jesús de Nazaret.

Hay varias formas en que los sectores conservadores de la iglesia han comenzado a subirse a la palestra pública para insinuar su desconfianza en el Papa y manifestar su “confusión” ante el discurso de Francisco. Recientemente, el domingo 25 de enero de 2015, el Diario de Yucatán publicó en su página editorial de la sección nacional un artículo escrito por un sacerdote, fundador de una congregación religiosa de reciente aparición y que tiene presencia en nuestra ciudad. La aparición de este artículo me brinda la oportunidad de referirme a la embestida, a veces abierta y confrontadora, a veces de una oblicuidad que es difícil de definir, en contra del Papa Francisco.

Comencé a fijarme en esto a partir de la circulación de la carta de una dirigente del movimiento Regnum Christi de los Legionarios de Cristo, y un tiempo directora del portal electrónico Catholic.net. Declaraba ella su extrañeza en la carta por la elección del Papa Francisco, a quien había conocido y tratado en varias reuniones internacionales de presencia episcopal y que le había parecido siempre alguien que se guiaba, no por la recta doctrina, sino por la búsqueda de aprobación pública.

Más tarde, cuando el Papa planteó la pertinencia del Sínodo extraordinario en 2014 para comenzar a tratar algunos temas referentes a la familia, la embestida alcanzó proporciones monumentales. Unas semanas antes del inicio de las discusiones, y vislumbrando la apertura total que el Papa favorecería en las discusiones de los obispos, cinco cardenales publicaron un libro sobre “las verdades eternas” con respecto a la familia. Ningún lector avezado podía ignorar el oculto mensaje confrontador del libro. Inaudito, sin embargo, era que uno de los cardenales firmantes del libro, considerado por observadores externos como un abierto desafío a la política reformista del Papa, fuera su mismo Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en funciones. Eso no hizo más que advertir a quien quisiera verlo cuán honda era la oposición a la que se enfrentaba el proyecto renovador de Francisco y cómo las resistencias alcanzaban los más altos niveles jerárquicos, lo que habría hecho decir al Papa, en una confidencia que trascendió a los medios, “Oren por mí, que aquí me quieren despellejar”.

Más tarde, la artillería pesada de las corrientes conservadoras leyó complacida el artículo publicado en un periódico italiano por Vittorio Messori, defensor y cuasi biógrafo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que se confesaba perplejo por las declaraciones de Francisco y ponía en duda su capacidad de conducir a la iglesia y llevar adelante a buen término su misión de ser sucesor de Pedro.

No menos importante ha sido en esta embestida contra el Papa la utilización de algunas correcciones litúrgicas aprobadas por Francisco, por parte de sectores que intentan con ellas oscurecer la propuesta reformista del Papa. Hace poco escuché con azoro, en una iglesia de Mérida, a un sacerdote que desde el púlpito, y sin relación alguna con la Palabra proclamada en esa Misa, dedicó la homilía a regañar a la comunidad por abusar de los abrazos a la hora de la paz. “El Papa Francisco lo acaba de publicar”, dijo con enjundia, refiriéndose a un reciente comunicado de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. No discutiré aquí sobre el tema del saludo de paz en la Misa, a mi juicio irrelevante; sólo quiero subrayar que proclamar a voz en cuello que “lo dijo el papa Francisco” para referirse solamente a estas discusiones menores y no trabajar para que sea conocido su proyecto renovador plasmado en la Exhortación Evangelii Gaudium, es cínico y desvergonzado.

Si a esto le unimos el embate de decenas de portales electrónicos autodenominados católicos que en la red se constituyen en nuevas inquisiciones, deslizan ‘correcciones’ al estilo: “lo que el Papa quiso decir fue…” y cierran las puertas a cualquier posibilidad de discusión franca dentro de la iglesia con el argumento de que son ellos los guardianes de la ortodoxia, podemos aquilatar las dificultades que el Papa enfrenta dentro de sus propias filas.

Ni en los más aciagos tiempos de la persecución desatada en los años 80’s contra de la Teología de la Liberación, los teólogos y comunidades identificados con esta corriente eclesial manifestaron tal desafío al magisterio pontificio como el que está enfrentando Francisco por parte de los grupos conservadores, ahora erigidos –como en el artículo periodístico que motiva estas líneas– en “la representación de todos los laicos del mundo”.

Dios proteja a Francisco de estos santones de la doctrina.

Miro sus rostros. Los repaso uno a uno y siento que el aliento se me escapa. Son hombres y mujeres de los pueblos originarios que conforman México: yaquis, tzeltales, ch’oles, zapotecos, mayas peninsulares, p’urhépechas, zoques, tzotziles, rarámuris, amuzgos, nahuas, otomíes, miztecos… vienen de todos los puntos cardinales; agita cada uno su bandera de sueños multicolores y promisorios. Se reúnen en torno a un altar otomí, compuesto por una asombrosa variedad de semillas y flores y dispuesta en los tres niveles de la concepción indígena del universo. Son hombres y mujeres, miembros de los equipos que acompañan los procesos de pastoral indígena de la iglesia católica en las distintas diócesis del país. Han venido al XI Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, promovido por la Dimensión Indígena de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.

A los rostros, curtidos por los años y por los trabajos del campo, se unen caras nuevas, brotes de juvenil resistencia, muchachas y muchachos indios, orgullosos de su procedencia y herederos de la sabiduría de sus abuelos y abuelas. La reunión duró tres días, cada uno de ellos dedicado a un paso del método consagrado ya en América Latina como instrumento para la reflexión pastoral: Ver, pensar y actuar. En el VER desfilan, junto a la mención del despojo y la voracidad del capital dominante y sus proyectos extractivos en los territorios indígenas, la narración entusiasta de los esfuerzos autonómicos y de la búsqueda de una democracia comunitaria que se desarrolla al margen del corrupto marco de la política de partidos. Ningún partido recibe palabra alguna de aprobación de parte de estos representantes de los pueblos indios.

En el PENSAR se escucha la sabiduría antigua, la palabra sabia de los abuelos y las abuelas, la consonancia cada vez más clara entre proyecto evangélico y culturas originarias, el pensamiento indígena, que sigue un camino distinto al de la racionalidad occidental y que se dirige a un objetivo, acaso superior: no sólo la comprensión del mundo circundante, sino la realización aquí y ahora de la utopía del buen vivir (Sumak Kawsay, le llaman en la tradición andina). Y el pensamiento fluye, no como impetuosa cascada, sino como manojo de riachuelos que, desde un apacible lago de tradición se desbordan al mar donde todas las sabidurías encuentran cabida. El pensamiento indígena se confronta, en este momento de la asamblea, con el proyecto de Reino anunciado por Jesús de Nazaret y vivido conflictivamente por las comunidades cristianas del primer siglo, según nos cuentan los textos que componen el Nuevo Testamento. La urgencia de hacer que la matriz judía del cristianismo se abriera a las nuevas culturas en los inicios de la iglesia, ilumina el quehacer de la pastoral indígena de nuestros días. El panorama se completa con una reflexión sobre el magisterio católico y la atención pastoral de los pueblos originarios, conducida por el Obispo de Teotihuacán, Guillermo Francisco Escobar Galicia, responsable de la dimensión indígena, presente durante todo el Encuentro.

En el ACTUAR se comparten las luchas de los pueblos, sus esfuerzos –invisibles para una buena parte de los habitantes de este país, pero efectivos para el bienestar de los pueblos y sus luchas– en la construcción de las autonomías y de un modelo de país en el que, por fin, se pueda ser dignamente maya y mexicano, rarámuri y mexicano, amuzgo y mexicano… Una esperanza que encontró una formulación inicial adecuada en los Acuerdos de san Andrés, y que se va realizando, a despecho de una oficialidad de partidos e instituciones que niegan a los pueblos indígenas su derecho, y se concreta en territorios en los que la palabra de las comunidades es la que decide. La reflexión viene acompañada de la exposición de la Lic. Carmen Herrera, acompañante de procesos de reivindicación de derechos de los pueblos originarios.

Miro los rostros, distribuidos en las mesas que llenan el auditorio municipal de la comunidad de Temoaya, estado de México, territorio otomí. Los adultos escriben y escriben en los cuadernos que la coordinación del encuentro ha repartido entre los participantes. En una mesa, en cambio, veo a Felipe, un joven tzotzil, escribiendo en su computadora portátil. En un momento de la reflexión, Felipe sube al estrado. Comparte con todos los asistentes la experiencia de autonomía de las comunidades indígenas en Chiapas, la mayor parte de ellas ligada al proyecto de resistencia zapatista. Menciona la sublevación de 1994 como punto de partida de su reflexión. Y yo me imagino a Felipe el 1 de enero de 1994, cuando tendría quizá dos o tres años. Pero él cuenta la historia como si hubiera sido uno de los que se levantaron en armas. No puedo evitar pensar en los judíos actuales, que cada noche de pascua, comienzan su cena familiar con las palabras “Nosotros éramos esclavos en Egipto…”, aunque esa celebración pascual tenga lugar en el siglo XXI y en ciudades tan disímiles como Jerusalén o Nueva York. Cuando, al terminar la misa de clausura, me acerco a despedirme de Felipe y a felicitarlo por sus palabras, un diácono tzotzil, sombrero de cintas multicolores, me dice con el rostro sonriente de padre orgulloso: ¡es mi hijo! Y yo me siento indigno testigo de la transmigración generacional de la resistencia.

La asamblea vota a favor de un pronunciamiento que será compartido con todos los pueblos que se encuentran representados en el Encuentro. En dicho texto, la voz indígena logra expresar lo que el discurso occidental no alcanza: la voz de la Madre Tierra se queja con el lamento isaiano: “Pueblo mío ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme”. Y el elenco de las acciones depredadoras se desgrana desde la voz de una madre humillada y ofendida. Y el lamento es recogido por estos pueblos originarios, acaso el bastión último por el que la humanidad encontrará el camino de su supervivencia. Como bien dijo el teólogo indígena, Eleazar Hernández, en su exposición: “los pueblos indios éramos considerados antes como un problema. Hoy nos damos cuenta, cada vez más, que somos la solución”.

El encuentro termina con la celebración de la Eucaristía en el templo principal de Temoaya. Una decena de presbíteros indígenas preside la celebración. Los signos procedentes de las distintas culturas expresan con sus colores la fe de los pueblos originarios: flores, incienso, lecturas en otomí, ofrendas… En el marco de la celebración se hace la entrega del bastón de mando a quienes serán los anfitriones en el Encuentro del próximo año, el pueblo p’urhépecha que habita en el territorio de la arquidiócesis de Morelia. Salen todos con el compromiso de crecer en la articulación entre la acción pastoral de la iglesia, las experiencias de los pueblos y la acción de las organizaciones civiles que caminan junto a los pueblos originarios. Yo termino con el corazón recargado de energía y renovando mi decisión de vivir y morir al lado del pueblo maya, testigo insomne de su despertar y de sus esfuerzos de autonomía y vida digna.

La pasada navidad escuché que los funcionarios más altos de la UADY habían recibido, de regalo navideño por parte de la institución… ¡un Ipad cada uno! A este comentario se añadieron voces que reclamaban la cantidad de empleados de alto nivel que no trabajaban gran cosa y que gozaban de prebendas pingües.

Ha estallado la huelga de los trabajadores administrativos y manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias a ella nos hemos enterado de la inequidad que rige las relaciones laborales en aquella institución. Es la primera huelga después de aquella que paralizara todas las escuelas universitarias en febrero de 1974, exigiendo primero la aparición con vida del pasante de leyes y asesor sindical, Efraín Calderón Lara y luego, hasta que el movimiento se fue desgastando, para exigir el castigo a los culpables del homicidio.

En solidaridad con la huelga del Autamuady (Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán), publico aquí el comunicado del Equipo Indignación:

Autoridades de la UADY, obligadas a garantizar salario digno a trabajadores administrativos

El día viernes 16 de enero del presente año, las y los trabajadores Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, iniciaron una huelga, la primera que se realiza en 40 años en la máxima casa de estudios del estado, exigiendo a las autoridades de la UADY la mejora en las condiciones de salario. En concreto las y los trabajadores exigen el aumento de un 10 por ciento al salario, frente a la propuesta del 3.4 ofrecida por la Rectoría de la Universidad.

En principio, es preciso recordar que los derechos laborales se encuentran regulados por el artículo 123 de la Constitución Política y por diversos tratados y convenios internacionales que obligan al Estado a garantizar que todo empleador provea condiciones de trabajo decorosas para las y los trabajadores.

Entre estos derechos se encuentra el de contar con un salario digno, es decir, que sea suficiente para cubrir las necesidades mínimas de vivienda, salud, educación y esparcimiento del trabajador y su familia; y la huelga como un medio legítimo de defensa de los derecho de las y los trabajadores frente a la empresa o el patrón para presionar con el fin de ejercer su derecho a la contratación colectiva, lograr un reparto justo y equitativo de las ganancias, que permita a las y los trabajadores realizar su trabajo con dignidad y alcanzar un mejor nivel de vida. Es decir, tanto el derecho al salario digno, como el derecho de huelga son derechos humanos constitucional y convencionalmente reconocidos.

Frente a esta situación, lamentamos que las autoridades universitarias, lejos de reconocer la precaria situación salarial de sus trabajadores e intentar generar un proceso de diálogo y acercamiento para resolver las demandas, hayan tenido, como primera opción, el plantear un “recuento de los trabajadores para saber si están a favor de la huelga”, que, a pesar de haberse generado en condiciones de presión, lo único que hizo fue reforzar el carácter legítimo del movimiento obrero universitario y de sus exigencias.

Al respecto es preciso señalar que, como principal institución educativa del estado, la Universidad Autónoma de Yucatán debería ser la primera interesada en garantizar adecuadas condiciones laborales para sus trabajadores. Lejos de ello, las últimas rectorías han privilegiado una retribución desproporcionada para los directivos o han creado puestos cuya necesidad es cuestionable, en lugar de destinar recursos al fortalecimiento de los trabajadores de base.

El equipo Indignación manifiesta su solidaridad con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán que se encuentran en huelga en demanda de un aumento salarial.

Insistimos en que los derechos laborales son derechos humanos y hacemos un firme llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán a no regatear recursos a los trabajadores que tienen, por supuesto, derecho a un salario digno y adecuado.
Reivindicamos la necesidad, urgente en el país y en el estado de Yucatán, de destinar mayores recursos para la educación, en este caso para la Universidad Autónoma de Yucatán, para garantizar a las y los jóvenes el acceso a la educación superior así como a las y los trabajadores de la Universidad las mejores condiciones laborales.

En este contexto es preciso fortalecer las prácticas democráticas dentro de las instituciones educativas y universitarias. La reciente elección del Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán expuso dudas sobre un proceso que no es un ejemplo de transparencia ni de democracia. Persisten en la Universidad prácticas antidemocráticas que lesionan a la propia universidad pero que, además, tienen un impacto negativo en la sociedad.

Dentro de tantas necesidades, el salario de los trabajadores manuales y administrativos tiene que ser una prioridad, pues es un derecho para los trabajadores y sus familias.

Reducir la brecha salarial al interior de la Universidad tendría que ser también un objetivo que mostrase un compromiso con los valores de la democracia.

Saïd y Chérif Kouachi han sido detenidos en una población del norte de Francia, acusados de ser los perpetradores de uno de los atentados más estremecedores de los últimos tiempos: extremistas islámicos entraron a las oficinas de la redacción del semanario Charlie Hebdo en París y desataron una ráfaga de balas de fusiles AK47 asesinando a diez caricaturistas y a dos policías. Doce víctimas de una acción extremista, injustificada e injustificable.

El 20 de septiembre de 2012 la revista había publicado una serie de caricaturas sobre el profeta Mahoma. Las caricaturas estaban relacionadas con las protestas que se habían suscitado en varios países de mayoría musulmana a raíz de la exhibición de una película norteamericana titulada “La inocencia de los musulmanes” que, en opinión de algunos practicantes de dicha religión, ofendía gravemente la figura del profeta. Ya en el año 2005 había ocurrido algo semejante en Dinamarca, con la publicación de caricaturas sobre el profeta en la revista Jyllands-Posten.

Ahora, dos años después de la publicación de las caricaturas en el Charlie Hebdo, los fundamentalistas islámicos cometieron el atentado que ha enlutado a 12 familias y ha conmocionado al mundo entero. La policía francesa, sin necesidad de hacer fiscalías especiales, ha realizado una pronta investigación y ha detenido ya a algunos presuntos responsables que, confiamos, serán enjuiciados de acuerdo a la ley y serán sancionados en caso de ser encontrados culpables. Ya quisiéramos esa prontitud y esa confianza social en la actuación de la policía en cualquiera de las muchas masacres que han ocurrido en nuestro país en los últimos años.

Pero vayamos al punto. El horrendo asesinato de los caricaturistas ha puesto de nuevo a debate la libertad de expresión y sus límites. Se trata de una discusión compleja porque toca las fibras sensibles de una fe religiosa. Hace algunos años hubo un fenómeno parecido en nuestro país, aunque sin las consecuencias criminales de París. Se presentó una exposición de artes visuales en un museo. Uno de los cuadros hacía mofa de la Virgen de Guadalupe, a la que, sin mal no recuerdo, se le representaba con un balón de fútbol en el lugar de su rostro. Hubo grupos que amenazaron con irrumpir en la exhibición para destruir los cuadros.

Otro ángulo de la discusión, aunque no tenga ribetes religiosos, es la pretensión de ciertas izquierdas de poner límites a la libertad de expresión en razón de una política anti discriminatoria. Es lo que recientemente ha ocurrido en Uruguay, donde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de ese país ha hecho recomendaciones al Poder Legislativo para que “el nuevo Código Penal cumpla con las recomendaciones dirigidas a Uruguay por órganos de control de cumplimiento de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial en cuanto a incorporar en el nuevo Código Penal disposiciones que tipifiquen como delito la difusión de teorías de superioridad o inferioridad racial y se prohíban las organizaciones que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, así como la participación en sus actividades»

A propósito de esta recomendación Marcelo Marchese, un analista uruguayo, ha dicho con extraordinaria lucidez lo siguiente: El lector podría pensar que estas recomendaciones hacen muy bien pues impiden que cualquier energúmeno salga a insultar a los negros, a los judíos, a los enanos y a los homosexuales. El problema es que por este camino corremos el riesgo de, con argumentos bastante dudosos, tachar a cualquiera de energúmeno. Cuando se razona que lo mejor, para que nadie se ofenda, es prohibir a los energúmenos expresarse, se termina auspiciando que a la postre nadie se exprese, así nadie termina ofendido y todos quedamos contentos. Tal idea, la de convertirnos en unos idiotas que no nos expresemos, tiene indudablemente grandes ventajas, por ejemplo, no habría quién salga humillado u ofendido, ahora, tiene un pequeño e insignificante inconveniente, el cual es constituirse en un atentado a la libertad.

Aunque las dos aristas a las que me he referido, la religiosa y la del pensamiento políticamente correcto, son distintas, apuntan a la misma raíz: ¿debe la libertad de expresión defenderse como un bien en sí, como un derecho humano irrestricto, aunque a veces se convierta en derecho a blasfemar o derecho a burlarse de las personas? ¿O debemos, en cambio, tipificar como delito cualquier expresión que resulte ofensiva, especialmente las dirigidas a las minorías y basadas en estereotipos discriminatorios, y establecer sanciones en contra de los ofensores?

El humor, la crítica, el sarcasmo, se basan regularmente en la mofa sobre los defectos, las discapacidades o las características que hacen singular a un grupo humano. Es justamente la burla la que motiva la carcajada. Pueden pasar cien personas sobre el escenario en una representación, pero la risa estalla inevitable cuando una de ellas tropieza y se cae. El humor es así: se pueden contar por miles los chistes sobre borrachos, mujeres, judíos, homosexuales, negros, yucatecos o campechanos, polacos o gallegos. Algunos de esos chistes pueden resultar ofensivos, vulgares y de mal gusto. El problema es si debemos prohibir que esos chistes sean dichos en público y llevar a la cárcel a quienes los cuenten.

Una caricatura sobre la Virgen de Guadalupe o sobre el profeta Mahoma pueden resultar ofensivas, hasta blasfemas… pero ¿deben ser catalogadas como delito? La igualdad de género y la dignidad de las personas homosexuales son importantísimas, pero ¿debe por eso prohibirse los chistes sobre mujeres y gays?

Yo pienso que los prejuicios deben combatirse. Pienso que un Estado laico y democrático debe ofrecer elementos para que tales prejuicios desaparezcan. Pienso también, sin embargo, que la prohibición de la expresión del pensamiento no es una manera legítima ni efectiva para lograr la desaparición de los prejuicios. El humor no suele ser políticamente correcto y es un arma de subversión desde el tiempo en el que existían los bufones en las cortes reales. La libertad de expresión debe ser salvaguardada aun a riesgo de que se convierta en libertad para blasfemar u ofender. Si aceptáramos alguna limitación en esta materia ¿quién sería el limitador? ¿bajo qué parámetros limitaría? Limitar la libertad de expresión ha sido siempre una puerta abierta al pensamiento único, y con él se abre paso el autoritarismo. Y el autoritarismo termina por construir inquisiciones. Y las inquisiciones, cualquiera que sea su signo, son instrumentos de muerte, no de vida.

La promoción del pensamiento único supone que las personas son estúpidas y necesitan ser reguladas en lo que piensan y creen. Es la tentación de todas las religiones e ideologías. Se olvidan de que el libre juego de las ideas es la única manera que existe para que las personas podamos sopesarlas, ponerlas a prueba y tomar nuestras decisiones. Por eso la respuesta de los caricaturistas de todo el mundo me parece impecable: hacer más y más cartones satíricos. Prueba de que las balas, vengan de cualquier religión o ideología, no logran matar la libertad de pensamiento y de expresión.

El adjetivo es definido así por la Academia Española: Infausto, infeliz, desgraciado, de mal agüero. Así ha sido el año que va terminando para nuestro país. Como acumulación de catástrofes se han sucedido a lo largo de los meses de 2014 desapariciones, asesinatos, persecuciones, impunidad, corrupción de las autoridades, venalidad de los partidos políticos (de todos), represión, crecimiento de la violencia delincuencial (la de las bandas y la de los gobiernos), la venta de los recursos del país al mejor postor, Tlatlaya, Ayotzinapa… un cuento de nunca acabar que ha dejado al desnudo la desaparición del Estado, la frustración definitiva de esta forma de partidocracia mal nacida y del sistema capitalista que la ha engendrado.

Hemos perdido el rumbo. Da vergüenza que nuestro país sea hoy internacionalmente conocido como la patria donde desaparecen los jóvenes, donde se asesina a estudiantes y mujeres, donde se reprime el derecho a la protesta, donde la corrupción galopa al lado del crecimiento de la pobreza. Un país a la deriva.

Pero llega el fin de año. Y en la evaluación de haber y deber surgen otras realidades que, por no mirar hondo, pueden pasarnos desapercibidas. Hay un cus cus de esperanza, surgido seguramente de mi fe cristiana, que se niega a creer que todo esté perdido o que la violencia, ese monstruo grande que pisa fuerte (Gieco dixit), sea la única vía de salida.

Así que ondearé aquí mis dos banderas de esperanza. No son esperanzas menores, sino promesas de una reconstrucción que impida la permanencia de la barbarie que se ha establecido en esta patria en jirones.

Mi primera bandera de esperanza es el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, convocado y organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el Congreso Nacional Indígena. “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos” reza el lema del encuentro. Saludo desde este rincón del ciberespacio esta reunión concebida para fortalecer la convicción de que el capitalismo no es invencible. Que se puede vivir de otra manera, sometiendo las ansias de lucro y la codicia a las necesidades que brotan de la fraternidad universal. Pueblos, tribus y naciones que viven y sobreviven en esta geografía de los de abajo se reunirán en un gigantesco intercambio de experiencias con las comunidades zapatistas, para que todos los proyectos autonómicos se fortalezcan entre sí. “Nuestros pueblos que somos del maíz al compartir con ustedes seremos como la milpa que florece, para fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir” dicen en la invitación. Desde este rincón de letras y teclas, yo los saludo.

La segunda bandera es de reto, además de esperanza. Se trata de la iniciativa de convocar una Nueva Constituyente Ciudadana que rehaga este país desde la voz y la participación de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Esta convocatoria, que se dará a conocer en detalle el próximo 5 de febrero de 2015, es fuente ya de una gran esperanza. Se trata de rehacer el esqueleto que sostiene a nuestro país. Un camino largo de reconstitución de nuestra dignidad, de tomar entre todas y todos las opciones que nos hagan un país viable, asentado en las necesidades más urgentes de los pobres, promotor del diálogo y de la conciliación de nuestras diferencias, sin convertirlas en una uniformidad asfixiante. Un camino que nos obligará a mirarnos entre todos y juntos mirar en dirección de la justicia y la felicidad que merecemos. Ruta que es ya puerto, hacia un país en armonía con la dignidad de sus habitantes.

Acaso de la manera como ondeen estas dos banderas dependerá la posibilidad cierta de bordear el peligroso precipicio al que nos hemos asomado, con su dolorosa profundidad, en el año que termina. Son caminos que pueden conducir a un cambo auténtico, ese que no ha sido capaz de darnos el interminable proceso de elecciones que han convertido al país en rehén de los intereses de los partidos. No más elecciones: vamos por todo, por la reconstrucción de la patria.

Feliz y combativo año 2015 a las cinco lectoras de esta columna y a sus familias.

Colofón eclesiástico:
Una señora de la parroquia donde trabajo me comentó de una ocasión en que se había acabado el suministro de agua en algunas manzanas de la colonia. Los vecinos se organizaron para solicitar la regularización del servicio. Después de semanas de penurias con el agua, recolectaron firmas. Un vecino se negó a firmar: él tenía servicio de agua, así que no veía la necesidad de firmar ningún documento que pudiera comprometerlo o pudiera hacerlo ver como un revoltoso.
Los vecinos, cuando no fueron escuchados y se les despreció en las oficinas del agua potable, organizaron una manifestación ante sus instalaciones. El vecino disparejo no se manifestó: yo tengo agua potable, así que las manifestaciones me viene huangas. Mi tiempo no es para perderse en esas cosas, dijo.
Unos días después, el vecino disparejo dejó de tener agua potable. Entonces se presentó en una junta a solicitar que se le admitiera en la lista de nombres de los que protestaron. Hubo una grande discusión en la colonia. Muchos se oponían a que el arrepentido se integrara al caminar común, pero privó la generosidad de la mayoría. “No importa que haya tenido que esperar a que su casa no tuviera agua para pensar en sus vecinos que desde hace tiempo padecían la escasez”, dijo doña Tencha en la asamblea, “tienen razón en ser desconfiados con él… pero si quiere unirse a la lucha, bienvenido”. La palabra generosa de la señora cerró la discusión.

Ha muerto un sacerdote de la diócesis de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. El episcopado mexicano ha manifestado su horror ante el suceso violento y ha pedido un alto a la violencia irracional que tiene como fuente a las organizaciones criminales y la complicidad y omisión de los poderes públicos. En los chats eclesiásticos y en los medios de comunicación afines a la iglesia se eleva un clamor que, ahora sí, exige justicia y alto a la violencia. Bienvenida su indignación. Hay quienes esperaban una contundencia parecida en las marchas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o, al menos, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa o varias personas murieron a manos del Ejército en Tlatlaya. No la hubo. Dios dé a la sociedad civil organizada la generosidad de doña Tencha.

Los acontecimientos de Iguala, en que murieron o desaparecieron decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han exhibido de manera cruda cómo la delincuencia ha ido apoderándose del país y cómo, las instituciones del Estado, por omisión o por complicidad, han traicionado su misión de ser garantes del orden y la justicia. Ayotzinapa ha puesto a nuestra nación frente al espejo y lo que ha asomado del otro lado no es más que un monstruo de desigualdad, de injusticia, de impunidad, de muerte. Nunca tantos mexicanos y mexicanas habían sentido vergüenza de llevar ese gentilicio.

A la realidad cruda se ha opuesto una vigorosa indignación ciudadana que ha salido a la calle. Durante cerca de dos meses se han ido sucediendo, una tras otra, manifestaciones de protesta que han sacudido las principales ciudades del país, sin que se vea todavía cansancio. Y como a los muertos y desaparecidos ha venido a sumarse la exhibición obscena de la corrupción y el compadrazgo (las casas del presidente, de su esposa y del secretario de hacienda), la rabia ciudadana no ha hecho más que crecer y crecer. Tenemos razones suficientes para continuar protestando por muchas semanas más.

Va llegando, sin embargo, el momento en que tenemos que plantearnos qué es lo que sigue. El tejido social está tan descompuesto que tal parece que este país, si lo comparamos con un rompecabezas, tiene que ser desmontado y vuelto a armar. Los partidos políticos no son sino sucedáneos de la corrupción que priva en el gobierno. Así que tendremos que buscar la salida de este túnel oscuro basados solamente en lo que constituye la verdadera fuerza de una nación: la participación de todos y todas. Así que para reconstruir la patria se van dando muchas sugerencias. Algunas apuntan a acciones individuales o, cuando mucho, familiares. Otras personas insisten en continuar las protestas agregándoles algún elemento de sugerencias y proposiciones. Pero hacía falta una propuesta que planteara una mirada de largo plazo.

Esta propuesta está ya madurando. El próximo 5 de febrero será presentada públicamente. Está animada y supervisada por algunas de las personas rectas más confiables del país, entre ellas, Monseñor Raúl Vera. Se trata de embarcarnos en un trabajo de largo aliento para hacer una nueva constituyente. Sí, de eso se trata: de refundar este país. Este es el boletín de prensa en el que dicha iniciativa ha sido anunciada:

Llamado Nacional a Construir una Constituyente Ciudadana

“Nunca en nuestro país se había vivido un momento tan difícil. El presente sólo es comparable a las crisis que preludiaron los alzamientos sociales de Independencia, Reforma y Revolución. Quienes manipulando el poder político y movidos por un modelo económico egoísta están causando la catástrofe humanitaria que se cierne sobre nosotras y nosotros, no pueden resolver los problemas que originaron; las mayorías nacionales no podremos revertir el deterioro de nuestra vida si no nos organizamos y nos movemos por un fin común: la refundación de México.

Ayotzinapa vino a abrirnos los ojos. La desaparición de nuestros jóvenes, con la intervención del Estado Mexicano, muestran las verdaderas intenciones de quienes gobiernan y están decidiendo el destino de este país, de la mano de los que detentan el poder económico. A ellos les decimos ¿Si no quieren gobernar bien? ¡Que se vayan! Ya basta de sus crímenes, ya basta de su corrupción, ya basta de su impunidad; pero no solamente les decimos eso, sino que les anunciamos que ya falta muy poco para que en México florezca un tiempo nuevo de justicia, paz y dignidad para todas y todos.

Por eso, estamos construyendo un espacio desde la sociedad civil, basados en nuestros derechos constitucionales, que dé lugar a un Congreso Constituyente nacido desde las y los ciudadanos que conformamos el pueblo de México.

Se trata de un proceso desde abajo y desde las grandes mayorías que no fija por ahora tiempos para concretarse. Conscientes, sin embargo, de la extraordinaria urgencia de echar a caminar; convencidos de que si titubeamos o retrocedemos el país se desmoronará.

Esta propuesta se hace desde la sociedad civil y toma distancia de los partidos políticos en su conjunto, porque ya han tenido innumerables posibilidades para hacer algo diferente y sólo han abonado con sus acciones u omisiones a que el país siga desmoronándose. Es un ejercicio democrático que trabajará a partir del consenso e irá construyéndose sólidamente desde todos los puntos del país. Confiamos en la fortaleza de esta iniciativa porque es de y para las grandes mayorías. Ante la nación y ante el mundo insistimos en que para cerrarle el paso a la violencia y garantizar el pleno ejercicio de la voluntad popular optamos por la construcción de una vía pacífica y democrática para salir de la crisis, por la organización de la resistencia y la desobediencia civil pacífica ante el mal gobierno y sus “leyes” injustas.

Convencidas y convencidos en la urgencia de una nueva organización de nuestra patria, fundada en la fuerza de la justicia y el derecho, y en el impulso suave del amor y la compasión hacia nuestras hermanas y hermanos que están sufriendo, el próximo 5 de febrero de 2015 en la Ciudad de México presentaremos públicamente la Constituyente Ciudadana, iniciativa que comenzó sus trabajo ya desde este 2014, y que en esta emblemática fecha iniciará su actividad pública”.

Hasta aquí el anuncio público, el llamamiento que se lanza a todas y todos. El camino será largo. Se prevén tres fases, cada una de ellas con varias etapas. El resultado final será una nación reconstruida desde el corazón de sus pueblos, un país pensado a la medida de sus habitantes. Esto se irá logrando en una larga ruta (que será en sí misma, puerto) cuyo eje aglutinador será un congreso constituyente alternativo, conducido por etapas y con visión prospectiva, cuyo desarrollo irá produciendo un modelo de ciudadanía.

Suena bien…

En la búsqueda de caminos para transformar el país de horror en el que vivimos en algo más parecido a la casa de justicia y dignidad que todos/as nos merecemos, la aportación de la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos es insoslayable. Siendo el fruto de tres años de escuchar a las víctimas y con la calidad moral de los jueces dictaminadores, el documento de cerca de cien páginas, es un retrato de las debilidades más hirientes del sistema mexicano y un elenco de propuestas que pueden ser de mucha utilidad. Pero no todos/as tenemos el tiempo disponible para la lectura del documento completo. La semana pasada les compartía los consejos finales del TPP para la refundación de México. Hoy quiero terminar mi aportación entresacando del documento aquellos párrafos que nos permitan acceder a las líneas más generales de su contenido y, de manera destacada, a la realidad de la península de Yucatán. Siempre es un poco largo, pero estoy seguro que a muchos les será más fácil leer diez páginas en lugar de cien. Ojalá les sirva.

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y
DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO
Ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014
Síntesis de la Sentencia final

(Este documento es un resumen de la sentencia final del TPP. Los subtítulos son responsabilidad del sintetizador. Los textos, en cambio, están extraídos literalmente del documento oficial, de cerca de 100 páginas. Fueron privilegiados en la selección los párrafos que hacen referencia a la realidad de la península de Yucatán)

A manera de introducción:
A LA SOMBRA DE AYOTZINAPA
Los días de esta Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la Audiencia Final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.
Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

Sobre el trabajo del Tribunal de los Pueblos
Dado que el TPP, por definición, no cuenta con el poder de traducir sus juicios en decisiones prácticas punitivas, recibe su legitimidad de dos características complementarias: a) la capacidad de garantizar una representatividad efectiva de los “pueblos” que se encuentran huérfanos de derechos y víctimas sin esperanza de reconocimiento y reparación; b) la utilización del derecho existente con una mirada que garantice y promueva interpretaciones y juicios que reconocen a las víctimas como titulares de derecho, que asumen el desafío de considerar como inviolable la prioridad jerárquica de los derechos de las personas y de los pueblos, sobre el derecho de los tratados que regulan los bienes de mercado… (Lo ha hecho a través de) 10 audiencias temáticas y transtemáticas, producto, a su vez, de 40 preaudiencias, con la participación de las poblaciones afectadas, decenas de miles de personas, y con la contribución muy activa de redes de profesionales de las diferentes disciplinas.

Jueces
Philippe Texier (Francia, Presidente), Monseñor Raúl Vera (México), Elmar Altvater (Alemania) Luciana Castellina (Italia), Graciela Daleo (Argentina), Alda Facio (Costa Rica), Daniel Feierstein (Argentina), Juan Hernández Zubizarreta (España), Carlos Martín Beristain (España), Antoni Pigrau Solé (España), Silvia Rodríguez (México), Nello Rossi (Italia).

Descripción de la realidad
Sobre la transformación de la estructura productiva en México
La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes de la firma del TLCAN fue suplantada por una reconstrucción deformada de una agricultura de exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados, etc. Hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense: hortalizas, berris, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapola, etc.
Todos los programas de apoyo a la producción rural han sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización que avanza primordialmente en el centro del país. Aun así, la mayor parte de la propiedad rural de la tierra se mantiene en el norte y sur del país, en manos de propietarios colectivos que se resisten a registrar de forma privada sus tierras.
Resulta simbólico en este contexto, la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental de la organización social de México.

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Los testimonios que se presentaron a la largo de la Audiencia Final permiten afirmar que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.
El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía…
Es aquí donde por primera vez se ha procedido a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas nacionales a los imperativos del Tratado. De esta manera, se elimina todo poder de decisión de las instituciones representativas de los intereses del pueblo mexicano. Desaparece el espacio del derecho público; el Estado se convierte en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas… La impunidad transnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado.

Sobre la economía criminal y la criminalización de la economía
La “economía criminal” posee una incidencia extraordinaria. El sector amplio y ramificado de la economía criminal mexicana obtiene sus ganancias de un largo espectro de actividades ilícitas: el lucrativo tráfico de drogas realizado por los distintos cárteles del narcotráfico que operan en el país y generan enormes beneficios ilegales; el contrabando de armas de fuego; la explotación de personas migrantes cometida mediante secuestros, extorsiones y chantajes; el reciclaje de los ingresos provenientes de la droga y de las otras actividades ilícitas, principalmente en los Estados Unidos… Los métodos de acción de los sujetos que operan en el sector de la economía criminal son: el uso sistemático de la violencia en los conflictos internos y con el propósito de resquebrajar las diversas formas de resistencia de la población, así como, el recurso, igualmente sistemático, a la corrupción de los representantes políticos y de los funcionarios públicos.
Como ya se ha dicho, el sector de la verdadera y propia “economía criminal”, con sus inusitadas dimensiones y con la horrible crueldad de sus métodos, coexiste y convive con una difusa “criminalidad económica”, la criminalidad de los delincuentes de cuello blanco.
La criminalidad de los delincuentes de cuello blanco encuentra en México muy pocos obstáculos por la casi total ausencia de normas regulatorias de los monopolios, de reglas eficaces sobre la operación de los bancos y sobre la transparencia financiera, de instrumentos de obstrucción oportuna del lavado de dinero sucio y de formas de manipulación del mercado financiero.

Sobre la violencia ambiental
Mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. Se ha dado una destrucción acelerada de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. Según el Instituto Nacional de Geografia, en 20 años post TLC, México ha perdido 34.68% de sus bosques y selvas. Las denuncias ante este tribunal por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y trasnacionales suman 211 que afectan a 433 municipios de 21 estados. Algunas de estas denuncias como en Michoacán o Guerrero afectan a rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos naturales y la criminalidad organizada. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica, que generó una demanda de medidas cautelares ante el sistema judicial mexicano que constituye una de las pocas excepciones en la tutela judicial de la protección de la vida en relación al medio ambiente. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos

Sobre el holocausto migrante
México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado. En un territorio peligroso donde se desprecian sus derechos, y donde sus vidas pasan a manos de redes de un tráfico de personas, a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de testimonios de los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber, o atribuir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migración que atraviesan el país de Sur a Norte. El Estado no ha escuchado siquiera a estas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha políticas de prevención de la tortura, de atención a los migrantes o de protección de los territorios, ni parece haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática.

Sobre la minimización de la violencia
La descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos, con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción.

Sobre la violencia de género
La violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia oficial. Misoginia que también se expresa cuando el aporte de las mujeres a los movimientos sociales no es reconocido debido al poco valor que se le da a la vida y actuar de las mujeres. Pero también al lenguaje excluyente que invisibiliza no solo esos aportes sino que tampoco da cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos nefastos del neoliberalismo y los TLCs, como lo es el hecho de que la privatización de los servicios públicos recae principalmente sobre los hombros de las mujeres quienes tienen que asumir el cuidado de las personas enfermas, ancianas o con alguna discapacidad. Como se advirtió en varias audiencias, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Aunado a ello, se advierte un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas sostenidas por una cultura de desvalorización de la vida y roles de las mujeres. Cultura que se traduce en una misoginia institucional y social que en el caso de mujeres lesbianas y trans, es legitimada y asumida como expresiones positivas de la identidad mexicana

Sobre los desaparecidos y desaparecidas
El Tribunal ha tenido acceso a las estadísticas oficiales proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50.000 personas muertas, o que señalan un día 20.000 personas desaparecidas, otro 16.000 y otro 8.000, usando los números como una forma de legitimar políticas y no para tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema. Esta lucha por la representación de la realidad supone una ausencia de un reconocimiento efectivo, lo que hace que, ocho años después de la política bautizada “guerra contra el narcotráfico”, no existan registros fiables, no haya información sobre los datos que refieren más de un millón de desplazados internos, ni un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias.

Un Estado en el que nadie ya confía
De forma sistemática hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance. O en algunos casos lanzan mensajes que son parte de la amenaza. Mientras, crece la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legitimidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos.

El diagnóstico
Sobre el papel del Estado en el despojo
Estas políticas y prácticas muestran cómo se han presentado como pretendidas políticas de desarrollo verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se ha proporcionado cobertura legal. De esta forma el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas.

Sobre impunidad y comisiones de derechos humanos
La inmensa mayoría de los casos escuchados en esta audiencia no han tenido resultados de una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. Para este tribunal la impunidad no es solo una ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades. En el caso de México que trata de diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, y donde los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan desgraciadamente inefectivos.

Candil de la calle, oscuridad en casa
Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiación de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias. Y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, en todos sus niveles, el que, por acción o por omisión, planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta. Que el mundo sepa que el gobierno de México es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque de ello depende que haya un decidido apoyo a la necesaria transformación… Del conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres, foros, pre-audiencias y audiencias temáticas del Capítulo México del TPP, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la fiscalía de esta causa como un proceso de «desvío de poder».

Sobre el desvío de poder
Consiste en el uso, por parte de los gobiernos, representantes políticos, autoridades y poderes fácticos, de las capacidades económicas, políticas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o beneficiar intereses privados y particulares, locales o extranjeros, en contra o en detrimento del interés público y general de la población, y a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas a dinámicas económicas ajenas a sus intereses.

Las violaciones
Crímenes de lesa humanidad
Del conjunto de documentos y declaraciones aportados durante las audiencias del Capítulo México del TPP se desprende que hay indicios suficientes, a juicio de este Tribunal para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad, en sus modalidades de a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; i) Desaparición forzada de personas.

Elenco de masacres
En México ha habido frecuentes masacres, definidos como ataques a un grupo con un número de 5 o más víctimas en un mismo ataque, tanto por parte de fuerzas estatales como por otros actores armados. En las Audiencias se han recordado, entre otros, los casos de la masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chicomuselo Chiapas (durante enero de 1994 y en 1995), la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero (28 de junio de 1995), la masacre de Acteal, Chiapas (22 de diciembre de 1997), la masacre del Charco, Guerrero (7 de junio de 1998), la masacre del Bosque en Chiapas (10 de junio de 1998).
Otros ataques contra grupos se han dado a lo largo del tiempo mostrando una línea de continuidad, como, entre otros, la represión y los asesinatos de Atenco (2001 y 2006), la represión y al movimiento magisterial en Oaxaca y la posterior represión al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 asesinatos (a lo largo de 2006), la represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, Michoacán,, con más más de 10 asesinados (entre 2011 y 2012), así como la represión a la lucha contra minera canadiense, San José del Progreso, Oaxaca con dos asesinados y varios heridos (durante 2012).
Otras masacres no parecen tener una autoría estatal inmediata, como las de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas (2010); o el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados, abandonados en una carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos (2012); o los 18 cuerpos encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara (2012); o los 23 cadáveres que aparecieron decapitados o colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo (2012), entre otros hechos similares.
Sí tiene una autoría estatal, más recientemente. la masacre en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en que fueron asesinados 22 personas el 30 de junio de este mismo año 2014.

Deportación forzosa: el caso de Ebulá
El desplazamiento forzado es una realidad en México que afecta a cientos de miles de personas (algunas fuentes calculan entre 1.5 y 2 millones de personas. Los motivos incluyen el impacto de megaproyectos de minería e hidroeléctricos o los efectos de la militarización y violencia desatadas por la llamada guerra contra la droga.
Se ha denunciado la destrucción de viviendas para forzar el desplazamiento de familias y comunidades y liberar las tierras para diversos proyectos industriales, mineros, turísticos o de infraestructuras viarias. Entre los casos denunciados de traslado forzoso de población, que suele ir acompañada de la ocupación de tierras comunales, están los del Ejido Benito Juárez, Chihuahua, o en territorios indígenas, en casos de proyectos mineros aprobados sin consulta previa, o en los casos denunciados por la UPREZ, incluida la apropiación de terrenos que habían sido comprados al Estado, en el Estado de México, o por la la comunidad de San Antonio de Ebulá, Campeche, o la de Bacalar, Quintana Roo

Persecución a defensores de derechos humanos
Uno de los grupos de personas perseguidas el de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, con el objetivo de eliminar los principales focos de resistencia a las violaciones de los derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente y fomentar el miedo como base de la aceptación forzada de la imposición de medidas y proyectos diversos a las comunidades.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2005 y 2011, registró 523 agresiones a defensores de derechos humanos. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de 2009 a 2012 se habían registrado 54 casos de ataques a defensores y defensoras ambientales.
Otro de los grupos que han sido víctimas de ataques violentos y han visto limitadas las condiciones para ejercer su trabajo es el de los periodistas. Desde el año 2000, 102 periodistas han sido asesinados y 18 desaparecidos, además de un número no determinado de desplazados o exiliados. En los últimos 20 meses, 11 periodistas han sido asesinados y en los primeros 9 meses de 2014 se han registrado 201 agresiones a periodistas

Protección y represión
Se puede apreciar el trato diferenciado del Estado si se aprecia quiénes son las víctimas de su poder represivo: los que son miembros de grupos que protestan, que disienten con las políticas gubernamentales, que reclaman los abusos de poder. La represión es pues selectiva y esta práctica es discriminatoria. Por el contrario, las personas que están cercanas a quienes ejercen poder político, policial y económico, no sólo nunca son reprimidas, sino que gozan de la protección policial para sus actividades, sean legales o ilegales. Es decir, un grupo humano sufre la represión por el ejercicio de derechos, y otros gozan de impunidad por actos ilegales.

Violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes
Los datos aportados por los defensores de derechos humanos relacionados con las casas de ayuda a migrantes demostraron la extrema situación de vulnerabilidad de los transmigrantes, que se han visto desplazados a la ilegalidad y criminalizados por el endurecimiento de las requisitos legales en México como consecuencia de las exigencias de seguridad de los Estados Unidos.
Se han documentado múltiples violaciones de derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, al debido proceso, a sus precarios bienes materiales, y a su salud. Se trata de homicidios (incluso con fines de tráfico de órganos), secuestros, extorsiones, agresiones físicas, violaciones y todo tipo de abuso sexuales, privación de la libertad, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, trabajo forzado, etc. Todos ello cometido tanto por funcionarios estatales (autoridades migratorias, policías federales, estatales, municipales como por la delincuencia organizada en complicidad y/o aquiescencia de las propias autoridades estatales, como asimismo empresas privadas (el tren denominado “La Bestia” y empresas de transferencias monetarias tales como Western Union, EleKtra y MoneyGram) con sede en los Estados Unidos, que canalizan transferencias internacionales de dinero, participaron en la dinámica de los crímenes cometidos contra poblaciones migrantes.
En los casos más extremos se han registrado numerosos supuestos de secuestros masivos de migrantes y de masacres como las ya mencionadas en otro lugar, de las que una de las más significativas es la ocurrida en el Rancho San Fernando, Tamaulipas, en Agosto de 2010, donde 72 migrantes fueron asesinados. Sin embargo, solamente se trató de uno de los más de 200 secuestros colectivos de migrantes que ocurrieron en el año 2010

Sobre agricultura, alimentación y transgénicos
Lo que se visibiliza es una intención clara de acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida, para imponerles su integración en el mercado agroindustrial globalizado… A ello se ha unido la estrategia de penetración del maíz transgénico promovido por las grandes empresas del sector, con el apoyo decidido de los gobiernos mexicanos y de una parte de la comunidad científica, articulada a través de las importaciones y de la legislación (Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005 y su Reglamento de 2008; Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas), que ha causado la contaminación del maíz nativo, como denunciaron la Comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca o los representantes de la Agencia de El Porvenir, Municipio de San José el Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca o los de la Región mixteca, o el estudio elaborado por la Red en defensa del maíz, y pone en peligro su supervivencia, con lo que, más allá de la soberanía alimentaria se está afectando a la misma identidad cultural y a las formas de vida de las comunidades campesinas e indígenas.

Apicultura en la península de Yucatán
La contaminación transgénica ha tenido otros impactos como el causado a los apicultores en la Península de Yucatán por la soya transgénica… La imposición de un modelo agroindustrial intensivo – del que los transgénicos son uno de los instrumentos más extremos – por parte del Estado mexicano y corporaciones del agronegocio, como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow y Basf, o Cargill, no sólo constituye un ataque a una cultura, sino también una verdadera guerra contra la subsistencia, impulsada mediante la fabricación de leyes que impiden la defensa de la agricultura campesina y la producción independiente y que configuran un desvío de poder tal como fue definido por la Comisión IDH, en el caso Gallardo.

Violaciones al derecho al medio ambiente
(Hay una) violencia estructural desatada en contra de la naturaleza y los núcleos de población indígena, agraria y urbano-popular, aniquilados, desplazados u obligados a habitar ambientes deteriorados, con el propósito de hacer efectivos los despojos masivos de territorios que las empresas privadas requieren para el aprovechamiento irracional que hacen de los recursos naturales del país, su saqueo voraz y la especulación con los potenciales negocios derivados… Esta cosmovisión no percibe los árboles, ríos, tierra, montañas como seres con su propia dignidad y derechos, sino como parte de un mundo de “recursos naturales” y “capital natural”, o sea, bienes y servicios que esperan el desarrollo de la inversión para poder ser consumidos productivamente tras ser intercambiados en un mercado. Este proceso tiene como fin una acumulación sin comparación en la historia humana, y su resultado devastador ha sido la decadencia casi total del planeta y de sus tierras, mares, ríos, lagos, bosques, praderas, cuencas y otros lugares, lo mismo que de las comunidades originarias que los habitan, y de sus formas de pensar, vivir e intercambiar con el universo… El 70% de los ríos del país están gravemente contaminado; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados; el país ocupa uno de los primeros lugares en pérdida de diversidad biológica y bosques; más del 80% de los residuos industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y solamente un 15% de los confinamientos de residuos urbanos cumplen parcialmente con la norma ambiental. Se constata pues una violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución de México.

Empresas responsables de la devastación ambiental
Otro aspecto fundamental es la intensificación de un proceso general de despojo de las tierras, aguas, costas, minerales, recursos energéticos, territorios, espacio y servicios públicos e infraestructuras que el Estado mexicano aplica en beneficio de intereses corporativos mediante la aprobación de leyes que posibilitan la privatización del patrimonio de la Nación y de los pueblos. La reciente reforma energética es un ejemplo claro de esta tendencia… En el Dictamen sobre devastación ambiental se menciona expresamente a las siguientes empresas: Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto, Exxon Mobil, Kraft Compañía Minera Fresnillo, Compañía Minera Nuevo Monte de Zimapán, Geotermoléctrica Los Azufres (Hidalgo, Michoacán), Arcelor Mital (Michoacán), Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla en Puebla, Central Termoeléctrica José Aceves Pozos (Sinaloa), Sovay Fluor México (Chihuahua), Ideal Standard (Nuevo León), Empresas Ca Le de Tlaxcala, ADM Bio Productos (Sonora), Minera Bismark (Chihuahua), Pemex-Petroquímica Morelos, Cobre de México (Distrito Federal), Prym Fashion México (Estado de México), Power Sonic (Baja California), Arteva Specialities (Querétaro), Acabados de Calidad Tecate, Aceites, Grasas y Derivados (Jalisco), Vivsil (Querétaro), Enerya (Nuevo León), Austin Bacis (Durango), Productos y Diseños de Mármol (Baja California), Forjas Spicer (Tlaxcala), Balatas Mexicanas (Tamauliaps), Pemex-Complejo Procesador de Gas Matapionche, Layne de México (Sonora), Constructoras OHL y TRADECO, Inmobiliarias Casas Geo y Ara, Sadasi, Caabsa Eagle SA de CV, Cementeras Cruz Azul, Tolteca-Cemex, Lafarge, Clarimex, Cargil, FUD, Teck Comico Ltd,Mineras Esperanza Silver de México, Maquiladoras de diversos corredores industriales, Wall-Mart de México, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Oxxo, 7-Eleven, Costco, Office Depot, Office Max, Home Depot y Hom Mart.

Violaciones a los derechos de los pueblos indios
En los testimonios dados por los indígenas Tarahumaras, Triquis, Nahuas, Ñañus, Purépechas, Tzotziles se pudo apreciar con claridad la perjudicial injerencia de la cultura occidental mediante los partidos políticos, los intereses económicos, la extracción de los recursos naturales, que ha generado división interna, atentados a la autodeterminación de los pueblos, disputas territoriales, muerte, enfrentamientos internos y hostigamientos. Destaca en este punto en muchos casos la connivencia o cuanto menos la pasividad del Estado ante la actuación de agentes privados en los territorios indígenas.

La impunidad en México
Por dar dos datos, según Amnistía Internacional, entre finales de 2006 y 2012 ha habido 7.441 denuncias por abusos cometidos por las fuerzas armadas, de las que, sin embargo, solamente se habían derivado 27 condenas; y según fuentes oficiales mexicanas, en 2013, de 33.1 millones de delitos solamente el 6.2% fueron esclarecidos. Precisamente en los mismos días en que se celebraba esta Audiencia Final, otros tres condenados por la masacre de indígenas chiapanecos en Acteal en 1997, han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia, por lo que solamente dos continúan en prisión, de un total de 102 indígenas procesados por el homicidio de 45 integrantes de la comunidad de Las Abejas. Los inductores de la masacre jamás han sido identificados por vía judicial… El Estado mexicano es el principal responsable de la vulneración de los derechos de las víctimas y de sus familiares que se deriva de esa impunidad, por la escandalosa falta de respeto que les muestra en la mayoría de los casos y por la revictimización que con frecuencia reciben en el momento de denunciar dichas violaciones, en contravención de los principios reconocidos internacionalmente de derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

SENTENCIA. RESPONSABILIDAD DE ESTADO MEXICANO
Tras el análisis de los testimonios y demás pruebas aportadas, el Tribunal concluye que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El Estado mexicano, en sus niveles municipal, estatal y federal, tiene responsabilidad internacional objetiva por violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todos los ciudadanos sin discriminación alguna (art. 1.1 Convención interamericana de derechos humanos: obligación de garantía; art. 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas). Específicamente los derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra, libre expresión, salud, medioambiente sano, vivienda digna, protesta social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad, idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la justicia, derecho a la presunción de inocencia (por ejemplo en el caso de los defensores ambientales sometidos a procesos judiciales) y derecho al consentimiento libre, previo e informado. Consecuentemente, tiene responsabilidad por violación de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos.
El Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, tiene asimismo responsabilidad por la violación de los derechos recogidos en el propio texto de la Constitución Mexicana. Tiene responsabilidad por desvío de poder (tal como fue definido por la Comisión Interamericana de derechos humanos en el caso Gallardo, Informe 43/96), materializado en desamparo institucional, delegación irresponsable de funciones esenciales, privatización de espacios y servicios públicos con graves consecuencias para la salud o integridad (como mostró el caso de la guardería ABC), abandono del rol de protección de derechos económicos, sociales y culturales, degradados a mera función de beneficencia o menospreciados, uso excesivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones sociales (grupos de choques, desplazamientos forzados), y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales condenadas en esta sentencia, entre otras.
El Estado mexicano, finalmente, tiene en sus tres niveles responsabilidad específica por su acción e inacción en materia de derecho al medio ambiente sano, que han dado lugar a una situación de catástrofe ambiental

Los culpables, con nombres y apellidos
1) A los responsables del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1/12/1988 al 30/11/1994) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio) y por delitos contra el derecho a la alimentación.
2) A los responsables del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1/12/1994 al 30/11/2000) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio),
3) A los responsables del gobierno de Vicente Fox Quesada (1/12/2000 al 30/11/2006) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos, desapariciones forzadas de personas y privaciones de la libertad).
4) A los responsables del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (1/12/2006 al 30/11/2012) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, extermino, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos y responsabilidades individuales por crímenes internacionales); por delitos contra el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.
5) A los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto (1/12/2012 al día de hoy) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.

Cargos contra las empresas transnacionales
Y siendo los cargos, diferenciados en el caso de cada empresa, los de:
– Participación como autores, cómplices, inductores, encubridores o instigadores, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, y desaparición forzada de personas;
– violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical,
– fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en México,
– participación en la degradación del medio ambiente en México,
– vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios

Recomendación a la FAO
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) debe asumir sus responsabilidades en cuanto a la defensa del maíz nativo y campesino y la amenaza que representa su contaminación transgénica en el centro de origen que no puede considerarse un asunto doméstico de México. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU/FAO debe actuar inmediatamente para salvaguardar los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y defender los derechos de los campesinos. De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debe abstenerse de demandar propiedad intelectual sobre plantas, animales o cualquier ser vivo y asegurar que no se aplique ninguna forma de propiedad intelectual sobre ellos. El Convenio sobre Diversidad Biológica, debe realizar investigaciones especiales y con participación de pueblos indígenas y campesinos sobre cómo la comunidad internacional puede garantizar la integridad de los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y locales.

El imperativo de la refundación de México
Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abrió hace algunos años un capítulo de investigación sobre México. A partir de la presentación del acta de acusación en una sesión pública en la UNAM el 21 de octubre de 2011, bajo el rubro: “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos en México” comenzó un largo camino que ha desarrollado siete audiencias temáticas y tres transtemáticas. Dichas audiencias fueron precedidas por numerosas pre-audiencias a lo largo y ancho del país. Una de las pre-audiencias, bajo el título Taan U Xuulsaj K Kuxtal “Están acabando con nuestra vida”. Políticas de Exterminio contra el Pueblo Maya, se realizó el 9 y 10 de noviembre de 2013 en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an de Maní, Yucatán, a la que hice referencia en su momento a través de varias colaboraciones en este mismo espacio.

Todo este largo camino tenía un único objetivo: explorar de manera sistemática y juzgar el espectro complejo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos que han ocurrido en México a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: 1982-2014. Pues bien, la senda ha llegado a su fin en la Audiencia Final del TPP, que tuvo lugar hace unos días, del 12 al 15 de noviembre de 2014. La conclusión del TPP coincidió con uno de los momentos más dramáticos y críticos por los que haya pasado nuestro país en su pasado reciente: la muerte de seis jóvenes y la desaparición de otros 43, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo lugar en la ciudad de Iguala, Guerrero. Esto hizo que el TPP, en el prólogo de su sentencia final, dijera: “Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado”.

El documento completo de la sentencia final del TPP en su capítulo México ocupa casi cien páginas. Quisiera solamente compartir con las lectoras y lectores de esta columna, la sección final. En su sentencia, el TPP afirma que, “ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México”.

Para marcar la dirección que ha de seguir esta refundación del Estado mexicano, después del estudio y análisis crítico de cientos de casos de violaciones de derechos humanos presentados, el TPP hace una lista de 20 sugerencias. Son las que ahora les comparto.

Un Estado Mexicano refundado debería:
1. Reasumir, desde todos los niveles de su estructura política y desde todos los poderes, su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México.
2. Garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente..
3. Implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) desde una perspectiva que incluya la gran diversidad de mujeres en México incluyendo las desigualdades étnicas y económicas entre otras, y acatando todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México, activando un programa integral contra las diversas modalidades de violencia contra las mujeres.
4. Garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y el derecho de huelga; proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras; y ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte, en particular el 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el 138 sobre edad mínima, referido a la abolición del trabajo infantil y el 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras domésticas.
5. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y recursos y a ser consultados en relación con los proyectos que pueden afectarlos directamente.
6. Replantear globalmente la problemática de la migración tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México.
7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que éstos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales/étnicos, etarios y de género y no contribuyan a la criminalización de la protesta social.
8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas, y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos.
9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales.
10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado.
11. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país.
12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar o crear políticas de apoyo a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar el sector agrícola, disminuir la dependencia y favorecer la soberanía alimentaria.
13. Asumir su responsabilidad, frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Debido a la gravedad de los riesgos a que se somete al centro de origen global del maíz, sustento de los pueblos que lo crearon para bien de toda la humanidad, y siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país.
14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables.
15. Regular la autorización de las actividades económicas estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos.
16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas, que contribuyen a mantener la impunidad.
17. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos.
18. Transformar el sistema judicial, tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio de acuerdo con parámetros internacionalmente aceptados.
19. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronte los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro.
20. Modificar o derogar todas las normas legales que constituyan un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas.

Ojalá estas orientaciones nos sirvan para mirar hacia dónde tendría que desembocar la movilización social que Ayotzinapa ha encendido en todo el país.

Boaventura de Souza Santos es uno de mis sociólogos preferidos. Tuve la fortuna de conocerlo personalmente y escucharlo en el último Foro Social Mundial que tuvo como sede la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Portugués de nacimiento, tiene una fama impresionante en Brasil y su cercanía a los movimientos sociales emergentes ha desembocado en una reflexión invaluable sobre el peso de la sociedad civil organizada en la democratización auténtica de las sociedades de nuestro tiempo.

Pues bien, el sociólogo lusitano ha escrito una carta a las y los jóvenes de México a propósito de los recientes acontecimientos por los que pasa en país, de manera destacada a raíz de la muerte de seis estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 cuyo paradero desconocemos hasta el momento. El grito “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” ha sobrepasado todas las fronteras, y esta carta de Boaventura es un buen testimonio de ello. Por eso quiero ceder el espacio de esta columna semanal a esta misiva. Les dejo en buena compañía: una reflexión que apunta caminos, que reta, al mismo tiempo que manifiesta su solidaridad indeclinable. .

Carta a las y los jóvenes de México
Boaventura de Sousa Santos

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.

Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?

Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.

Hay varias opciones y no me sorprende que ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan crear zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal.

Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales.

Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes?

Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.

Un abrazo solidario.