Iglesia y Sociedad

He cumplido al pie de la letra todas las disposiciones de la actual alerta sanitaria. No entiendo gran cosa del funcionamiento de los virus (y poco de nuevo he aprendido a pesar de la aburrida andanada pseudo-informativa de los medios comerciales) pero he debido confiar en la opinión de aquellos que se supone que sí saben. Lo solicitado al público, a fin de cuentas, (lavarse las manos con frecuencia, no saludar de beso o mano, no acudir a lugares con aglomeración de personas) no era gran cosa y cuando algunos empresarios comenzaron a quejarse por tener que cerrar sus negocios, mi prurito antiempresarial, así, a bote pronto, me hizo ver con agrado las medidas.

No obstante lo anterior, no he dejado de darme cuenta que –como siempre sucede– hay gente que se aprovecha de este tipo de acontecimientos inesperados y de la manera como atrapan la atención mediática. No es casual que los legisladores federales hayan terminado sus discusiones sobre la reforma a los sistemas de seguridad pública, que representa una amenaza a la vigencia de los derechos y libertades individuales y que consagra estados de excepción que se antojan francamente anticonstitucionales, justo en los días en que la alerta sanitaria ocupaba todas las planas de los periódicos. Nadie vio, nadie supo. Ninguna discusión pública, ninguna protesta. Bendita influenza.

Es por eso que, a contra corriente, quiero hoy recordar un aniversario que avergüenza a nuestro país y a sus autoridades. El día 3 de mayo de 2006 en el Municipio de Texcoco, Estado de México, elementos de la fuerza pública del Gobierno reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores, que previamente habían acordado con la autoridad municipal el permiso para que se instalaran en las afueras del mercado a comercializar sus productos. En apoyo de los trabajadores, habían acudido diversos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales también fueron atacados y encarcelados.

Con el propósito de lograr la liberación de los detenidos durante la intervención emprendida por la Policía Estatal, los habitantes del Municipio de San Salvador Atenco iniciaron diversas acciones de apoyo. En las primeras horas del día 4 de mayo de 2006, una fuerza integrada por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva, Militar, Judicial del Estado y Municipal de Texcoco, inició un operativo en contra de los habitantes de Atenco y pueblos vecinos, realizando detenciones masivas, allanamientos de viviendas, e infringiendo a los detenidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con vergüenza recordamos el saldo final de los operativos: cientos de personas fueron detenidas sin respeto a sus garantías, dos jóvenes, Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea Hernández, de 19, fueron asesinados. Especial humillación sufrieron las mujeres de Atenco, convertidas por unas fuerzas del ‘orden’ fuera de todo control en el botín de guerra del operativo: muchas de ellas fueron violadas y torturadas física y psicológicamente. De todo ello hay abundantes testimonios gráficos y acusaciones formales rendidas ante el Ministerio Público.

Convertido en un escándalo que rebasó las fronteras del Estado mexicano, muchas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, emitieron sus recomendaciones. Tanto el gobierno de Vicente Fox, como el de Felipe Calderón, han hecho caso omiso de ellas. Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia, en una de sus más discutidas decisiones, determinó que en el operativo de Atenco se violaron flagrantemente los derechos humanos de cientos de ciudadanos, pero omitió señalar culpables y todo quedó en una especie de regaño infructuoso. Los responsables de tales hechos continúan sin castigo.

Las organizaciones de derechos humanos se han encargado de colocar los acontecimientos de Atenco en su justa dimensión. No se trata de una acción casual y aislada, sino que responde a un patrón estratégico destinado a proteger megaproyectos transnacionales, que implica una ofensiva de los órganos de seguridad, ejército y policías, y que criminaliza la protesta social, con el fin de eliminar la disidencia interna. Así, los encargados del orden defienden los intereses del gran capital, mientras que numerosas organizaciones populares son perseguidas y reprimidas en México.

Atenco no es sólo el recuerdo oprobioso de una represión orquestada y realizada por quienes tienen como función defender a los ciudadanos en lugar de agredirlos. Es un asunto del presente porque continúan impunes los funcionarios que intervinieron en el brutal operativo y porque permanecen en la cárcel 12 personas con penas que van de los 31 años de prisión, como en los casos de Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales, y también penas de 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad, como ocurre con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Otros, como América del Valle y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos. Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra, y otros, sencillos y humildes pobladores; algunos incluso, nunca habían participado en ningún movimiento social.

Firmada por más de 100 organizaciones, colectivos, redes y movimientos de 17 estados del país y 6 naciones y encabezada por las firmas de decenas de personalidades del arte, la ciencia y la religión, ha surgido una campaña internacional por la liberación de los 12 presos, que solicita la revocación de las injustas sentencias, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos y perseguidos y el juicio a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos.

Entre las personalidades religiosas firmantes están Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; Fray Miguel Concha Malo, fraile dominico, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez; el Comité Monseñor Romero, entre otras entidades de inspiración cristiana. Las y los artistas Ofelia Medina, Manu Chao, Julieta Egurrola, Francisco Toledo, Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho, Demián y Odiseo Bichir, entre otros. Destacan también periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa y Luis Hernández Navarro; académicos y escritores como Adolfo Gilly, Carlos Montemayor, Luis Villoro y Paco Ignacio Taibo II…

Desde este rincón del sureste mexicano, en permanente lucha contra el olvido y la desmemoria, esta columna apoya la campaña “Libertad y Justicia para Atenco”. La influenza ha resultado un conveniente amnésico para muchos comentaristas. No para esta columna.

Hay acontecimientos que quedan prendidos en la memoria colectiva. Uno de ellos es el Auto de fe realizado por Fray Diego de Landa en Maní. Así lo recuerda Eduardo Galeano: “1562. Maní. Esta noche se convierten en ceniza ocho siglos de literatura maya… Al centro, el inquisidor quema los libros… mientras tanto, los autores, artistas-sacerdotes, muertos hace años o siglos, beben chocolate a la fresca sombra de la ceiba, el primer árbol del mundo. Ellos están en paz porque han muerto sabiendo que la memoria no se incendia.” (Maní (fragmento). Memoria del Fuego. Los nacimientos)

Aunque hay versiones encontradas sobre el pasaje histórico y pueden hallarse lo mismo defensores que detractores del obispo franciscano, lo cierto es que Landa, movido por un celo digno de mejores causas, persiguió y castigó a cientos de hombres y mujeres mayas por el delito de idolatría (eran bautizados, pero continuaban el culto maya en la clandestinidad) e incendió cientos de códices y de figuras en los que el pueblo maya guardaba celosamente su memoria y su alma religiosa.

A hechos como el Auto de fe de Maní se refería el Papa Juan Pablo II cuando, en su carta apostólica ‘El tercer milenio que llega’ señalaba: “Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto al arrepentimiento está constituido por la aquiescencia manifestada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad. Es cierto que un correcto juicio histórico no puede prescindir de un atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo cuyo influjo muchos pudieron creer de buena fe que un auténtico testimonio de la verdad comportaba la extinción de otras opiniones o al menos su marginación. Muchos motivos convergen con frecuencia en la creación de premisas de intolerancia, alimentando una atmósfera pasional a la que sólo los grandes espíritus verdaderamente libres y llenos de Dios lograban de algún modo substraerse. Pero la consideración de las circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar profundamente las debilidades de tantos hijos suyos, que han desfigurado su rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Señor crucificado, testigo insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre. De estos trazos dolorosos del pasado emerge una lección para el futuro, que debe llevar a todo cristiano a tener buena cuenta del principio de oro dictado por el Concilio: «La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas» (TMA 35).

Por eso creo que, junto con el auto de fe de Maní. Las generaciones venideras recordarán otra fecha: el 13 de Abril de 2009. En esa fecha, un lunes por la tarde, al atrio del convento de Maní llegaron los franciscanos que viven en el sureste de México (Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas), pertenecientes a la provincia que lleva por nombre San Felipe de Jesús. Con los pies calzados con sandalias y los raídos hábitos cafés, estos discípulos de Jesús y miembros de la familia de Francisco de Asís, que se toman en serio la vivencia del evangelio, hicieron una celebración en la que pidieron perdón por todas las ‘sombras’ de la tarea evangelizadora realizada en estas tierras por sus cofrades del siglo XVI y los siglos posteriores. De manera especial pidieron perdón por el auto de fe de Maní.

Seguidores de Cristo pobre, despojados de la parafernalia mediática que –hoy más que nunca– no es más que ‘campana que suena y platillo que retumba’, y apoyados solamente en la fuerza desnuda de su testimonio, estos profetas de la ternura, los frailes franciscanos de la provincia sureste, se comprometieron a luchar para que acciones como el auto de fe no se repitan más nunca en el presente ni en el futuro. Comparto con ustedes, el hermoso texto con el que pidieron perdón y manifestaron su compromiso:

Al pueblo maya, extendido más allá de las fronteras humanas
Al pueblo yucateco
A la Iglesia católica y a todas las denominaciones cristianas que se esfuerzan por vivir el mensaje de Jesús de Nazaret
A todas las mujeres y hombres de buena voluntad

Nosotros, Hermanos Menores del siglo XXI, pedimos PERDÓN:

Pedimos perdón al pueblo maya, por no haber entendido su cosmovisión, su religión, por negar sus divinidades; por no haber respetado su cultura, por haberle impuesto durante muchos siglos una religión que no entendían, por haber satanizado sus prácticas religiosas y haber dicho y escrito que eran obra del demonio y que sus ídolos eran el mismo satanás materializado.

Pedimos perdón, porque en muchas ocasiones nos alejamos del mandato de Jesús de Nazaret: Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Noticia… y predicamos una religión de miedo, temor y lucro, y no nos encarnamos e inculturamos en este pueblo, como Jesús se encarnó en el género humano.

Pedimos perdón, porque destruimos sus edificios, sus templos y encima de ellos construimos grandes obras arquitectónicas, muchas veces con el cansancio, el sudor y la sangre de los indígenas. Pedimos perdón porque una vez terminadas esas obras no las pusimos, en muchas ocasiones, al servicio del Reino y del pueblo; nos encerramos en ellas y nos alejamos de los pobres, encontramos en dichos edificios todas las comodidades; hicimos de ellos nuestro claustro, cerramos nuestras vidas y encerramos nuestras ideas y con ello nos olvidamos de que el mundo es nuestro claustro y de que en él hay muchos excluidos, muchos claustros olvidados.

Pedimos perdón. por no haber hecho una evangelización que incluyera a las mujeres, y en muchas ocasiones nos unimos a la práctica común de utilizarlas, humillarlas, excluirlas, someterlas, no darles el justo lugar que deben ocupar en nuestra Iglesia a pesar de que ellas son las que la sostienen.

Pedimos perdón, por haber dudado de la dignidad de la persona humana; por haber callado frente a la violación de los derechos de los hombres y mujeres de estas tierras, pudimos haber gritado, levantado la voz, pero no lo hicimos y con ello nos unimos a la aberrante humillación de nuestro pueblo.

Pedimos perdón, porque no seguimos el ejemplo de Francisco de Asís, de abrazar a los excluidos de todos los tiempos con diferentes rostros del crucificado: niñas y niños; jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, migrantes, ancianos, mujeres, infectados de VIH y enfermos de SIDA, homosexuales y muchos otros marginados de la sociedad; nos unimos a la voz inquisidora de quien señala y condena y no les dimos la ternura profética y salvadora que viene de Dios.

Pedimos perdón, porque nos unimos al saqueo de la hermana madre tierra, y con una mentalidad mercantilista, la abandonamos y abandonamos a los que la trabajan.

La historia y el pueblo han juzgado a nuestra Iglesia y a la Orden Franciscana; aceptamos con humildad el juicio y llevamos en nuestra conciencia la condena: cargar en nuestros hombros hasta el final de los días con el perdón y la bondad del pueblo del que un tiempo nos alejamos.

Nosotros hermanos menores, nos COMPROMETEMOS:

A ofrendar nuestra vida, hasta el extremo, hasta entregarla por la salvación y la liberación total de todo pecado, de toda opresión de cualquier tipo, para que las hijas y los hijos de Dios tengan vida en plenitud.

A formar a nuestros hermanos que vienen atrás y a formarnos nosotros, para comprender la cultura de la que hemos salido, promoverla y encarnar el mensaje de Jesús hasta tener un cristianismo maya.

A abrazar a los excluidos de hoy y luchar desde lo más profundo del corazón y con todas las fuerzas que nos da el Dios de la vida, por su inclusión en nuestra sociedad, por el respeto de sus derechos.

A luchar porque las mujeres tengan una vida más participativa en la sociedad y en nuestra Iglesia.

A trabajar por transformar la historia al lado de nuestro pueblo; a cuidar la vida en todas sus dimensiones, especialmente la vida amenazada; a continuar la Causa de Jesús: hacer el Reino. A hacer otro mundo.

Dios, Madre y Padre, que conoce las intenciones y propósitos de sus hijas e hijas nos dé la fuerza de su Espíritu para que, siguiendo a su Hijo, podamos llevar al corazón de nuestro pueblo, la Buena Noticia de la salvación, con la encarnación profética de la ternura.

Maní, Yucatán, 13 de abril de 2009
En el VIII Centenario de Fundación de la OFM

La pesadilla duró cerca de diez años. El pasado 8 de abril de 2009, justo al inicio de un período vacacional para el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia emitió la sentencia final del conocido caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra niños y niñas de la Escuela Social de Menores Infractores (ESMI), y denunciadas por sus familiares desde el año 2001.

Cerca de un año después que el equipo de derechos humanos Indignación A.C. interpusiera la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta emitió la recomendación 10/2002 que documentó graves violaciones a derechos humanos cometidas por la entonces Directora de la ESMI, Dra. Rocío Martel, ante la complacencia y complicidad de otros funcionarios de la institución.

En numerosas ocasiones he referido en esta misma columna las vejaciones de que fueron objeto los niños y niñas de la ESMI. Si las repito ahora no es por un prurito morboso, sino para que nunca olvidemos de lo que es capaz el abuso de poder, para que aquilatemos el sufrimiento que han llevado por muchos años sobre sus hombros (y, probablemente seguirán llevando) los niños y niñas agredidos, pero –sobre todo– para que nos aseguremos de que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir nunca más.

La CNDH documentó en su recomendación que funcionarios de la ESMI, bajo el mando de la Dra. Martel, obligaban a los niños a comer alimento para cerdos, los golpeaban en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos y los encerraban en celdas por lapsos de hasta 15 días. La CNDH también documentó que la entonces directora le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestía a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al CERESO de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control.

No obstante la gravedad de los hechos documentados, los órganos encargados de procurar y administrar justicia se llevaron seis años en llegar a una sentencia, en un proceso plagado de irregularidades que puntualmente dio a conocer a la opinión pública el equipo Indignación A.C. El resultado del trabajo de la juez séptimo, Rubí González Alpuche, no pudo ser más decepcionante: en su sentencia de agosto de 2007 no solamente fijó una pena irrisoria a las únicas dos personas a las que encontró culpables (la Dra. Martel, 3 años de prisión, y al chofer Martín Antonio Espínola Escalante, un mes, absolviendo a otros diez ex funcionarios implicados), conmutables por 19 mil pesos en el primer caso y por 555 pesos en el segundo, sino que pretendió justificar la sentencia bajo el argumento de que “llegar a esos excesos, fue con una clara intención de hacer recapacitar a los menores (…) considerados ‘menores incorregibles’ (…) provenientes de familias totalmente disfuncionales”.

A pesar de que las y los adolescentes habían enfrentado un largo y desgastante proceso, la sentencia dejó un grado tan alto de insatisfacción, que, ofreciendo un ejemplo de valor, una de las agraviadas, acompañada del equipo Indignación A.C., decidió interponer el recurso de apelación por la reparación del daño e instar al Ministerio Público a apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, proceso que se prolongó por casi dos años y que ha resultado en la sentencia final que prevé un aumento de 11 meses en la pena impuesta contra la ex directora de dicho centro, Rocío Martel López, con lo que queda confirmada su responsabilidad.

Estos son, pues, los números vergonzosos de la justicia “pronta y expedita” para los niños y niñas de la ESMI cuyos derechos fueron violados: un proceso que abarcó más de ocho años, tres gobiernos estatales involucrados (Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco), y una sentencia que llega casi diez años después de que se cometieron los hechos, ocho años después de que se denunció ante la CNDH, seis años después de que inició el proceso penal y a casi dos de que se presentó la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

Aunque, a juicio del equipo Indignación A.C., la sentencia no refleja la gravedad de los agravios cometidos contra las y los entonces adolescentes, no todo son malas noticias. No solamente ha quedado confirmada la culpabilidad de la ex funcionaria, sino que de este largo proceso han surgido algunos elementos que serán de mucha utilidad para futuros procesos de defensa de derechos humanos contra los abusos del poder público.

Un primer elemento es que no recordamos que en alguna otra ocasión, en la sentencia de un caso de violación a los derechos humanos, se haya incluido el concepto de reparación moral del daño. Es cierto que 10 mil pesos para cada uno de los niños y niñas denunciantes aparece como una cifra insuficiente, que no alcanza ni siquiera a costear un tratamiento psicológico que les permitiría superar las secuelas de los sufrimientos que padecieron, sin embargo, la inclusión de tal concepto sienta un precedente en materia de derechos humanos en el estado de Yucatán, lo que debe considerarse una victoria, tanto de los denunciantes, como de las organizaciones nacionales que se unieron a esta exigencia ante el Tribunal Superior de Justicia: Infancia Común, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y la Red por los derechos de la infancia.

Un segundo elemento digno de llamar la atención es que, aunque el aumento de la sentencia fue solamente de once meses, el Tribunal Superior de Justicia determinó que tal sanción no podrá ser sustituida por dinero sino, únicamente, por setecientas doce jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en los términos que fije el Ejecutivo del Estado. Grave responsabilidad tiene la gobernadora del estado, ya que de ella dependerá fijar cuál será el trabajo a favor de la comunidad por el que la ex directora podrá conmutar su sentencia. Seremos muchos y muchas quienes estaremos pendientes de su decisión. Será una buena oportunidad para medir su compromiso en el combate contra la impunidad, uno de los cánceres que mina nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Finalmente, aunque la dilación haya sido el signo bajo el cual transcurrió todo este largo proceso judicial, no deja de ser alentador que una demanda ciudadana, llevada adelante gracias a la resistencia de los agraviados, pertenecientes a un grupo en especial situación de vulnerabilidad como son los niños y las niñas, haya logrado evitar la impunidad de la ex funcionaria que, en ejercicio de sus tareas, abusó de su poder y cometió los delitos por los que, finalmente, resultó inculpada.

Colofón: Se estará presentando en fechas próximas en el Centro Cultural Olimpo la pieza teatral, “Guerrero en mi estudio”, escrita y dirigida por José Ramón Enriquez. Quienes tengan la oportunidad de asistir, además de presenciar un espléndido trabajo actoral de la compañía “Teatro hacia el margen A.C.”, podrán tener acceso a la esperpéntica visión del dramaturgo sobre la cuestión, permanentemente abierta, del único caso de mestizaje deseado que nos reporta la historia de la invasión europea de finales del siglo XV.

Ya todo huele a semana santa. La celebración cumbre del triduo pascual resulta para los cristianos y cristianas una conmemoración de aquello que nos identifica en lo más hondo: el aprecio por la entrega salvadora de Jesucristo en la cruz. He insistido ya en otras ocasiones en que me parece un desvío separar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del conjunto de la vida de Jesús. Como bien señalara el teólogo brasileño Leonardo Boff en su libro ‘Pasión de Cristo. Pasión del mundo’: “Muerte no es solamente el último momento de la vida. Es la vida toda que va muriendo, limitándose, hasta sucumbir en un límite último. Por eso, preguntar ‘¿Cómo murió Cristo?’ equivale a preguntar cómo vivió, cómo asumió los conflictos de la vida… Él asumió la muerte en el sentido de haber asumido todo lo que trae la vida: alegrías y tristezas, conflictos y enfrentamientos, por causa de su mensaje y de sus opciones de vida”.

Siempre he pensado que la pregunta ‘¿por qué mataron a Jesús?’ es mucho más pertinente de aquella ‘¿por qué murió?’. Y es más pertinente porque Jesús no buscó la muerte. No fue un suicida. No quiso el sufrimiento ni para los demás, ni para él. Es más, una lectura atenta de los evangelios nos muestra a Jesús combatiendo el sufrimiento ahí donde lo encontraba: en la enfermedad, en las injusticias, en la desesperanza. Por eso el relato de la oración en el huerto de Getsemaní nos muestra que Jesús no corrió tras la muerte… pero tampoco se echó para atrás.

Aquí reside, me parece, la clave para darle al sufrimiento un sentido redentor. Empeñarse en que haya un mundo en el que sea menos difícil el amor y la justicia, la hermandad y la igualdad en la diversidad, implica denunciar situaciones que engendran odio, implica comprometerse en la transformación del mundo, en la gestación de estructuras sociales, ideológicas, psicológicas, políticas y religiosas que hagan posible la justicia y la fraternidad.

Y, como nos lo enseña el testimonio de tantos mártires, este compromiso lleva a enfrentamientos, a sufrimiento, en una palabra, a la cruz. Pero ése es el trabajo de los cristianos y cristianas. Por eso dice Boff que “cargar la cruz hoy como Jesús la cargó significa, por tanto, solidarizarse con aquellos que son crucificados en este mundo, los que sufren violencia, son empobrecidos, deshumanizados, ofendidos en sus derechos”.

Y porque en nuestra sociedad, machista y patriarcal, resulta que los crucificados de este mundo son, muchas veces, más crucificadas que crucificados, es que me alegra que en el marco del mes de marzo y en pleno tiempo cuaresmal, el equipo Indignación A.C. haya publicado el informe “Náach Yano’on” (¡Qué lejos estamos!) sobre la situación de las mujeres y su acceso a la justicia.

El informe, que puede ser consultado completo, en sus 42 páginas, en el portal electrónico www.indignacion.org.mx, fue realizado en ocasión de que, el pasado 20 de marzo, se cumpliera un año de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia en el Estado de Yucatán. Con datos duros, el documento nos presenta una realidad altamente preocupante: las mujeres yucatecas, especialmente las mujeres mayas, no han experimentado ningún cambio en su acceso a la justicia a raíz de la entrada en vigor de la ley. Las prácticas viciadas siguen siendo las mismas: no solamente continúan en aumento las cifras de la violencia, sino que los ministerios públicos ni siquiera conocen la ley y se perpetúan los obstáculos para denunciar, enjuiciar y sancionar a quienes cometen violencia en contra de las mujeres.

De nuevo, el equipo Indignación A.C. desnuda hasta sus mismas entrañas el sistema de procuración e impartición de justicia en Yucatán. Queda en el informe, a través del relato de acompañamiento de algunos casos (Doña Rafaela, Doña Eduviges, Doña Antonia, Doña Alicia…), el cúmulo de problemas que enfrentan las mujeres yucatecas y mayas en su determinación de buscar la justicia: las trabas en los Ministerios Públicos, las leyes que están mal hechas, aquellas otras leyes que ni siquiera se han hecho, es decir, todas las ausencias que, por negligencia o incompetencia, son atribuibles al gobierno en todos sus niveles.

Como el nombre mismo del informe afirma, asomarse a la realidad del fallido acceso de las mujeres a la justicia es reconocer cuán lejos estamos de cumplir con los más altos estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar de la flamante adaptación yucateca de la norma federal, el calvario de una mujer en búsqueda de justicia es hoy en Yucatán una realidad vergonzosa.

Para muerta basta un botón: Doña Rafa es una mujer de una comisaría de Conkal. Ha vivido violencia verbal, psicológica, física y sexual por parte de su esposo durante treinta años. Acudió en varias ocasiones al juez de paz de su comunidad y su marido fue arrestado hasta por 36 horas en algunas ocasiones. En septiembre de 2006, doña Rafa acudió de nuevo al juez de paz para denunciar al marido. El juez conminó al agresor a permanecer lejos de su hogar e hizo que firmara un convenio en el que se comprometía a cumplir con esa orden. El mismo juez recomendó a doña Rafa acudir al Ministerio Público para ahí presentar su queja, advirtiéndole que en el ayuntamiento ya no podían hacer nada más.

Doña Rafa interpuso su denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia familiar desde el año 2007. Ha ampliado su declaración en varias ocasiones, ha presentado testigos, ha ofrecido una valoración psicológica que le realizaron en la Casa de la Mujer… Sin embargo, hasta marzo de 2009 su expediente no había sido consignado. ¿Qué otra cosa necesitará hacer, dado que en la agencia del Ministerio Público no sabían siquiera de la existencia de la nueva ley y, mucho menos, cómo ponerla en práctica?

Con este informe, el equipo Indignación A.C. nos ofrece un testimonio más del dolo y el desinterés de las autoridades yucatecas en la administración de justicia a favor de las mujeres. Y nos confirma también, con talante profético, aquello que señalaba Boff: “Defender (a quienes se ven privados de sus derechos), atacar las prácticas en cuyo nombre se les convierte en no personas, asumir la causa de su liberación y sufrir por ella, es cargar con la cruz. La cruz de Jesús y su muerte fueron consecuencia de un compromiso a favor de los desheredados de este mundo”.

Colofón: Sigue hablando cuando muchos callan, recuerda cuando muchos apuestan por el olvido, hurga en los entresijos de la historia y comparte la visión de los vencidos: es Eduardo Galeano, el montevideano de América, escritor entrañable, historiador de los nadies… y estará en Mérida, en el teatro de la UADY, hoy lunes 6 de abril a las 19.00 horas, y en Maní, en la Escuela de Agricultura Ecológica “U Yits Ka’an”, mañana martes 7 de abril a las 17.00 horas. Es una oportunidad única que no hay que desaprovechar. La entrada es libre.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que, para que las personas y los pueblos puedan vivir dignamente, se necesita el reconocimiento y respeto de las dos clasificaciones de derechos: los civiles y políticos (DCyP), y también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC).

Louise Arbour, antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó en qué consisten estas dos clases de derechos: los DCyP hacen que se respete la libertad a vivir sin miedo. Con esta formulación, la entonces Alta Comisionada expresó que la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de movimiento, el derecho a juicios justos, el derecho a elegir a nuestras autoridades, y todos los demás DCyP, nos permiten vivir sin miedo de que los gobiernos nos obliguen a hacer algo que no queremos, que se metan en nuestras vidas. Mucha gente ha sido perseguida por el gobierno debido a su manera de pensar, o a las cosas que ha dicho o publicado. Los DCyP nos garantizan que los gobiernos tienen límites muy precisos y que, siendo ellos nuestros servidores, no tenemos porqué vivir teniéndoles miedo.

Para hablar de los DESC, en cambio, Louise Arbour los nombra como la libertad de vivir sin miseria. Se refiere así a que el derecho a la educación, a la salud, a un nivel de vida digno, al trabajo, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, y todos los demás DESC, son derechos que el estado debe garantizarnos: escuelas, hospitales, empleos, carreteras, lo que hará que no vivamos en la miseria.

Desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada por los países de la ONU, se reconoció que estas dos clases de derechos están íntimamente relacionadas. De nada serviría, por ejemplo, tener libertad de entrar y salir del país (que es un derecho civil) si las personas no tienen trabajo digno para ganarse el dinero suficiente y así poder pagarse un pasaje de autobús o de avión para poder hacerlo (que es un derecho social). Se entendió, ya desde aquellos años, que la pobreza y las condiciones inhumanas de vida eran un obstáculo para el goce de los otros derechos, por lo que no puede llamarse “respetuosa de los derechos humanos” a una sociedad donde la desigualdad se manifiesta en situaciones de miseria.

La influencia de los países capitalistas hizo que durante mucho tiempo se diera mucha más atención a los derechos individuales. Así que muy pronto, en 1976, se inventó un mecanismo llamado “Protocolo Facultativo” para vigilar que todos los países respetaran esos derechos. Como resultado de esto, cualquier ciudadano que sintiera que sus DCyP eran violados tenía instrumentos en su país y fuera de su país, para reclamar que se le respetaran.

Los DESCA, en cambio, han tenido que recorrer un camino mucho más largo para ser reconocidos como verdaderos derechos por los gobiernos de los países. Se creó una categoría de derechos ‘alfa’ –los civiles y políticos—que eran prioritarios en las agendas de política interna e internacional de los países ricos e influyentes. En contraste, los derechos económicos, sociales y culturales a menudo quedaron al final de las listas de ‘pendientes’ nacionales e internacionales”.

El año pasado, 2008, terminó con un evento histórico para el mundo de los derechos humanos: la adopción por la Asamblea General de la ONU del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-DESC). Por “protocolo facultativo” entendemos el establecimiento de medios jurídicos concretos, universalmente aceptados, por medio de los cuales un ciudadano puede enfrentar una violación de los derechos humanos en su país y, una vez que se hayan agotado todas las instancias internas, puede también recurrir a tribunales internacionales expresamente creados para ello.

Ya desde hace más de treinta años, si una persona ve violados sus DCyP y agota los canales existentes en su país, entonces puede recurrir a instancias internacionales a las que México está sometido. Eso es lo que hizo, por poner un ejemplo, el ex candidato independiente a presidente de la república, Jorge Castañeda. Él quiso ser candidato a la presidencia, pero quiso hacerlo fuera de la estructura de los partidos. La ley electoral se lo impidió, porque en México no existía la figura de candidatos independientes. Todo el que quisiera ser elegido debería ser presentado por algún partido político. La candidatura de Jorge Castañeda fue desechada por los tribunales mexicanos. Pero Jorge Castañeda, que sabe que existen tribunales internacionales donde podía llevar su caso, apeló la decisión de las autoridades mexicanas, argumentando que el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado no implica necesariamente que deba serlo a través del registro de algún partido político. Y ganó el caso.

Pero en el caso de los DESC, como ya hemos mencionado, el camino ha sido más lento. Los países miembros de la ONU firmaron el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero habían retrasado la creación de un “protocolo facultativo” que estableciera tribunales internacionales donde casos de violación a los DESC pudieran ser dirimidos. Este retraso es explicable. Los DESC implican la participación decisiva del Estado para respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Esto implica que los Estados deben, por ejemplo si hablamos del derecho a la educación, destinar un determinado tanto por ciento de su presupuesto para cubrir gratuitamente las necesidades de educación básica de sus poblaciones. Y lo mismo puede decirse del derecho a la salud o del derecho al trabajo. A los Estados no les conviene que los ciudadanos puedan exigir en tribunales internacionales estos derechos. Por eso argumentan que para cumplir los DESC se necesita dinero y el Estado no siempre puede contar con el presupuesto que necesita para que los DESC sean una realidad para todos y todas.

Pues bien, la lucha de años por conseguir que la asamblea general de la ONU aprobara el Protocolo Facultativo para los DESC, ha culminado. Esto es un éxito importante para los grupos que trabajan en este tema y sobre todo abre valiosos caminos para que víctimas de violaciones a DESC obtengan justicia.

La aprobación del Protocolo Facultativo para los DESC, en diciembre de 2008, es sólo un paso más en un camino todavía largo. Dicho protocolo no entrará en vigor sino hasta que al menos 10 Estados lo ratifiquen. Habrá que garantizar que su inminente entrada en vigor se dé con un alto número y diversidad regional de ratificaciones (mucho más de las diez indispensables). Habrá también que asegurar después su funcionamiento adecuado, trabajando para garantizar la adopción de reglas de procedimiento efectivas y la elección de miembros con fuerte trayectoria en el comité DESC, para facilitar la participación de organizaciones a nivel nacional para la presentación de casos y la implementación de decisiones. Falta mucho, pero la aprobación es el primer paso y merece celebrarse.

En base a las noticias más recientes, el PF-DESC estará disponible para firma (que es el primer paso para una ratificación) en septiembre del 2009. Ojalá que un número considerable de países participe en la ceremonia con su firma. Muchas organizaciones, a lo largo y ancho del planeta, están solicitando a las autoridades de sus países que definan sus planes con respecto a la firma y ratificación del PF-DESC. Esperemos que México se ponga a la vanguardia y sea de los primeros en firmarlo y ratificarlo.

El ejercicio poético es una forma de contemplación. No es casual que muchos místicos y místicas sean, al mismo tiempo, entrañables poetas. El hallazgo poético tiene la densidad del fuego; aire inasible, el poema desvela y revela otro lado de la realidad. Es umbral de misterio, oblicua mirada que es, a la vez, opaca y transparente.

Cuando la teología, ese frágil intento de explicar el Misterio, desgasta las argumentaciones, entonces se hace imprescindible la mirada del místico, del poeta. Cuando se lee algunos de los versos cumbres de Juan de la Cruz (“Allí me dio su pecho, / allí me enseñó ciencia muy sabrosa, / y yo le di de hecho / a mí sin dejar cosa; / allí le prometí de ser su esposa. // Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal, en su servicio; / ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, / que ya sólo en amar es mi ejercicio”) uno intuye mucho más de Dios, así sea con una inteligencia no discursiva, que a partir de la lectura de alguno de los tomos de la Summa Teológica del Aquinate.

Rubén Reyes Ramírez es un poeta. Difícilmente pueda decirse cosa mayor de una persona. Como el místico, el poeta también está tocado por una realidad que lo sobrepasa. Ya en “Estrategia para tomar la flor” (CEPSA Editorial, Mérida 2003), Rubén Reyes había definido su quehacer poético:

Soy al cabo, un amante de la espiga,
obstinado y ebrio amante
de la flor en la región del alba en el latido.

Con mis herramientas:
la llama y la sombra,
del hervor de la rosa
o del milagro en el agua del barro,
soy cazador,
sacerdote y testigo.

Soy el profeta en la oquedad de la intemperie,
huérfano y desnudo,
medio sordo a lo lejos,
algo claro en el aire matutino,
medio triste en la lluvia,
elemental
y terco;
y, al cabo, ausente,
ladrón insomne del silencio.

Ahora, en un nuevo poemario, Rubén Reyes se convierte en cronista de una luz inasible, eterno fuego condensado y fugaz: el relámpago. Publicada por el Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida el pasado mes de enero, la más reciente obra de Reyes Ramírez lleva por título “Crónica de un relámpago” y es un poemario constituido por cinco partes, acompañadas de una introducción y un epílogo.

Uno reconoce en este nuevo libro aquel ritmo al que Rubén nos ha acostumbrado en sus anteriores poemarios. Su prologuista, José Ramón Enriquez, (otro acierto de la reciente publicación: un poeta prologando a otro poeta, aunque el presentador sea más conocido en su calidad de dramaturgo), afirma: “Donde hay un poeta existen sonidos antiguos, y éstos son gemelos de las búsquedas más audaces… Como sonido antiguo o como audacia contemporánea, nunca podremos capturar el relámpago así como tampoco hablar siquiera de él. La esperanza es encontrar poetas que sigan su rastro en su propia experiencia y que nos comuniquen la historia personal de lo inasible y lo inefable”.

A más de sus obsesiones reconocidas (flor, nube, risco, gesto, ritual, resplandor, desvelo) me parece notar, en mi lectura de diletante, un nuevo acento en la poesía de Rubén Reyes que lo emparenta con José Emilio Pacheco: la insistencia en el derrumbe, en los escombros, en la caducidad que marca a nuestra época, aunque aborde el tema siempre con un toque de optimismo, lo cual lo distingue de la desesperanza del poeta capitalino:

De las hojas por el rocío que se esparcen,
de las uvas y el huerto en posesión de las campanas,
sólo me quedan los incendios claros,
sólo el perfume de la sombra sobre el campamento del derrumbe.

****

En la punta del risco del insomnio
hemos de pagarle al buitre eternamente
hasta que el agua limpie los escombros,
el hurto del fulgor
para la edad de la sonrisa.

¿Cómo puede la eterna luz esconderse y revelarse simultáneamente en la fugacidad del instante? He ahí el misterio del relámpago, definido en el diccionario como “resplandor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica”, pero por encima de una anquilosada definición, icono de la fugacidad, símbolo de la única y verdadera realidad, aquella que escapa a cualquier intento de posesión, y que, como la palabra misma, no es otra cosa que momentánea vibración del aire.

Yo creo que un poemario, a pesar de ser concebido y elaborado como un conjunto, cifra su suerte definitiva en el momento cumbre del hallazgo poético, aquellas fórmulas felices que atrapan en el ritmo y la imagen, en el reiterado juego entre sonido y silencio, un momento de revelación inefable. Yo encuentro en “Crónica del relámpago”, que por subtítulo lleva “Cantos de fuego amotinado”, muchos de esos momentos.

No quiero ser exhaustivo. Cuando releo lo que hasta aquí he comentado me parece que es ya suficiente para que las y los lectores se sientan invitados a tomar en sus manos la obra más reciente de Rubén. No resisto, sin embargo, la tentación de compartir desde esta columna semanal algunos de los fragmentos que más me han impactado y emocionado. Aquí está Rubén, de nuevo, intentando la definición de su particular ‘poiesis’, de su tarea como atisbador de misterios:

Es lluvia en el aire palpitando
la que incendia en la arena mi deseo:
soy una condición de asombro,
huella en desvarío por la hierba,
apenas un espasmo en la liturgia del sonido.

O esta hermosa descripción del lúcido instante de la revelación poética, momento en que lo cotidiano se quiebra por la irrupción del resplandor y que tanto me recuerda la saeta angelical que atraviesa el corazón de la mística de Ávila:

Soy apenas la intención del agua
anegando las grietas arteriales de la sombra,
soy un gesto lento en remanso por el escombro;
pero ocurre que se astillan los umbrales
y el pulso de los sueños penetra quietud por las comarcas en la arcilla de la tarde;
entonces es el aire puro el que inventa fulgor en la mirada,
entonces, nada qué decir ni qué hacer
ante la saeta crucial del júbilo,
sino dejarse transportar en la altivez de sus coronas ebrias.

Bienvenidos, pues, a este nuevo vértigo, a un sorpresivo látigo de lluvia poética. Bienvenidos a “Crónica del relámpago”, el nuevo poemario de Rubén Reyes Ramírez.

El domingo pasado leímos en todas las iglesias católicas el texto en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén, según la versión del cuarto evangelio. A diferencia de los otros tres evangelistas, es solamente el evangelio del discípulo amado el que, con una honda mirada de fe, nos revela un significado de tal gesto simbólico de Jesús que no nos explicitan los otros tres evangelios.

Después que Jesús anuncia la destrucción del templo y su reconstitución en tres días, el evangelista se ve en la necesidad de aclarar que tal declaración no fue comprendida, ni siquiera por los mismos discípulos, sino hasta que pudieron leerla a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. A partir de tal declaración los cristianos y cristianas hemos llegado a la conclusión de que no existe para nosotros más templo que Jesús, muerto y resucitado. Es en él, en su proyecto de hermandad, en la comunidad reunida en torno a su seguimiento, que encontramos la presencia de Dios.

Desde hace muchos años no puedo leer este texto sin acordarme del hermoso poema del nicaragüense Ernesto Cardenal. En su texto “Oración por Marylin Monroe”, el sacerdote poeta hace una aplicación del pasaje bíblico refiriéndolo al cuerpo de la legendaria actriz norteamericana. Bajo riesgo de que este segmento no sea comprendido del todo, porque se halla fuera del contexto total del poema, cito ahora las palabras de Cardenal:

“…Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times) / ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo / y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. / Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. / Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno / pero también algo más que eso…

Las cabezas son los admiradores, es claro / (la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz). / Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox. / El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo / en el que está el Hijo de Hombre con un látigo en la mano / expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox / que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones…”

Lo anteriormente apuntado puede ser útil como marco de referencia para una reflexión sobre lo ocurrido en Izamal la semana pasada. Como han informado con profusión algunos medios de comunicación social, Televisa filmó su programa matutino de entretenimiento en diversos puntos de la geografía estatal. Uno de ellos fue el monumental atrio del convento izamaleño.

Se han elevado voces, entre ellas la de los frailes que viven y sirven en el convento, señalando que dicho programa habría tenido expresiones obscenas y escenas procaces, indignas del recinto católico usado como escenografía. Yo pienso que Televisa (y su empresa compañera TVAzteca, curiosa mezcla de servil imitación y competencia comercial) es, en efecto, una empresa obscena e impúdica. Y creo que lo es, no sólo ni principalmente debido a la falda corta de Mariana Seoane o al torso desnudo de un profesor de yoga o a los chistes malos de sus remedos de cómicos, sino a asuntos de mucha mayor gravedad.

No les basta a los dos monstruos de la comunicación electrónica (Televisa y TVAzteca) inundarnos de programación de escaso contenido cultural –de esa que en Europa se conoce como “telebasura”– sino que han pretendido mantener un férreo dominio sobre la política de concesiones del espectro radio eléctrico por parte del Estado mexicano, que les permita seguir siendo las únicas empresas autorizadas en este campo de la comunicación. Sus intenciones quedaron expuestas a la luz pública cuando, a través de sus operadores políticos dentro de las cámaras legislativas federales, aprobaron una ley de radio y televisión tan restrictiva (¡por unanimidad en la cámara de diputados! para baldón eterno de todos los partidos políticos en ella representados), que cerraba el espacio a cualquier tipo de competencia y negaba a los pueblos indígenas su derecho a poseer y administrar medios de comunicación.

Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia la que, al final de un largo proceso de impugnación de dicha ley, terminara declarándola inconstitucional. No obstante, con toda impudicia, las televisoras han hecho todo lo posible para que los partidos políticos no aprueben una nueva ley. Y se rumora que, en este perverso cabildeo, siguen distribuyéndose muchos millones de pesos junto con amenazas.

La obscenidad de las televisoras puede constatarse en cualquier vertiente de su programación, aunque –he de reconocerlo– pueda ser más evidente en los programas llamados de “entretenimiento”. La frivolidad de sus contenidos llega a extremos insospechados. La pobreza (y manipulación) informativa de sus noticieros es proverbial. Hay un deplorable manejo de la figura de la mujer en cuanto objeto. Sus barras de opinión –salvo excepciones que confirman la regla– carecen de rigor crítico y presentan solamente la cara de la medalla que favorece la preservación del actual sistema económico y político.

Pero el grado mayor de impunidad e impudicia de las televisoras lo hemos constatado en relación con la reforma electoral. Las rabietas de las televisoras, debidas a la ingente cantidad de dinero que dejaron de percibir dada a la prohibición de la compra venta de espacios televisivos para las campañas políticas, nos darían risa si no fuera un asunto de tanta relevancia. Con impar cinismo se quejan ahora de la disposición legal de los tiempos públicos en la televisión como si “inundaran” de aburridos contenidos políticos la programación, fingiendo olvidar (no se crean que hemos perdido la memoria) que la cantidad de spots era mayor antes de la reforma electoral, sólo que entonces eran spots pagados, lo cual los convertía por arte de magia en «expresión democrática».

Y por si fuera poco –y esto tiene mucho qué ver con la verdadera obscenidad que representa la presencia del programa “Hoy” en Yucatán– las televisoras se jactan de violar la legislación vigente haciendo aparecer a políticos interesados en cultivar su imagen a costa del erario público, metiéndolos en noticieros y programas de espectáculos, como si fuera una acción casual o inocente. ¿O es que acaso creen las televisoras que el ciudadano y ciudadana de a pie no cae en la cuenta de que esos programas son idóneos escaparates de propaganda política, esa propaganda prohibida hoy por nuestras leyes? ¿Sabremos algún día cuánto invierte el gobierno del estado de México, de Veracruz o de Yucatán (y cómo justifican tales egresos) en ese rubro, para que se privilegien las “noticias” de las acciones gubernamentales de sus estados o se trasladen los programas de espectáculos a sus territorios geográficos? Junto a esta impudicia de las televisoras, la procacidad de sus cómicos y conductores es peccata minuta.

Colofón: ¡Ya viene Galeano! ¡Ya viene Galeano! Escucharlo será, sin duda, una experiencia enriquecedora.

Esta columna ha llevado siempre, desde que se publicaba en la prensa comercial escrita, el título de “iglesia y sociedad”. Escrita por un presbítero católico, la columna aborda con frecuencia textos bíblicos, pero lo hace en una perspectiva crítica, según las normas de la exégesis católica. No es que la lectura católica de la Biblia se distinga por un método científico particular, sino que simplemente reconoce que uno de los aspectos de los textos bíblicos es ser obra de autores humanos, que se han servido de sus propias capacidades de expresión y de medios que su tiempo y su medio social ponían a su disposición. Por eso la lectura católica de la Biblia usa todos los métodos y acercamientos científicos que permiten captar mejor el sentido de los textos en su contexto lingüístico, literario, socio-cultural, religioso e histórico, iluminándolos también por el estudio de sus fuentes y teniendo en cuenta la personalidad de cada autor.

Otro acercamiento a la Biblia es la lectura fundamentalista. Ésta parte del principio de que, siendo la Biblia Palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Por “interpretación literal” entiende una interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone, pues, al empleo de cualquier método científico para la interpretación de la Escritura.

El fundamentalismo exige una adhesión incondicionada a actitudes doctrinarias rígidas e impone, como fuente única de enseñanza sobre la vida cristiana y la salvación, una lectura de la Biblia que rehúsa todo cuestionamiento y toda investigación crítica. El problema de base de esta lectura fundamentalista es que, rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la Encarnación misma. El fundamentalismo rehuye la relación estrecha entre lo divino y lo humano en las relaciones con Dios. Rechaza admitir que la Palabra de Dios inspirada se ha expresado en lenguaje humano, y que ha sido escrita, bajo la inspiración divina, por autores humanos, cuyas capacidades y posibilidades eran limitadas. Por esto, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la Palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje y una fraseología condicionadas por tal o cual época. No concede ninguna atención a las formas literarias, y a los modos humanos de pensar presentes en los textos bíblicos, muchos de los cuales son el fruto de una elaboración que se ha extendido por largos períodos de tiempo, y lleva la marca de situaciones históricas bastante diversas.

Como si la Biblia hubiera sido escrita en castellano, quienes leen la Biblia en perspectiva fundamentalista tienen frecuentemente la tendencia a ignorar o negar los problemas que el texto bíblico presenta en la formulación hebrea, aramea o griega. Su lectura está frecuentemente ligada a una traducción determinada, antigua o moderna. Si hablamos de los evangelios, la lectura fundamentalista no tiene en cuenta el crecimiento de la tradición evangélica, sino que confunde ingenuamente el estado final de esta tradición (lo que los evangelistas han escrito) con el estado inicial (las acciones y las palabras de Jesús en la historia). Descuida por eso mismo un dato importante: el modo como las primeras comunidades cristianas han comprendido el impacto producido por Jesús de Nazaret y su mensaje.

La tendencia a una gran estrechez de puntos de vista propia del fundamentalismo se basa en una lectura no crítica de algunos textos de la Biblia y tiene muchas veces inclinación a confirmar ideas políticas y actitudes sociales marcadas por prejuicios, racistas o sexistas por ejemplo, que son completamente contrarias al Evangelio cristiano.

Es inquietante que, en los inicios del tercer milenio, la lectura fundamentalista esté encontrando tantos nuevos adeptos en grupos religiosos e iglesias cristianas, incluyendo la católica. Quizá esto esté motivado por el deseo de encontrar verdades seguras en medio de tanta confusión. Pero no hay que olvidar, ahora que estamos celebrando los doscientos años del nacimiento de Charles Darwin, el abismo infranqueable que la lectura fundamentalista abre entre religión y ciencia.

Como bien advierte el documento ‘La interpretación de la Biblia en la Iglesia’, publicado por la Pontificia Comisión Bíblica en 1993, “el acercamiento fundamentalista es peligroso, porque seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Puede engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones piadosas pero ilusorias, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento”.

En el carnaval muy pocos se disfrazan. Como en “La Fiesta”, aquella vieja canción de Serrat, las carnestolendas desnudan más que disfrazan. Desnudas quedaron las autoridades municipales y las empresas cerveceras. Desnudos los medios y su pobreza informativa. Pero en este carnaval 2009, el así llamado “Carnaval de película”, quien quedó verdaderamente en cueros fue la Secretaría de Seguridad Pública.

El 20 de febrero el joven Adrián Gorocica fue detenido por más de veinte elementos de la policía estatal alrededor de las once de la noche. ¿El delito cometido? Haber intercedido ante un policía a favor de otro joven que había lanzado una botella de plástico vacía al aire durante el festejo carnavalesco.

Adrián Gorocica se resistió pacíficamente al arresto sentándose con las piernas cruzadas, sujetándose de la malla ciclónica y preguntando a los policías el motivo de su detención. La respuesta fueron golpes, golpes por todas partes. Adrián fue pateado e insultado por más de una docena de policías, quienes lo tomaban del pelo y presionaban su cara contra la malla. Cuando los refuerzos llegaron lo esposaron y lo arrastraron, jalándolo de las esposas, hasta un puesto de policía cercano al lugar de los hechos. Cuando el comandante preguntó la razón de la detención, los policías respondieron: “Operativo Carnaval”. La orden del comandante fue perentoria: “llévenselo atrás y síganle con la verguiza”.

Neyif Cruz, Marlon Amaya y Eder Poot, tres amigos de Adrián que preguntaron a los uniformados el motivo de la detención, se quejaron por los golpes que continuaba recibiendo su compañero y protegían a la novia de Adrián que era empujada por los policías con la amenaza de detenerla, también fueron detenidos y arrojados a la cama de una camioneta antimotines, cayendo éstos últimos sobre Adrián, quien previamente había sido lanzado hacia la cama de la camioneta.

Ojalá todo hubiera parado ahí. Desafortunadamente, les faltaba recorrer todavía algunos círculos más de este infierno. En el trayecto al edificio conocido como “separos”, Adrián continuó recibiendo golpes y, tomado del pelo, fue aporreado en varias ocasiones contra el suelo de la camioneta. Apenas llegado al edificio, fue pateado en los testículos “para que se parase bien” y fue amenazado con que iba a ser acusado de estar intoxicado con marihuana o cocaína. Ya en el interior del edificio, Adrián fue separado de sus compañeros y llevado a un pasillo detrás de las celdas, donde le ordenaron quitarse los pantalones y los ‘boxers’ y lo obligaron a agacharse dos veces en cuclillas. Posteriormente fue golpeado fuertemente en el pecho tres veces mientras los policías continuaban insultándolo.

Conducido a una celda donde se hallaban hacinadas más de veinte personas, ni a Adrián ni a ninguno de sus compañeros se les permitió hacer la llamada telefónica que prevé la ley con el pretexto de que a esas horas “no tenemos líneas disponibles”. Más tarde, los detenidos supieron que no habían permitido que nadie entrase a visitarlos, lo que implica que los policías los mantuvieron en incomunicación. Sólo hasta las nueve de la mañana sus familiares consiguieron visitarlos, previa gestión de un visitador de la comisión estatal de derechos humanos. Fueron dejados en libertad alrededor de la una de la tarde, sin que pagaran fianza y sin haber sido informados del motivo de su detención.

Ignoro si los policías sabían, o fueron informados de ello en algún momento, que Adrián Gorocica, estudiante del cuarto semestre de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Mérida, ha participado activamente en el movimiento estudiantil en contra del alza de transporte público y en diversos actos promovidos por la Convención Nacional Democrática local. De haber tenido noticia de ello y haber utilizado la fuerza para dar un escarmiento a los jóvenes por su activismo social, la Secretaría de Seguridad Pública habría incurrido en una falta más.

El atropello, casi ausente en los medios de comunicación, desnudó también a la Codhey. Empleados de ese organismo autónomo se entrevistaron con los detenidos el 21 por la mañana, cuando éstos estaban aún en prisión. El domingo 22, una vez que habían sido liberados, los funcionarios acudieron a los domicilios de los jóvenes para que ratificasen su queja. Al menos hasta ese momento, la Codhey no contó con un médico que revisara a los detenidos, tal como lo señala el instrumento internacional de derechos humanos relativo a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, conocido como “Protocolo de Estambul”.

Los jóvenes han interpuesto su denuncia penal ante la agencia 5ª del Ministerio Público. El Procurador de Justicia es el responsable de que tal denuncia reciba el trato imparcial y expedito que amerita. Los servidores públicos responsables de estos atropellos deben ser sancionados de acuerdo con la gravedad de los hechos. Ya basta con que la salvaguarda de la seguridad y el orden público siga sirviendo de pretexto para que los policías violen las leyes y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de manera impune.

Colofón: El pasado sábado por la mañana, un programa radial que trata de comidas y recetas culinarias, dedicó su emisión a mi persona. El conductor se unió en su programa a la campaña difamatoria enderezada contra una institución educativa privada de larga trayectoria en la que he prestado servicios litúrgicos durante los últimos años. En medio de una lamentable pobreza de argumentos despuntó la sensatez del invitado Jorge H. Álvarez Rendón, cronista de la ciudad, que se enfocó en la libertad de pensamiento y expresión –tema crucial soslayado por el conductor émulo de Torquemada– trayendo a la mesa el recuerdo de personajes célebres sujetos a inquisitoriales persecuciones. Frente a los caseros intentos de linchamiento moral, la palabra del cronista Álvarez Rendón resultó un rayo de cordura en medio de la estulticia.