Iglesia y Sociedad

Justicia y perdón: ¿realidades irreconciliables?

7 Sep , 2008  

Entre la justicia y el perdón no ha habido siempre una relación tersa. En algunas ocasiones aparecen incluso como conceptos contradictorios. Por eso me inquieté al recibir una invitación para participar como conferencista en el Primer Encuentro de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ES.PE.RE) “Restaurando la dignidad”, que se llevó al cabo el pasado fin de semana 6 y 7 de septiembre, en la ciudad de Monterrey. El tema a tratar era, desde la óptica de los derechos humanos, cuál es la difícil relación entre estas dos realidades: la justicia y el perdón.

Después de conversar sobre dos elementos en los que decidí enmarcar la reflexión: una breve exposición del discurso de los derechos humanos y otra, igualmente breve, sobre la realidad de la violencia y la impunidad que nos rodea, intenté abordar el tema partiendo de la posición que los activistas de derechos humanos asumen frente a la pena de muerte y a las así llamadas “comisiones de la verdad”.

Si el discurso de los derechos humanos y la exposición sobre la violencia eran justificación suficiente para el imperativo de la justicia y explicaban muchas de las reticencias que, desde la perspectiva de los derechos humanos, se tienen en relación con la noción de perdón, me pareció conveniente abordar la discusión confrontando dos experiencias (la pena de muerte y las comisiones de la verdad) en las que se transparenta la difícil relación que se da entre la justicia y el perdón.

Como he tratado ya en varias ocasiones en esta misma columna el asunto de la pena de muerte, quisiera hoy conversar con ustedes acerca de lo que dije en Monterrey respecto de las comisiones de la verdad. Como bien expresa Esteban Cuya: “La mayoría de las sociedades latinoamericanas experimentaron en las últimas cuatro décadas permanentes situaciones de violencia y conflictos internos, a causa de graves condiciones de injusticia y desigualdad económica y social. Ante esto, las frágiles democracias latinoamericanas, siguiendo los mandatos de los estrategas instalados en Washington D.C., cedieron el poder a cúpulas militares portadoras de una vocación mesiánica. De esta forma, el fantasma de la dictadura militar se instaló con mucha facilidad en los Estados desunidos del Sur”. Una vez terminadas las dictaduras, surgió el debate sobre qué hacer con los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. ¿Cómo reconstruir las sociedades maltratadas, cómo restablecer la paz, cómo buscar la reconciliación nacional, sin dejar de lado la justicia?

Gracias al clamor de justicia de los familiares de las víctimas, así como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos, magistrados, políticos y activistas internacionales de solidaridad, se crearon en muchos de esos países las comisiones investigadoras de la verdad. Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. Su trabajo abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.

Hay quienes critican a las comisiones de la verdad. Y no me refiero solamente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, que tendrían razón en oponerse, sino a sectores de la sociedad que no fueron tocados por la violencia y a quienes les parece que escarbar, remover y hurgar en el pasado equivaldría a abrir nuevamente sus heridas. Pero, como bien afirmó Luis Pérez Aguirre, “Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas mínimas y básicas condiciones”.

Entender que hay la necesidad de un horizonte ético mínimo que nos permita, a las personas y las sociedades, sobrevivir a la tragedia de nuestro tiempo, y me refiero a algo tan simple como conservar claras las fronteras entre el bien y el mal, reconocer y aceptar que hay cosas que no están permitidas, establecer claramente que, en la persecución de objetivos no todo se vale y que los antiguos límites de la verdad, la justicia, la honestidad, la dignidad, el respeto, la libertad, –aunque la cruda economía nos dicte otros cánones– siguen siendo muros que mantienen a raya los monstruos que conducen a la barbarie, no nos dispensa de plantearnos el papel que el perdón puede jugar ante estas realidades.

Creo que es una gran aportación de las religiones afirmar la necesidad del perdón para humanizar (y divinizar, diríamos los creyentes) el ejercicio de la justicia. Es cierto: no hay que confundir perdón con impunidad. Entiendo que esta reflexión no resuelva del todo la aporía que aparece cuando se unen los conceptos de justicia y perdón, porque lo que aparece muy claro para la salud del individuo no siempre es tan claro para la salud social. En el caso del Estado ¿pueden identificarse las leyes de amnistía con un ejercicio social del perdón? ¿quién es el que debe pedir perdón? ¿debe hacerlo el estado? ¿y quién puede concederlo? ¿alguien más que las propias víctimas? En el nivel social ¿sirve de algo el perdón sin el arrepentimiento? Preguntas para las que hasta ahora no encuentro respuesta.

Dice el filósofo Jacques Derrida, y dice bien, que la justicia y el perdón son valores heterogéneos, o sea que pertenecen a niveles diferentes y no son inmediatamente equiparables. Dice bien porque la justicia es una virtud eminentemente social mientras el perdón tiene características marcadamente individuales. La justicia es un imperativo socialmente exigible, mientras que el perdón tiene mucho de oferta gratuita. La justicia es un imperativo racional, en coherencia con los equilibrios que el ser humano necesita para sobrevivir en pacífica convivencia con los demás. El perdón, en cambio, es irracional, en cuanto no necesita razones lógicas para entregarse. El acto de perdonar acontece ante algo imperdonable, por eso es absolutamente gratuito, pero precisamente también por eso es sanador.

En el intercambio fecundo entre el discurso de derechos humanos y las religiones cristianas, éstas últimas pueden ofrecer al discurso de los derechos humanos la posibilidad de un perdón reparador. Y la propuesta del perdón no supone soportar pasivamente las injusticias, sino asumir una actitud altamente activa: salir al encuentro del adversario, querer hacerlo hermano. El mejor servicio eclesial para nuestro mundo, atribulado por la violencia, es edificar comunidades en las que se viva a tope el sermón de la montaña. Y en el sermón de la montaña el perdón es un componente esencial del mensaje de Jesús.

Colofón: Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual A.C. interpuso en diciembre pasado una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) contra la organización Courage-Latino, que pretende “curar” la homosexualidad. Courage-Latino, sin cobardías, aceptó la mediación de la CONAPRED. Finalmente, la organización aceptó modificar su página de internet afirmando que la homosexualidad no es una enfermedad. También se comprometió a recibir un curso de sensibilización en materia de no discriminación y, en sus talleres y conferencias, a distribuir en forma impresa el texto del articulo 1 de la Constitución Federal y los artículos 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Iglesia y Sociedad

¿Qué está pasando en Dzityá?

1 Sep , 2008  

En solidaridad con Ernesto Cardenal

El pasado 27 de agosto un amplio grupo de artesanos y artesanas de la madera, de la comisaría de Dzityá, dirigieron una carta a diversas autoridades del orden federal y estatal para solicitar la liberación de la madera que le fue asegurada a los talleres “Artesanías Dzityá” y “Artesanías Rosario”.

Es sabido que la comunidad de Dzityá, pueblo maya que administrativamente pertenece al municipio de Mérida, se caracteriza desde hace muchas generaciones por el trabajo artesanal que desarrollan en piedra y madera. Sólo talleres en los que se trabaja la madera, hay más de 20 en la comunidad. La principal madera que tradicionalmente se trabaja es la del guayacán. Ochenta artesanos trabajan directamente la madera beneficiando a sus familias y a otras familias que realizan actividades relacionadas con el tallado de madera: mecánicos torneros, soldadores, herreros, etc. Tanto el ayuntamiento de Mérida como el gobierno del estado, conocen a los artesanos y artesanas de Dzityá y los han apoyado en distintos momentos.

Por eso extraña que el 15 de agosto, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se presentaran sin previo aviso y determinaran el aseguramiento precautorio de piezas de madera en los dos talleres ya mencionados. Debido a esta medida, varios talleres más han suspendido sus actividades por temor a posibles acciones de la PROFEPA, de manera que los artesanos y sus familias están siendo afectados directamente.

Desde hace más de cien años se trabaja la madera del guayacán en la comisaría de Dzityá. Esta es la primera vez que autoridades federales ambientales realizan una acción de esta naturaleza. Hace apenas unas semanas terminó la feria artesanal “Tunich”, que ser realiza año con año en la comisaría con apoyo del Ayuntamiento. ¿Acaso las autoridades no sabían que buena parte de las piezas que ahí se exhibían y vendían eran de madera de guayacán? ¿Es correcto que la primera acción que la PROFEPA tomó haya sido una medida coercitiva, como si los artesanos y artesanas fueran delincuentes en lugar de obreros?

Hay una contradicción legal en este tipo de medidas. Por una parte, son los artesanos los primeros interesados en el respeto al medio ambiente, puesto que su oficio, y por ende su forma de vida y sustento, dependen de determinadas maderas, principalmente del guayacán. Son, pues, los principales interesados en hacer compatible su trabajo con las medidas de protección ambiental determinadas por las autoridades competentes. En ellos les va su propio sustento y el de sus familias. Se hubiera esperado entonces que la PROFEPA, en cumplimiento de las leyes de Equilibrio Ecológico y de Desarrollo Forestal, se hubiera acomedido para ofrecer asesoría, capacitación y planeación para lograr una adecuada complementación entre la labor artesanal y la protección al medio ambiente.

La intervención coercitiva de la PROFEPA, en cambio, lo único que logra es afectar a los artesanos, mientras omite realizar lo que la ley le manda: “Lograr que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o poseedores, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas” (Ley General de Desarrollo Forestal sustentable artículo 30)

Una arista más del problema es necesario resaltar. Dzityá es una comunidad en la que la elaboración de artesanías de madera y piedra forma parte de sus tradiciones, usos y costumbres que, como pueblo maya, han ido conservando a lo largo de los años. Probablemente la PROFEPA lo ignore, pero como integrantes del pueblo maya los artesanos y artesanas de Dzityá tienen derechos que resultan violados con las acciones de dicha procuraduría. Tienen razón en reclamar los artesanos que ni la PROFEPA ni ninguna otra instancia de gobierno federal, estatal o municipal, haya tenido un acercamiento para asesorarlos y establecer conjuntamente convenios o instrumentos que permitieran a los artesanos realizar su trabajo de manera compatible con los criterios establecidos por las normas ambientales, es decir fomentar el desarrollo socioeconómico sustentable, violando así por acción y omisión el artículo 23 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma vigente y suprema en nuestro país al haber sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen competencias y responsabilidades compartidas tanto en materia ecológica como en materia de desarrollo social. Hacen bien los artesanos de Dzityá al señalar que no existe justificación alguna que impida a los tres ámbitos de gobierno trabajar conjuntamente para solucionar a la brevedad posible este problema que está lesionando sus derechos como comunidad maya, sus derechos económicos sociales y culturales, su derecho a contar con un nivel digno de vida y que, además, está afectando a la industria de artesanías del estado. Ojalá la respuesta de las autoridades a las exigencias de la comunidad de Dzityá no sea solamente para resolver lo inmediato, la liberación de la madera asegurada, sino para poner bases firmes que hagan compatible la actividad industrial de los artesanos mayas de Dzitya con la protección al medio ambiente.

Colofón: Son doce los cadáveres encontrados. Doce las tragedias familiares que se esconden detrás de cada uno de ellos. Uno de los cuerpos pertenece a un niño tizimileño de 16 años, seguramente usuario de drogas o pequeño vendedor, carne de cañón en una guerra que no conoce la piedad. Insisten en que todos tenemos que poner nuestra parte en la corrección de este desolador panorama. Es cierto, con tal que no olvidemos que pagamos el sueldo de algunos funcionarios, que tienen nombres y apellidos, y que no han cumplido con su tarea. La policía tendrá que comenzar a hacer bien el trabajo que le corresponde: combatir el crimen en vez de incentivarlo con la corrupción. Hasta ahora lo ha hecho muy mal.

Se me ocurre, sin embargo, que una de las tareas de la sociedad en su conjunto puede ser combatir el atractivo que despierta el dinero fácil. Pero hay que hacerlo no sólo con consejos verbales, sino con integridad. Una señora, que sospechaba que su hijo estaba metido en malos pasos porque tenía un ritmo de gastos que su sueldo de empleado no podría permitirle, prefirió callarse porque el hijo, a la primera llamada de atención, dobló la ayuda mensual que entregaba en la casa. No hubo más regaños. El muchacho está en la cárcel y la madre está hoy convencida de que ella fue, en cierta medida, cómplice de la desgracia de su hijo. Y eso vale para todos los niveles, incluso en el de los grandes empresarios…

Iglesia y Sociedad

Mi vida es puro cuento

25 Ago , 2008  

“¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad…” Subo el volumen de la radio mientras manejo hacia mi casa al terminar la jornada vespertina. Con un guión radiofónico de Héctor Manuel Vázquez González, resuena en las bocinas del automóvil la magistral narración de Juan Rulfo. Se trata del programa “Narraciones nocturnas”, en el que, lunes y viernes, el/la radioescucha de la estación del IMER, Yucatán F.M., en el 92.9 del cuadrante, puede deleitarse con cuentos de Rulfo, Poe, Ribeyro, Tolstoi, Quiroga…

Mientras escucho la lectura dramatizada del cuento “Diles que no me maten”, de Juan Rulfo, impecable en su manufactura radiofónica, me pregunto cuál será la razón de que las narraciones cortas me apasionen más, mucho más, que las medallas olímpicas. ¿Será que algo lleva uno en la sangre? ¿Cosas de la genética? ¿Por qué habrá personas para quienes las librerías son más peligrosas que las cantinas y los libros más adictivos que las metanfetaminas? ¿Por qué hay gente para quien un cuento puede ser más deslumbrante que un diamante de mil reflejos?

Hurgando en mis recuerdos para buscar el origen de mi deleite por la narrativa corta, me viene a la memoria un libro que me regalara mi abuela materna. Fechado en 1908, imagino que mi abuela lo recibiría de parte de algún enamorado, dado que ella tendría en ese entonces dieciocho años. De pastas forradas en tela roja, mi abuela me regaló el libro cuando yo tenía apenas ocho o nueve años. Deshojado en algunas de sus partes, tuve que coserlo de manera rústica, con la aguja e hilera que pude encontrar entre los trebejos de mi madre. Recuerdo las tardes que pasé sumergido en la lectura. Todavía puedo relatar oralmente algunos de los cuentos que más me impresionaron: La Ambiciosa, Luisito el Tonto, Juana la lista… Recientemente, mientras disfrutábamos del mar de Celestún, Carlita y David, hijo e hija de entrañables amigos míos que llegaron de visita, escucharon, entre ola y ola, mi largo e interrumpido relato de “Luisito el tonto” con los ojos bien abiertos por la curiosidad. Extraño el libro que me regalara mi abuela. A veces hasta lo sueño. No puedo recordar dónde quedó, si se perdió irremediablemente, o si fui yo mismo quien lo regaló a alguien, o si el día menos pensado aparecerá de la nada, con la pasta de tela humedecida, tan campante como en mis años de infancia…

“Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo…” La voz sigue su cadencia jalisciense en las bocinas del automóvil. La tensión narrativa es patrimonio de unos cuantos elegidos. Los grandes cuentistas son aquellos que te mantienen pegado al asiento, en la orilla de la silla y sin poder levantarte, debido a la dinámica propia del relato. Rulfo es en eso un maestro inigualable. Lenta, pausadamente, se desgrana a lo largo del cuento lo inevitable de la tragedia. De todos los cuentos del volumen “El llano en llamas”, es “Diles que no me maten” uno de mis preferidos, solamente detrás de esa muestra excelsa del realismo mágico más temprano, “Luvina”.

Decía bien Julio Cortázar cuando afirmaba que el cuento era como un viaje en bicicleta, que puede irse a veces rápido, a veces más lentamente, pero que lo único que no puede permitirse el autor es perder el equilibrio, porque el cuento se derrumba estrepitosamente. Cortázar, que cumpliría 94 años el martes próximo, cultivaba con paciencia esa destreza que convierte a los cuentos el prodigios de redondez. “Continuidad de los parques” es quizá la prueba compacta más admirable de cómo un cuento puede ser definido como el encuentro de la sorpresa a la vuelta de la esquina.

“¡Mírame, coronel! –pidió él–. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates…!” La magia rulfiana no proviene de lo insólito de los acontecimientos que narra, sino de su capacidad de elaborar literariamente un lenguaje popular en el que puede vislumbrarse el mundo mitológico que se esconde en el corazón de cada habitante del campo mexicano.

Cuentos mexicanos de pura cepa, así como los cuentos de Juan Rulfo, aquéllos de Edmundo Valadés, el mayor y más empecinado promotor del cuento como género en América Latina y aficionado como pocos a la microficción. Recuerdo todavía con nostalgia la revista “El Cuento”, fundada en 1964 y de la que Valadés fue director hasta su muerte en 1994. ¿Cómo olvidar la impresión que me causó la lectura de “La muerte tiene permiso”, quizá uno de los cuentos más logrados en toda la cuentística mexicana del siglo XX, cuando, frisando los trece años, alguien lo hizo llegar a mis manos y lo devoré con fruición para guardarle, ya desde aquel tiempo, una devoción casi religiosa?

Después de más de diez minutos de haber llegado a mi casa y haber estacionado, permanezco aún en el automóvil sin poder bajar. Temo que me juzguen loco por quedarme tanto tiempo en el carro una vez que he apagado las luces, pero no quiero subir a mi cuarto sin haber escuchado la impactante frase final del cuento de Rulfo. La conversación de Juvencio con su padre ya ejecutado me estremece las entrañas: “Tu nuera y tus nietos te extrañarán –iba diciéndole–. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote, cuando te vean esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron”.

Tienen razón los que afirman que entre los mexicanos y la muerte hay una especie de enamoramiento, como si vivir y morir fueran sortilegios gemelos. Bajo del automóvil. Estoy listo para cumplir el próximo martes con mi personal tradición de leer un cuento de Cortázar en cada aniversario de su nacimiento y de su muerte. La frase final de Rulfo reverbera aún en mi cabeza. Ya puedo subir a dormir tranquilo.

Colofón: De nuevo, como tétrica cortina de humo, se aviva el debate público sobre la pena de muerte. Sigo creyendo que la pena de muerte es un signo del ocaso de la civilidad. Si de 100 delitos se resuelven solamente 3, el problema es, a todas luces, la impunidad y no la falta de gravedad en las penas. O lo que es lo mismo: con este tipo de policía, aunque se aprobara la cadena perpetua, difícilmente se encontraría a quien condenar.

Raúl Lugo Rodríguez

Iglesia y Sociedad

El Estado mexicano sometido a juicio internacional

18 Ago , 2008  

El caso es ya internacionalmente conocido: don Ricardo Ucán Seca está en la cárcel después de un proceso judicial en el que se violaron sus derechos humanos. Un informe recabado por el equipo de derechos humanos Indignación A.C. y consultable en su portal electrónico (www.indignacion.org.mx) exhibe con pelos y señales las violaciones cometidas contra el indígena maya y señala a las autoridades responsables con nombres y apellidos. Los tres poderes yucatecos han recibido admoniciones diversas en relación con este bochornoso caso: de parte de la comisión estatal de derechos humanos, de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, de Amnistía Internacional, del Relator de la ONU sobre pueblos indígenas… han recibido cientos de cartas exigiendo la libertad para don Ricardo, algunas venidas de lugares tan lejanos como Finlandia, Burundi o Alemania… todo ha sido inútil. Las autoridades, que como avestruces esconden la cabeza bajo la tierra, han desdeñado una y otra vez la oportunidad de restablecer la justicia, liberar a don Ricardo y sancionar a los funcionarios responsables.

Desde el año de 2004, una vez agotados todos los recursos mexicanos de jurisdicción interna con la denegación del recurso de amparo, don Ricardo, acompañado por el equipo Indignación A.C., presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano argumentando que, durante su proceso judicial, no recibió la defensa técnica a la que tenía derecho ni tuvo acceso a un intérprete que le permitiera defenderse y hacerse entender en su idioma.

Una vez presentada la denuncia, dio inicio el proceso de admisibilidad. En distintas ocasiones, de marzo de 2004 a septiembre de 2007, el Estado mexicano y los denunciantes tuvieron oportunidad de intercambiar respuestas y añadir lo que consideraran pertinente para dar más elementos a la CIDH que le permitieran tomar la decisión de admitir o no admitir el caso de don Ricardo. El plazo se ha cumplido y la CIDH, en comunicado del 24 de julio (puede verse en www.cidh.org.annualrep/2008sp/Mexico261-04.sp.htm) ha declarado como admitido el caso de presunta violación a los derechos de don Ricardo.

¿Qué significa que la CIDH haya admitido el caso de don Ricardo? Significa que el Estado mexicano, debido a la actuación de los funcionarios que participaron en el infame proceso judicial contra don Ricardo, será sometido a juicio internacional, y que los alegatos del gobierno de México desestimando las violaciones cometidas contra don Ricardo, no lograron convencer a la CIDH de que no haya habido violaciones a la Convención Americana.

Pero hay un detalle que no debe dejarse de lado. Los denunciantes argumentaron que el proceso judicial llevado contra don Ricardo había violado los artículos 8.2 y 25 de la Convención. El artículo 8.2 garantiza que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal…”

Y el artículo 25 establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Pero en su comunicado del pasado 24 de julio, la CIDH añade, por su propia iniciativa, la posible violación al artículo 24, que señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”, con lo que afirma que en el proceso al que fue sometido don Ricardo pudo haber habido violación al derecho a la no discriminación. Ya se sabe que don Ricardo es maya y que, serlo, es hasta el día de hoy una desventaja en los ámbitos jurídicos. Con esta añadidura, la CIDH ha demostrado haber comprendido una de las aristas más relevantes del caso de don Ricardo Ucán y, como muchos mexicanos y mexicanas podrían atestiguar, del caso de cientos de indígenas recluidos en nuestras cárceles después de juicios injustos y discriminatorios.

¿Quiénes son, pues, los sometidos a juicio? Es, claro, el Estado mexicano en su conjunto. Sólo que no hay que olvidar, so pena de alentar la impunidad, que el Estado mexicano operó en el caso de don Ricardo a través de funcionarios cuya actuación será detalladamente revisada por la CIDH: Blanca Isabel Segovia, quien fuera defensora de oficio de don Ricardo; José Teodoro Alonzo Lara, juez que procesó y sentenció a don Ricardo; los magistrados Ligia Cortés Ancona y Jorge Luis Losa, quienes fueron ponentes en la apelación contra el auto de formal prisión y contra la sentencia condenatoria de primera instancia respectivamente; Fernando Amorós Izaguirre, magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, ponente en el juicio de amparo negado a don Ricardo: los magistrados Mercedes Eugenia Pérez Fernández. Ángel Francisco Prieto Méndez, Ricardo Ávila Heredia y Mygdalia Rodríguez Arcovedo, que negaron el recurso de reconocimiento de inocencia a don Ricardo y, en última instancia, los tres últimos gobernadores, Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco, por no haber tomado ninguna medida para revertir las violaciones contra don Ricardo y contra muchos más indígenas mayas procesados y sentenciados sin que sus derechos como pueblo sean reconocidos. A estos responsables habría que añadir a los diputados y diputadas de las dos últimas legislaturas, que han congelado hasta el día de hoy la iniciativa de ley de indulto presentada ante el pleno, la cual permitiría a don Ricardo salir libre.

Son estos funcionarios los culpables de que el Estado Mexicano esté ahora sometido a juicio ante la CIDH. Sobre ellos cae la responsabilidad de los más de ocho años que don Ricardo lleva recluido en el penal de Tekax.

Colofón: En este caso no es solamente mi proverbial desinterés por los temas deportivos. Tampoco mi aversión al espíritu de competencia. No estoy siguiendo las olimpiadas de Pekín como protesta contra el gobierno del país anfitrión, flagrante violador de derechos humanos. Me avergüenza la hipocresía de quienes son capaces de alabar la potencialidad económica de China y se hacen a los ciegos ante la brutal represión que despliega su gobierno. No: con esta China no voy a las olimpiadas.

Raúl Lugo Rodríguez

Iglesia y Sociedad

La banalización de la violencia de género

10 Ago , 2008  

Desde los años setentas el movimiento feminista transformó la noción de patriarcado. De ser un término que servía para referirse al territorio y gobierno de un patriarca, persona que ejercía autoridad sobre una familia o una colectividad, pasó a identificar al orden social en el que los varones mantienen relaciones de dominación y opresión sobre las mujeres y sobre otros colectivos que no siguen el patrón machista (niños y niñas, jóvenes, personas homosexuales). Tal orden social está basado en el control social del cuerpo de la mujer, la concentración de todo el poder (político, económico, religioso) en manos de los varones, la apropiación del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y la imposición del heterosexismo como único modelo de relación sexual socialmente legitimado. El patriarcado ha tratado de justificarse, como todo prejuicio socialmente opresor, apelando a su origen “natural” o divino, cuando no es más que una construcción histórica y cultural que tiene necesidad de ser transformado para hacer surgir un nuevo modelo de relación más justo e igualitario entre las personas.

El patriarcado permea todos los campos de la vida y todo el conjunto social. Recientemente, por poner sólo un ejemplo, el titular del ejecutivo federal anunció en la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, que se ha distribuido “30 millones de preservativos masculinos y más de 100 mil femeninos”. Lo que Felipe Calderón no fue capaz de explicar son las razones de tal disparidad numérica, que hace parecer como más importante la salud de los varones que aquella de las mujeres. No se equivoca Lol Kin Castañeda Badillo cuando califica de misógina esta manera de priorizar la investigación y prevención en materia de enfermedades de transmisión sexual dirigiéndolas predominantemente al cuidado de la salud de los varones, mientras se deja al grueso de las mujeres al margen de dichas prioridades (“Misoginia y homofobia: ¿políticas de Estado?”, en el diario La Prensa, 08.08.2008)

Pero no hay quizá práctica que desnude más al patriarcado en su entraña perversa que la violencia de género, es decir, aquella violencia dirigida en contra de las mujeres y que abarca desde las palabras y gestos que cosifican a la mujer, hasta su expresión más radiucal y dolorosa: los feminicidios y los crímenes de odio. Por eso no deja uno de lamentar el tratamiento que los medios de comunicación social han dado a los recientes casos de feminicidios que se han dado en Yucatán. Faltos de todo profesionalismo, los medios han presentado los asesinatos de mujeres que han tenido lugar en los meses pasados como si fueran crímenes aislados, producto de mentes enfermas, de individuos sociópatas. Poner el énfasis informativo en las características del “asesino serial” invisibiliza el problema fundamental: la violencia de género que expone y revela, en grado superlativo, el feminicidio. Baste para comprobar esta afirmación el hecho de que el lector o radioescucha podría, con mínimo esfuerzo, recordar el nombre del asesino, pero seguramente tendrá que pedir ayuda para recordar los apelativos de las jóvenes asesinadas.

La violencia de género opera de tal manera en el inconsciente colectivo que la opinión pública termina sospechando siempre de la víctima: que si fue atacada porque vestía de tal o cual manera, que si imprudentemente se subió a un coche sin conocer al guiador, que si era de cascos ligeros, que si tomaba las cervezas, etc. Esta sospecha no solamente favorece la culpabilización de la víctima, sino que se constituye en un obstáculo para la consecución de la justicia, dado que los ministerios públicos y los juzgadores, así como los medios de comunicación, suelen compartirla. Véase si no, la afirmación, no por repetida menos estúpida, que suele encontrarse en algunos medios: “(el marido agresor) llegó a la residencia entre 3 y 4 de la tarde y sin motivo alguno golpeó a su esposa…”, afirmación que hace suponer que el que escribe piensa que hay ocasiones en que el agresor podría tener motivos válidos para golpear.

Pero si el tratamiento descontextualizado de los feminicidios en los medios de comunicación indigna y se convierte en un obstáculo para que nuestro derecho a la información se vea garantizado, es todavía más grave el hecho de que no haya medidas estructurales tomadas por el Estado para desmantelar el sistema patriarcal y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Como en el caso de los secuestros, frente a los feminicidios la respuesta del Estado tiende a privilegiar medidas simplemente coyunturales, como el anuncio de aumento de penas para los delincuentes.

Hablar de cadenas perpetuas y de pena de muerte puede ser redituable en el campo político, porque se monta en la ola de indignación que sacude a la sociedad, pero no aporta gran cosa para identificar las causas de los delitos ni ofrece garantías para su disminución. Los feminicidios, los sucedidos en Yucatán y en cualquier parte del mundo, son el resultado de “prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres… todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”, como bien define Marcela Lagarde. Solicitar solamente aumento de penas para los delincuentes es desestimar las causas estructurales de las que derivan este tipo de delitos. O lo que es lo mismo: se trata de proponer cosas que lo único que consiguen es que nada cambie y todo siga igual.

La agresión contra una mujer no es nunca, pues, un hecho aislado porque se ejerce siempre en un marco en que el agresor utiliza el maltrato físico y psicológico para anular y dominar a otro ser humano. El fin último de la violencia de género es la posesión por sometimiento, lo que queda clarísimo en los asesinatos recientemente cometidos contra mujeres en Yucatán. Los asesinatos cometidos contra mujeres están siempre precedidos por una historia de violencia en la que se enmarcan. No reconocerlo, termina banalizando –muy convenientemente para los defensores del patriarcado– los feminicidios.

Y que no vengan a argumentar que también hay violencia de las mujeres hacia los hombres. Tal afirmación desvía la atención y no ayuda a comprender el problema de fondo. Como bien señala Josebe Egia, “Ante algunas voces que pretenden que también existe la violencia a la inversa, se puede mantener que eso es una falacia. No existe la violencia hacia el hombre como problema social. Lo que se dan son casos individuales de mujeres que agreden a hombres y deben ser hechos punibles, por supuesto, pero, de ninguna manera es un patrón que se equipare con el grave problema social de la violencia de género, de dimensiones cuantificables tan altas, que retrata culturalmente nuestro déficit en algo que está en la raíz de toda la imposición totalitaria que involucra a la violencia, esto es, la igualdad”.

Raúl Lugo Rodríguez

Iglesia y Sociedad

De panes, peces… y petróleo

4 Ago , 2008  

Ayer domingo se leyó en todas las iglesias católicas el evangelio que narra la multiplicación de los panes según la versión del evangelista san Mateo (Mt 14,13-21). Contado en los cuatro evangelios, este relato siempre me ha estremecido (y supongo que a Silvio Rodríguez también, ya que siendo poco afecto a las imágenes bíblicas en sus textos, hace referencia a ésta en su también estremecedora canción “El necio”). Aunque la multiplicación de los panes ha sido siempre, ya desde los primeros siglos de la iglesia, leída en contexto eucarístico, no pueden pasarse por alto, sin graves consecuencias, algunos datos redaccionales que muestran líneas fundamentales de la intención del Jesús histórico.

A las puertas de la edición yucateca de la Consulta Nacional sobre la iniciativa presentada por el ejecutivo federal en materia de reforma energética, a realizarse en nuestro estado el próximo 10 de agosto, quisiera hoy hacer alusión a dos de estos datos textuales y aplicarlos a la iluminación de este ejercicio ciudadano.

Lo primero que resalta en el texto es que la escena está enmarcada en una actitud fundamental de Jesús: la compasión. Así lo señala el texto: “Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos…”. Al origen de toda la actuación de Jesús parece estar esta actitud. Como bien señala José Antonio Pagola, “Jesús no vive de espaldas a la gente, encerrado en sus ocupaciones religiosas, e indiferente al dolor de aquel pueblo. Su experiencia de Dios le hace vivir aliviando el sufrimiento y saciando el hambre de aquellas pobres gentes. Así ha de vivir la Iglesia que quiera hacer presente a Jesús en el mundo de hoy”.

En nuestro país, y en casi todo el mundo, se ha impuesto un modelo económico que da las espaldas a las necesidades de una gran parte de la población. Se trata de un mundo en el que sobreviven los más fuertes, los más astutos, entendida esta astucia como la capacidad de hacer cualquier cosa para conservar estatus y comodidades. Una posición parecida parecen representar los apóstoles en el texto al que nos referimos, que ante el incansable trabajo de Jesús para curar enfermedades y dolencias de la gente que se acercaba, sólo encuentran como sugerencia la de despedir a la gente para que vayan al pueblo y se compren comida.

La compra y la venta de pan, la ley de la oferta y la demanda, parece ser la perspectiva desde la cual hablan los discípulos. En lugar de hacer como Jesús, a quien no le importa el paso de las horas con tal de aliviar el sufrimiento de los débiles, los discípulos pretenden abandonarlos a las prácticas económicas dominantes. Le sugieren a Jesús que despida a la gente para que vayan a comprar comida… ¿qué harán los que no tienen dinero para comprarla? Eso no interesa a estos discípulos que parecen no haber aprendido nada de su Maestro.

Pero Jesús responde con una orden lapidaria que no acabamos todavía de entender a cabalidad: “Dénles ustedes de comer”. La lógica de Jesús es bien otra de la que manejan sus discípulos. A la compra y venta Jesús opone la obligación de pensar en los demás, de compartir, porque el Dios en el que Jesús cree quiere que todos tengan pan, incluso aquellos que no pueden comprarlo.

Por eso, y éste es el segundo dato redaccional al que quiero referirme, cuando los discípulos, llenos de escepticismo, le replican a Jesús que lo único que han encontrado son cinco panes y dos peces, Jesús confirma que eso es suficiente, porque el problema no está sólo ni principalmente en la cantidad de recursos, sino en la actitud de compartir en lugar de acumular. En la alternativa de Jesús, una sociedad auténticamente humana (eso que él anunciaba bajo la enigmática fórmula de “Reinado de Dios”) es aquella en la que los bienes se comparten, de manera que los recursos sean suficientes para todos.

Este próximo domingo 10 de agosto tendremos la oportunidad de participar en la consulta nacional sobre el destino de nuestros hidrocarburos. Sabemos ya, por dolorosas experiencias, que las privatizaciones que en México se han dado han resultado desastrosas porque han sido fuente de corrupción y tráfico de influencias que han dañado a toda la sociedad mexicana. Ahí están como ejemplos la banca, las carreteras, la telefonía y el ejido. La alianza de los gobiernos privatizadores con los grandes empresarios que de dichas privatizaciones se benefician, han establecido políticas públicas que mantienen en la pobreza y exclusión a miles de mexicanos y enriquecen a unos pocos empresarios y funcionarios.

Yo estoy convencido de la necesidad de reformar el marco jurídico de PEMEX, pero creo que hay que hacerlo en sentido bien distinto del que propone la administración de Felipe Calderón. Que los hidrocarburos, antes de su inevitable extinción, se conserven como propiedad de todos los mexicanos y mexicanas y las ganancias que de su comercialización se derivan se usen para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a todas y todos alimentación, salud, vivienda y educación, pienso que es el rumbo correcto para cualquier reforma en la materia. Me parece que así estaríamos cumpliendo, al menos en parte, la orden de Jesús: dénles ustedes de comer, orden tanto más relevante cuanto que la escuchamos desde un estado en el que el índice de desnutrición permanece entre los más elevados de la república, no obstante la alternancia de partidos en el poder. Y no me parece que el proyecto calderonista tenga ese rumbo. Por eso creo que es hora de que, por encima de filias y fobias partidistas, todos acudamos a expresar nuestra opinión en la consulta nacional del próximo domingo 10 de agosto.

Colofón: Hay manifiestos ante los cuales daría yo cualquier cosa por ser “abajo firmante”. El publicado a propósito de la reciente aprobación de la ley de migración en el parlamento europeo es uno de ellos. Así que, abusando de la paciencia de los lectores y lectoras, lo reproduzco en este colofón:

Señores gobernantes y parlamentarios europeos: Algunos de nuestros antepasados, pocos, muchos o todos, vinieron de Europa. El mundo entero recibió con generosidad a los trabajadores de la Europa migrante.

Ahora, una nueva ley europea, dictada por la naciente crisis económica, castiga como crimen la libre circulación de las personas, que es un derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años.

Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos expiatorios de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja al tarro de la basura. Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame.

La amnesia, nada inocente, impide que Europa recuerde que no sería Europa sin la mano de obra barata venida de afuera y sin los servicios que el mundo entero le ha prestado: Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de los hijos del África, por poner sólo un par de ejemplos de esos olvidos.

Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de consagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores que a su suelo llegan corridos por el hambre y las guerras que los amos del mundo les regalan.

Desde el continente americano, julio de 2008

Raúl Lugo Rodríguez

Iglesia y Sociedad

Mini Nuhuma: ejemplo de tenacidad

27 Jul , 2008  

El entero municipio de Metlatónoc, Guerrero, contaba, para el año 2000, con cerca de 30 mil habitantes. Está clasificado por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el municipio más pobre y de mayor marginación en el país. Dentro de este pequeño municipio se encuentra la comunidad Mini Nuhuma, de tan solo 321 habitantes, mayoritariamente monolingües. Para quienes piensan que las cosas interesantes en nuestro país ocurren solamente en los grandes centros de poder político y económico va esta historia llena de coraje.

En Mini Nuhuma no hay red de agua potable ni drenaje; tampoco hay servicio público de transporte. Con casas de adobe y piso de tierra y con un porcentaje de analfabetismo cercano al 80 por ciento, las familias de Mini Nuhuma viven de la siembra y cosecha de maíz. En 2003 la comunidad se organizó para solicitar un centro de salud, la asignación de un médico y una dotación de medicinas. La Secretaría de Salud no hizo caso, despreciando así el esfuerzo que los habitantes hacían cada vez que alguien se enfermaba para cargar con su enfermo hasta la cabecera del municipio, situado a una hora y media de camino a pie. En una respuesta que se acerca a la burla, la dependencia estatal dijo que no podía enviar a un médico dado que no había ningún inmueble donde el doctor pudiera ofrecer consultas.

Así que en 2005 la comunidad de Mini Nuhuma terminó la construcción de una casa de salud, de adobe y piso de tierra como todas sus viviendas. Avisaron entonces a la Secretaría, pero el personal médico nunca llegó, sino únicamente un técnico en asistencia primaria a la salud que visitaba la comunidad cada tres meses llevando algunas medicinas. Ese año fallecieron los hermanos Fidel y Ofelia, de 9 y 7 años. La causa: diarrea; sí, señoras y señores, en la primera década del siglo XXI, hay gente en México que sigue muriéndose de diarrea. ¿Cómo no decir, ahora que no tengo censor a la mano, que éste es un país de mierda?

La comunidad no se arredró: en 2006 reiteraron su solicitud, sólo para recibir como respuesta que no había personal disponible para satisfacerla. Ese año murieron Olivia y Silvestre, de 7 y 22 años, de la misma mortal enfermedad: diarrea. En 2007 las muertes aumentan: Leonidas, de 4 años, y Cayetano, de 54. Los familiares de las víctimas y las autoridades tradicionales del pueblo deciden no rendirse y exigir de manera aún más insistente el respeto a su derecho a la salud. Apoyados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, renuevan su exigencia, ahora dirigida al gobernador Torreblanca y al presidente de la república. El resultado llamaría a risa si no se tratase de algo tan grave: lo único que ocurrió fue que ya no se pararon por el pueblo ni siquiera el personal que llegaba para vacunar a los niños, ni los encargados de dar pláticas por parte del programa federal “Oportunidades”.

Dos meses y medio después de su última petición los habitantes de Mini Nuhuma recibieron respuesta del Secretario de Salud, Luis Barrera Ríos, en la que se les negaba oficialmente el servicio argumentando numerosas normas provenientes del Modelo Integrador de Atención a la Salud. La comunidad contaba ya con un testimonio escrito de la negación del servicio. Y lo usó bien: no solamente respondió con un recurso de inconformidad, sino que el 13 de agosto de 2007 interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero en contra del gobernador y el secretario de salud solicitando medidas cautelares por la violación a su derecho a la salud.

El 7 de septiembre, tres semanas después de la interposición de la queja, la Comisión de Derechos Humanos de ese estado otorgó las medidas cautelares y exhortó al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud de los habitantes de Mini Nuhuma y el 20 de junio de 2008 terminó por emitir la recomendación 16/2008 en la que reconoce la violación del derecho a la salud de las comunidades de Mini Nuhuma, Yuvinani, Los Llanos y Atzompa.

Ante la cerrazón del gobierno estatal, la comunidad, incansable y con una terquedad que raya en lo heroico, solicitó amparo ante la justicia federal el 9 de noviembre de 2007. Finalmente, el pasado 11 de julio, después de cinco años de lucha continua, la comunidad de Mini Nuhuma recibió una auténtica buena noticia: el juez séptimo de distrito radicado en Chilpancingo, Luis Almazán Barrera, concedió la protección de la justicia federal, mandando a las autoridades guerrerenses que cumplieran de manera inmediata con el respeto del derecho a la salud de los habitantes de Mini Nuhuma equipando adecuadamente la casa de salud construida con recursos propios de la comunidad, con mobiliario, servicios y medicamentos suficientes. Y para que no cupiera duda, el Juez señala expresamente que las autoridades no podrán poner como argumento para incumplir la “falta de presupuesto”, dado que este es un “motivo injustificable”.

Son varias las lecciones del hecho que hoy les comparto. En primer lugar, se demuestra que cuando las comunidades o pueblos se organizan y no cejan en su empeño, pueden lograr el respeto a sus derechos a través de mecanismos jurisdiccionales ya existentes. Otra buena noticia es que existen jueces que, más allá de pretextos presupuestales, comprenden que el Estado ha de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas; ojalá tuviéramos más jueces de esos. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen que dejar de ser sólo un listado de buenas intenciones.

Así pues, quien diga que los cambios que de veras cuentan para rehacer la patria desde sus raíces ocurren solamente en los círculos del poder y del dinero se equivoca. Mini Nuhuma está allá, en la montaña de Guerrero, mostrando con su valiente testimonio que las políticas públicas de quienes nos desgobiernan solamente son una burda cobertura del trato discriminatorio al que están sujetas las comunidades indígenas y que la situación de desigualdad en nuestro país no va a cambiar mientras sigamos pidiendo el respeto a nuestros derechos humanos como si fuera una caridad que no merecemos.

Raúl Lugo Rodríguez

Iglesia y Sociedad

La consulta sobre el petróleo

21 Jul , 2008  

El domingo 13 de abril fue publicada una reflexión firmada por dos obispos católicos y más de treinta organizaciones cristianas, la mayor parte de ellas asociadas a la iglesia católica. El tema era el inicio del debate público sobre la reforma del sector petrolero (que no energético, como quiere presentársele) del país. La motivación, la misma que ha movido siempre a personas y colectivos dentro de las iglesias cristianas: “Las y los cristianos consideramos que preocuparnos por la problemática social es una dimensión del único envío recibido de Jesucristo: evangelizar. Sin incidir en la transformación social, el Evangelio de Jesús se queda por los aires, no aterriza y se le inhibe la posibilidad de encarnar el Amor de Dios mediante obras verificables de caridad y justicia”.

El documento al que hago referencia (www.ecoportal.net/content/view/full/77895) fue publicado un día antes de que el gobierno de Felipe Calderón enviara al Senado la propuesta de reforma que ha estado debatiéndose desde entonces. Como sabemos, han desfilado en el Senado, en la UNAM y en otras instituciones, científicos, intelectuales, técnicos, etc., para ofrecer su opinión sobre esta polémica reforma.

Tema complejo, la reforma petrolera quiso ser abordada en sus inicios por el gobierno federal desde una perspectiva miope: el énfasis en el petróleo no explorado, el famoso “tesoro escondido” en las aguas profundas del golfo de México. Muy pronto se demostró que la explotación en aguas profundas no es el problema central del petróleo en México, sino el hecho de si contamos o no con una estrategia para el desarrollo y aprovechamiento de la industria petrolera nacional que contribuya al beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en este país, especialmente a aquellos que se encuentran en las fronteras de la pobreza.

No voy a repetir aquí los argumentos que a favor y en contra de la reforma calderonista se han expresado en diversos ámbitos públicos. Además de la costosa campaña que, en horarios estelares de las dos televisoras, nos receta noche y día la opinión del gobierno federal y de la bancada panista del Congreso de la Unión, uno puede encontrar con un poco de esfuerzo en los medios de comunicación, las opiniones discordantes, desde quienes matizan la propuesta calderonista, hasta quienes descubren en ella una clara intención privatizadora que contradice la letra y el espíritu de la Constitución.

Todo esto viene a cuento porque se está preparando en todo el país una consulta nacional en la que los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen podrán manifestar su opinión al respecto. Organizada por un Consejo Técnico en el que participan representantes del Frente Amplio Progresista y del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, y contando con la asesoría de Alianza Cívica, la consulta se realizará bajo la observación de Consejos Estatales que se conformarán en cada entidad federativa por algunas personalidades de reconocida probidad. Solamente en el DF y en Zacatecas la consulta estará organizada por sus respectivos institutos electorales.

La consulta se realizará el 27 de julio en el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Baja California Sur, Hidalgo y Veracruz. El 10 de agosto en los estados del sur y sureste el país, entre los que se cuenta Yucatán, y el 24 de agosto en los estados del norte y noroeste del país. La intención es que los resultados de la consulta puedan hacerse llegar a la Cámara de Senadores cuando inicie el próximo período de sesiones, en el mes de septiembre. Las preguntas de la consulta serán:

“Actualmente la explotación, transporte, distribución y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?”

“En general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”

Todavía tendremos que ser informados de los lugares en los que se colocarán las urnas para la consulta en nuestro estado. Sin embargo, desde el espíritu que mueve a los firmantes del documento que enuncié en las primeras líneas, quiero reflexionar en este espacio en las razones por las que yo estoy dispuesto a participar en ella. En primer lugar, porque me parece que la cuestión del petróleo es fundamental para el desarrollo del país y está, además, directamente ligada con la realización de la justicia y con la eliminación de la miseria. Es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de funcionarios públicos, los senadores, que muchas veces han dado muestras de que responden más a intereses privados y personales que a los del bienestar de la mayoría.

Participaré también porque, aunque el petróleo ha sido manejado de manera irresponsable a lo largo de los años, es una riqueza que considero que debe seguir siendo patrimonio de todos los mexicanos y mexicanas. Participaré porque me indigna el desprecio que se esconde tras las declaraciones que consideran al ciudadano de a pie como incapaz de opinar sobre estos temas.

Finalmente, creo que debe participarse en la consulta porque la democracia que tenemos ha mostrado, en los últimos años, graves limitaciones. Mientras no caminemos hacia la democracia participativa, la partidocracia seguirá usufructuando del cheque en blanco que les ofrecemos en cada elección. Y creo que la consulta sobre el petróleo es un ejercicio que va en este sentido y que puede arrojar resultados aleccionadores.

Apenas la semana pasada, un nutrido grupo de intelectuales de prestigio reconocido, han presentado las trece líneas rojas del proyecto calderonista (puede consultarse en la edición de La Jornada correspondiente al miércoles 16 de julio). Además de lo que escuchamos hasta la saciedad en Televisa y TV Azteca, valdría la pena conocer y tener en cuenta este punto de vista a la hora de participar en la consulta.

Iglesia y Sociedad

La guerra contra las radios comunitarias

14 Jul , 2008  

Hay varias guerras en curso dentro de nuestro país. Algunas de ellas llevan muertos en su haber. Una de ellas, a la que hoy quiero referirme, es la guerra entablada en contra de las radios comunitarias. Los atacantes son el gobierno federal y los empresarios de la radiodifusión comercial. Aunque no es cosa nueva –ya había habido señales desde 1995 con la suspensión temporal de Radio Huayacocotla– la guerra abierta se desencadenó desde la trinchera del gobierno federal en el sexenio pasado.

Ya Raúl Trejo Delabre denunció el 3 de junio de 2004, en pleno sexenio foxista, cómo el gobierno federal había desatado una “calculada y autoritaria política de liquidación” contra las radios comunitarias. Mencionaba en su editorial para el diario La Crónica, que en el año 2003 la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) invitaron a las estaciones que operaban sin autorización legal a que presentaran sus solicitudes de regularización. Tres estaciones que forman parte de la delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) entregaron sus expedientes: La Voladora, de Amecameca, Estado de México; Radio Calenda, de San Antonino en Oaxaca y Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora. La SCT negó la autorización ofreciendo como razón que estaban operando sin permiso, lo que, no sin cierta sorna, hizo exclamar a Trejo Delabre que esa era “precisamente la razón de que tales estaciones estuvieran solicitando su regularización legal”.

Lo que fueron anuncios tímidos se ha convertido, en el sexenio de Felipe Calderón, en una guerra abierta y desigual. Una buena parte de las radios comunitarias que funcionan en México operan en comunidades indígenas, por lo que esta guerra es solamente una faceta más de la política exterminadora de los últimos gobiernos con respecto a los pueblos originarios de nuestro país.

Cuando el año pasado se dio el debate público debido a la sorpresiva aprobación de la Ley Televisa, cuya inconstitucionalidad fue después declarada por la Suprema Corte de Justicia, Aleida Calleja, vicepresidenta de la AMARC señaló con acierto que “la falta de certeza jurídica, la discrecionalidad para obtener el permiso de funcionamiento y la violación del artículo segundo constitucional, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación, son algunas de las violaciones en que incurre la ley Televisa”. De manera que la alianza entre el poder y el dinero, el gobierno federal y los empresarios de la comunicación, quedó evidenciada.

La guerra contra las radios comunitarias se ha tornado especialmente violenta en los últimos meses. En el mes se abril fueron asesinadas en la región mixteca de Guerrero dos locutoras triques de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”: Teresa Bautista y Felícitas Martínez, de apenas 20 y 22 años y resultaron heridas tres personas adultas más y dos infantes de 3 y 2 años respectivamente. La radio opera en la población de san Juan Copala, a unos 50 kilómetros de donde ocurrió el atentado. En el lugar de los hechos se recogieron más de veinte casquillos de balas percutidos de calibre AK-47.

El 10 de junio, más de 100 elementos de la PFP, con armas de largo poder, asaltaron violentamente las instalaciones de Radio Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey. Sólo la defensa de unas 200 personas que se reunieron en el lugar del operativo logró impedir que llevaran detenido a Héctor Camero, el responsable de la estación. La razón esgrimida por las autoridades es que la radio no cuenta para su emisión con autorización oficial, aunque se cuidan muy bien de decir que los responsables de la radio habían solicitado dicho permiso oficial, mediante oficio recibido y sellado en noviembre de 2002 ante la oficina de la SCT en Monterrey, sin que hasta la fecha, ¡seis años después!, haya habido respuesta alguna por parte de las autoridades a quienes, como se ve, el artículo 8º constitucional les viene huango.

Finalmente, el ataque más reciente se ha llevado en contra de la radiodifusora “La Palabra del Agua”, que transmite desde el municipio autónomo de Xochistlahuaca, en la costa chica de Guerrero. La radio “La Palabra del Agua” ha debido dejar de transmitir después que 30 efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) irrumpieran violentamente en sus instalaciones el pasado 10 de julio y dañaran el equipo en un intento de desmantelar la radio que, desde 2004, ha dado voz al pueblo amuzgo. Solamente la acción de unos 300 indígenas que se reunieron pudo impedir la incautación del equipo. Esta radio había estado recibiendo presiones (sobrevuelos de helicópteros, visitas intimidatorias de funcionarios de la SCT, cortes de luz, vuelos rasantes de avionetas del ejército, etc.) desde el año de 2004.

Esta guerra es absolutamente desigual y, en ciertos aspectos, reveladora. Se trata de radios de corto alcance que las más de las veces transmiten en lenguas indígenas. El alcance, por poner solo un ejemplo, de la radio Tierra y Libertad de Monterrey es de ¡cuatro kilómetros! ¿Qué amenaza puede representar esto para el Estado o los grandes monopolios de la comunicación? Desde una mirada superficial, ninguna. Pero lo peligroso es, precisamente, la existencia de voces libres, fuera del control político y del mercado, por pequeñas e insignificantes que parezcan. Por eso es que en el arco de sólo un mes el gobierno calderonista ha orquestado, con la participación de la SCT como brazo legaloide y la PFP y la AFI como brazos armados, el ataque frontal contra dos radios comunitarias. La criminalización de la libertad de expresión y su mediatización a través de engorrosos trámites burocráticos es parte de una guerra que tiene como objetivo el exterminio de los pueblos indígenas y el silenciamiento de toda forma de disidencia.

La negativa del gobierno federal de reconocer y generar un marco normativo adecuado para la radiodifusión comunitaria de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la UNESCO y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela solamente el doble discurso del gobierno calderonista y lo profundamente antidemocrático que es todavía el Estado mexicano, aunque cacaree lo contrario dentro y fuera de nuestras fronteras

Colofón: La vertical, eficaz y oportuna actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con los acontecimientos de la discoteca “News Divine” no puede menos que despertar envidia, sobre todo ahora que nuestra defensoría local anda tan metida en problemas debido a su tibieza e incompetencia.

Iglesia y Sociedad

Una buena noticia desde Madrid

7 Jul , 2008  

Un nutrido grupo de presbíteros de la ciudad de Madrid, reunidos en el “Foro de curas madrileños”, acaba de publicar, el 21 de junio pasado, un documento amplio titulado “Pluralismo en la iglesia de Madrid”. Un documento por demás interesante porque retrata una serie de situaciones que no son privativas de esa ciudad de España, sino que se extienden a todo lo largo y ancho de la iglesia universal.

Los curas madrileños enfocan sus baterías en contra de la uniformidad, esa forma de “unidad” que pasa como aplanadora sobre las diversidades, parte de un concepto monolítico de verdad y hace a un lado el diálogo que la autoridad máxima de la iglesia católica, el Papa y los obispos de todo el mundo reunidos en concilio, nos había recomendado con urgencia hace más de cuarenta años cuando decía: “La Iglesia, para congregar a todas las personas de cualquier nación, raza o cultura que sean bajo un mismo Espíritu, se convierte en el signo de la fraternidad, que permite y consolida la sinceridad del diálogo. Pero eso exige, en primer lugar, que en la misma Iglesia promovamos la estima mutua, el respeto y la concordia, reconocidas todas las legítimas diversidades, para instituir un diálogo, cada vez más fructuoso, entre todos los que constituyen el único pueblo de Dios. Haya en lo necesario unidad, en lo dudoso libertad, y caridad en todo” (G.S. 92)

Parten los curas madrileños del retrato que de la iglesia nos ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles, una iglesia plural que afronta conflictos diversos. Ya desde sus inicios la iglesia encontró en los conflictos (sólo por mencionar algunos fijarse al leer el libro de los Hechos en los problemas entre las primeras comunidades y los saduceos, las sinagogas de la diáspora, el paganismo; fijarse también en el conflicto interno entre los autóctonos de habla aramea y los inmigrados procedentes de la diáspora, las imposiciones legalistas de los partidarios de la circuncisión, etc.) un signo de vitalidad y pluralismo y en el diálogo la vía para resolverlos. Nada más lejos del espíritu del Nuevo Testamento que la consideración de la iglesia como una uniformidad monolítica.

De ahí que para quienes suscriben este manifiesto “postular el pluralismo legítimo de interpretaciones de la fe cristiana y de la práctica pastoral no conduce a la ‘dictadura del relativismo’, es decir a sostener la incapacidad de acceder a la verdad o a la imposibilidad de presentar valoraciones morales válidas. Supone, eso sí, superar toda forma de fundamentalismo excluyente, vinculado a la pretensión de ‘poseer’ la totalidad de la verdad. Implica además, desde la apertura al Espíritu del Resucitado, la necesidad apremiante del diálogo enriquecedor, que es lo que demandamos en nuestra Iglesia”. Es la uniformidad, pues, y no el pluralismo lo que se opone a la acción del Espíritu y daña gravemente el testimonio de la iglesia.

Es cierto que la sociedad española está marcada irremediablemente por la pluralidad, no sólo por la transformación que la transición democrática ha operado en la sociedad ibérica, sino porque España se ha convertido en un cruce de caminos, lo que hace que su sociedad se enriquezca con personas procedentes prácticamente de todos los países del planeta. De ahí que los curas madrileños descubran que una iglesia situada en una sociedad laica, secular, plural y diversa en filosofías y concepciones religiosas, debe reconocer de hecho que el Estado sea aconfesional. “Por tanto, la Iglesia es una institución más que tiene su incidencia pública, su oferta que hacer gratuitamente, pero no ha de imponer su propia ética o concepción de la vida como la única forma de vida válida para todo el cuerpo social. El Estado ha de legislar teniendo en cuenta la pluralidad y diversidad de formas de vida y concepciones éticas que se dan en nuestra sociedad”, sostienen los curas.

Se lamentan los firmantes del manifiesto de que en la iglesia madrileña (y yo diría, en muchas de nuestras iglesias nacionales y diocesanas) “falten plataformas donde se pueda debatir abiertamente, con la libertad de los hijos de Dios, sobre tantos problemas que nos vemos obligados a afrontar en la reflexión teológica, en la práctica pastoral. Necesitamos espacios donde podamos oír y contrastar las diversas posturas que de hecho se dan en nuestra Iglesia. Necesitamos perder el miedo a experimentar, a equivocarse y corregir para ir encontrando caminos nuevos”.

Valiente, muy valiente el documento de estos presbíteros, sobre todo tomando en cuenta que el cardenal arzobispo de Madrid no es un modelo de apertura que digamos. Hay en el texto muchas y fundamentadas denuncias sobre varias situaciones: intentos de control de los centros de formación teológica, el veto de enseñanza a no pocos teólogos, excesiva uniformidad en la formación de los sacerdotes jóvenes, rigorismo litúrgico, etc. Sin embargo, el tono del manifiesto es altamente propositito, casi podría decir, entusiasta de la posibilidad de la construcción de una iglesia más plural y tolerante, más dialogante e inculturada. Un documento así, que valora como algo positivo e irreversible la pluralidad de nuestras sociedades y no la ve como amenaza o relativismo sino como riqueza y oportunidad para el crecimiento mutuo, es un documento cuya lectura hay que recomendar encarecidamente como lo que es: una buena noticia.

El documento completo puede ser consultado en http://eclesalia.blogia.com/2008/062601-nos-movemos.php

Raúl Lugo Rodríguez